Según publica Clarín Lo exigió el fiscal Guillermo Marijuan y solo podrá hacerlo con previo aviso a la Justicia. Temen que se firme una prórroga por los retrasos en la llegada de dosis.
Por: Lucía Salinas
En el marco de la causa donde se investigan supuestas irregularidades en el contrato por la compra de 22,4 millones de vacunas a AstraZeneca, el fiscal federal Guillermo Marijuan intimó a la ministra de Salud, Carla Vizzoti, para que no se realice ninguna modificación en el contrato con el laboratorio ante los retrasos expuestos en la entrega de dosis, sin previo aviso a la fiscalía que lleva el caso.
Fuentes judiciales señalaron que podría firmarse una prórroga “que no correspondería, porque se debería aplicar una multa por los plazos incumplidos”.
Mientras crece el escándalo por las negociaciones fallidas entre el Gobierno y Pfizer para la provisión de 14 millones de vacunas, la Justicia investiga un contrato que sí se llegó a firmar y que además, está siendo analizado por la Auditoría General de la Nación (AGN). Se trata del acuerdo con Astrazeneca y que por los retrasos en la entrega de dosis es investigado en Comodoro Py.
A Astrazeneca se le requirieron un total de 22.429.842 de dosis. A la fecha la Argentina ha abonado el 55,68% del total del contrato aunque. El mismo se trata de “un contrato de pago anticipado”, explicó el jefe de Gabinete Santiago Cafiero cuando fue citado a declaración testimonial por Marijuan en el mismo expediente.
Bajo la firma de ese acuerdo, según la información brindada por el jefe de ministros, nuestro país recibió la cantidad de 2.148.600 dosis. Esta entrega, sumada a una anterior de 843.600, totalizan al día de la fecha 2.992.200 dosis entregadas, apenas por encima del 10% de los pactado.
Si bien Cafiero sostuvo que “el período de inicio de cumplimiento para la entrega de vacunas se pactó para el primer semestre 2021, con lo cual las entregas registradas se encuentran dentro del periodo de cumplimiento previsto”, después habló sobre “la demora en las entregas de vacunas”, y que la misma “ha sido una situación constante para todos los productores (ya sea laboratorios privados o producción pública) y para todos los Estados adquirentes”.
Mientras la fiscalía busca desentrañar estos lazos y el motivo por el que se retrasaron las entregas acordadas de vacunas, envió una intimación a la ministra Vizzoti, para plantear que no se deben realizar modificaciones en el contrato con Astrazeneca “sin previo aviso a la justicia”.
Con el calendario llegando a la finalización de los plazos y sin la totalidad de las vacunas acordadas en el país, los investigadores temen que el Gobierno avance en la firma de una prórroga sobre los tiempos de entrega. “En realidad el Estado debería aplicar una multa por los incumplimientos”, explicaron fuentes judiciales a Clarín.
El 13 de abril de este año, se celebró en Casa de Gobierno una reunión donde estuvieron presentes los representantes de AstraZeneca, Carla Vizzotti y el jefe de Gabinete. Cafiero reconoció que el encuentro fue para solicitar “información sobre la entrega de vacunas, habiendo recibido la confirmación de una nueva demora en función de los resultados del control de calidad de los lotes formulados en Estados Unidos”.
Contó además que días después a ese encuentro, donde se habló sobre retrasos en la llegada de dosis, el presidente Alberto Fernández envió “un correo electrónico de fecha 18-04-2021 al señor Pascal Soriot de la firma AstraZeneca”.
La Justicia busca evitar un “mayor perjuicio para el Estado” en caso de conceder una prórroga a favor del laboratorio. La investigación busca determinar si el Estado pudo haber sido víctima de una negociación con AstraZeneca que no tuvo el resultado deseado. “Esto no quiere decir que luego pueda haber otros aspectos que deban ser analizados respecto del comportamiento de los funcionarios”, explicaron fuentes vinculadas a la investigación.
Este expediente comenzó con una denuncia contra Alberto Fernández, el ex ministro Ginés González García, su sucesora Vizzotti y otros dos funcionarios del ministerio de Salud, por supuesto abuso de autoridad, malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles con la función pública.
El caso cayó el manos del juez Julián Ercolini, quien derivó la investigación en el fiscal Marijuan.
El fiscal hasta ahora ordenó la presentación de información y documentos sobre el cuestionado contrato por parte del ministerio de Salud y también del laboratorio argentino mAbxience, del empresario farmacéutico Hugo Sigman.
El rol de Sigman está bajo la lupa, pues funcionó como nexo entre el Gobierno y AstraZeneca, a la que prestaría servicios en el marco de este contrato. Se analiza en consecuencia, el histórico vínculo de Sigman con el kirchnerismo -y con el ex ministro de Salud Ginés González García- y la presencia de la funcionaria Sonia Tarragona en las negociaciones quien trabajó para Sigman..
“Las negociaciones con el laboratorio Pfizer -que quedaron truncas- fueron delegadas por el ex ministro González García en Sonia Tarragona, una funcionaria que antes había trabajado para Hugo Sigman, vinculado a su vez a AstraZeneca. Es decir, un competidor directo, lo cual podría implicar una violación a la ley de Ética en la función pública”, dice la denuncia judicial firmada por Josefina de Elizalde, en representación del “espacio ciudadano apartidario” Acción Conjunta Republicana. (Clarín)
