La Cámara Federal porteña confirmó este lunes el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en una causa por violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yañez, lo que deja al ex mandatario en condiciones de ser enviado a juicio oral. La decisión fue adoptada por la Sala II del tribunal, con los votos de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, mientras que el camarista Roberto Boico votó en disidencia.
Fernández quedó procesado por los delitos de “lesiones leves y lesiones graves agravadas por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género y por amenazas coactivas”. Además, la Cámara confirmó un embargo de 10 millones de pesos sobre los bienes del ex presidente y rechazó los planteos de nulidad formulados por su defensa.
En una resolución de 82 páginas, el juez Irurzun sostuvo que “es probable que los delitos se hayan cometido del modo en que fueron descriptos por las partes acusadoras”. Destacó también que los hechos ocurrieron en “un ámbito muy especial, como es la Quinta Presidencial de Olivos, fuertemente custodiado por funcionarios federales bajo el mando de Fernández”.
Según Irurzun, la investigación logró establecer que Yañez “tuvo que practicar una suerte de reclusión en un espacio para huéspedes de la residencia” y que atravesó un “alto grado de aislamiento”, situación que fue confirmada por declaraciones de familiares cercanas a la víctima. “Valorar en su justa dimensión este contexto es fundamental”, subrayó el magistrado.
La Cámara señaló que la víctima “estaba en una situación de desigualdad de poder, tanto al interior como al exterior de la pareja, con relación a su victimario”. En este sentido, se consideró que sus acciones deben interpretarse como un pedido de auxilio ante una situación persistente de violencia. “Por imperio del sentido común más básico, es razonable presumir que, en ese momento, no guió a sus acciones otra finalidad que pedir algún modo de ayuda”, argumentó Irurzun.
La decisión confirmó el procesamiento que había dictado el juez federal Julián Ercolini con intervención del fiscal Ramiro González.
En disidencia, el juez Roberto Boico se inclinó por dictar la falta de mérito, al considerar que la investigación debía profundizarse antes de resolver la situación procesal del ex mandatario. (Agencia OPI Santa Cruz)