Por: Hernán Cappiello
Según publica La Nación En un ambiente de máxima tensión con la Corte, el Gobierno no concurrirá hoy a la reunión a la que lo invitó el presidente del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz para analizar las dificultades y demoras en los juicios por delitos de lesa humanidad.
En un comunicado oficial en el que reproducen una carta que le enviaron a Rosenkrantz, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, dijeron que la reunión es “oportunista” y que la Corte “retrocedió” en materia de derechos humanos. Los funcionarios “declinaron” la invitación la reunión de la Comisión para la Coordinación y Agilización de las Causas por Delitos de Lesa Humanidad (“Comisión Interpoderes”), convocada para esta mañana a las 11.
El desaire al presidente de la Corte se dio luego de que Rosenkrantz impulsara un fallo para resolver el per saltum que habían presentado los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Esa decisión motivó que el presidente Alberto Fernández criticara a la Corte y que le kirchnerismo pidiera el juicio político de Rosenkrantz.
El texto de la carta señala que “no están dadas las condiciones” para que la Comisión interpoderes “pueda funcionar de modo adecuado”. La Comisión Interpoderes fue creada en 2008 y desde que se reunió en 2010 por primera vez “al menos hasta 2013”, el Gobierno “colaboró activamente para articular las medidas que estuvieran a disposición del Poder Ejecutivo que permitieran agilizar la marcha de estos juicios”.
“Sin embargo, a partir de la última reunión realizada -el 23 de septiembre de 2016-, el desempeño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta materia ha sido de enorme retroceso”.
Los funcionarios dijeron que “la repentina convocatoria” por parte de la Presidencia de la Corte, “tras varios meses de insistencia de los organismos de derechos humanos, “no deja de resultar oportunista”.
Los funcionarios dijeron que las causas por violaciones a los derechos humanos atraviesan “un período de notorio estancamiento” que se ve agravado por el coronavirus. “El letargo en el que se encuentran sumergidas estas causas -muchas de ellas pendientes de un fallo de la Corte Suprema hace varios años- implica necesariamente la consolidación de la “impunidad biológica”. Esto quiere decir que “los responsables de estos aberrantes delitos mueren sin condena” y las víctimas y familiares también fallecen sin justicia
Por eso Losardo y Piegragalla reclamaron de la Corte una respuesta “categórica” y sostuvieron que una verdadera política de Estado no se puede basar en convocatorias oportunistas; sino en un desempeño coherente, que incluya por parte del Alto Tribunal medidas institucionales sostenibles y fallos rápidos y respetuosos de los compromisos internacionales de derechos humanos”.
“El proceso de memoria, verdad y justicia necesita una Corte Suprema realmente comprometida”, le reprocharon y le pidieron que cuanto antes dicte sentencia en las causas de la “Masacre de Trelew”; la de la “Masacre de Capilla del Rosario” la de “Feced II” o en el caso de “La Noche del Apagón”, en la que debe determinar la situación procesal de Carlos Pedro Tadeo Blaquier (de más de 90 años) y Alberto Enrique Lemos, ambos directivos de la empresa Ledesma.
“El mensaje de la Corte Suprema debería ser contundente, de modo de alcanzar a ser oído por todos aquellos juzgados y tribunales del país”. Los funcionarios dijeron que a pesar de su ausencia en la reunión, mantienen un “absoluto compromiso para seguir trabajando de manera mancomunada, junto al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal, al Ministerio Público de la Defensa, al Consejo de la Magistratura, y junto a los organismos de derechos humanos, para cumplir con el deber inexcusable que recae en el Estado en su conjunto”.
Además del Gobierno, están invitado esta mañana la presidenta de Abuelas de Plaza Mayo, Estela Carlotto, todos los organismos de derechos humanos, mayoritariamente afines la kirchnerismo, la agrupación H.I.J.O.S y el CELS, que dirige el periodista Horacio Vertbisky.
Los invitados son las Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), que orienta Nora Cortiñas, Las Abuelas de Plaza de Mayo, la Organización de Familiares y Detenidos por Razones Políticas, la Liga y la Asociación por los Derechos del Hombre, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Agrupación Hijos y la Comisión de Derechos Humanos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.
Están convocados además el procurador interino Eduardo Casal; la defensora oficial Stella Maris Martínez; el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones; además de directivos del Programa Verdad y Justicia, el Observatorio de Derechos Humanos del Senado, la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, la Unidad de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura y la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. También serán parte del encuentro tres jueces de la Cámara Federal de Casación: su presidenta Angela Ledesma y los jueces Alejandro Slokar y Gustavo Hornos, además de la Junta de Tribunales Orales. (La Nación)
