Según publica Clarín Lo procesó el juez federal Sebastián Casanello, quien también ordenó que investiguen si Florencia Cocucci fue escuchada ilegalmente por la AFI en 2016.
Por: Virginia Messi
Embargado en 10 millones de pesos y procesado por liderar un organización criminal trasnacional dedicada a captar, trasladar, acoger y recibir mujeres mayores de edad de nacionalidad argentina y uruguaya con fines de explotación sexual. Así terminó el manager de modelos Leandro Santos (38) el año 2020.
Y en el 2021 las cosas no le están yendo mejor: apenas el jueves pasado el juez federal Sebastián Casanello lo procesó por amenazar de muerte a la modelo Florencia Cocucci (32). Santos quería atemorizar a Cocucci para evitar que ésta declarara -en la causa Nisman- que había conocido al fiscal en un boliche al cual Santos la había llevado para hacer “presencia”.
En su denuncia, radicada en 2016, Cocucci hizo un completo relato de cómo Santos comenzó a perseguirla, hostigarla y amenazarla luego de la muerte de Alberto Nisman. Ella era del entorno íntimo del fiscal, con quien había viajado a Cancún pocos meses antes de su fallecimiento, ocurrido el 18 de enero de 2015.
“Santos no quería que dijera que yo hacía presencia en boliches, que lo asocie a él con nada porque lo iba a complicar en una causa que el tenía por prostitución VIP”, declaró Cocucci.
Pese a las amenazas, ella dio detalles de cómo a las chicas de la agencia de Santos se les proponía “ciertos trabajos mas rentables, cenar con empresarios y gente de muy buen pasar económico con fines de cenar y, a posterior, intimar sexualmente con ellos”.
De acuerdo a su relato, Santos se quedaba con el 30% del pago. Cocucci siempre sostuvo que ella sólo hacía “presencias” en boliches y que en una de esas ocasiones, en el boliche Rosebar, conoció a Nisman, con quien viajó a Cancún para una producción fotográfica en septiembre de 2014.
“Pero muchas modelos que Santos tenía trabajando, tenían como el verdadero negocio la prostitución”, denunció la modelo y su relato se correspondió exactamente con los testimonios de una causa por explotación de la prostitución y trata que tramitaba en Uruguay y otra que estaba siendo investigada por el juez Casanello.
Cuando Cocucci declaró ante la Justicia -en la causa Nisman lo hizo en marzo de 2015-, “empezó su calvario”, de acuerdo a sus propias palabras. Santos se sintió traicionado y comenzó a amenazarla en persona y a través de llamados anónimos para que se retractara.
“Si no hacés lo que te digo, vas a aparecer como el fiscal o como la mujer que apareció muerta en el edificio del fiscal”, habría sido una de las amenazas más directas, que remite al un cuerpo calcinado de una mujer que apareció cerca del edificio de Nisman poco después de su muerte y cuya identidad aun es un misterio.
“Santos me decía que tenga cuidado, que al final no había cumplido con el pacto que él me había dicho -que consistía en que no lo nombre a él, que lo limpie-, que ya había cometido un error que era nombrarlo, que haga lo que sea pero que lo limpie (…), me decía que el conocía a mi familia, que sabía dónde vivía”, contó la modelo.
Amenazada y espiada
Sobre el final de su resolución de 51 páginas, el juez Sebastián Casanello aborda un tema extremadamente sensible que también tiene a Florencia Cocucci como víctima: las escuchas ilegales que ella habría sufrido por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el año 2016.
En un oficio remitido a la Justicia federal el 14 de julio pasado por la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación, se detalla cómo habría sido la maniobra armada bajo la figura de “pre causa”, una fórmula utilizada por los “servicios” para investigar pistas sin judicializarlas.
Dice el informe de la Bicameral: “Otro caso de espionaje ilegal, mediante el empleo de una pre causa, es el que afectó a la señorita María Florencia Cocucci, a quien se la vinculaba -por razón de intima amistad- con el fallecido fiscal federal Alberto Natalio Nisman. El pretexto para espiarla ilegalmente fue relacionarla con un grupo, denominado “YIHADISTA”, que -según el relato de la AFI- estaban planificando en la Triple Frontera (territorio paraguayo) un atentado terrorista, para fines de agosto del 2016”.
Según la AFI, un tal “Juan Carlos” había señalado ante la Policía Nacional de España “que la ciudadana argentina María Florencia Cocucci se relacionaba con dicho grupo terrorista”.
“Pero en ningún momento la AFI le advierte al juez que la señorita Coccuci era la amiga del fiscal Alberto Natalio Nisman; hecho que ni el juzgado ni el citado organismo podían desconocer”, subraya la comisión.
La cosa no termina ahí. Cuando los legisladores le pidieron a la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, información sobre los orígenes de la pre causa, ésta indicó “que no consta en los registros del organismo ningún tipo de información o cable proveniente del Reino de España o de la Policía Nacional de España vinculado con la hipótesis inicial de la pre causa ‘Legajo de Investigación conforme ley 25,520 s/atentado terrorista’”.
Es más, Caamaño agrega: “Nunca se pudo ubicar al presunto denunciante, del que nunca se supo su apellido. Nunca se avanzó sobre ninguna diligencia policial en España ni tampoco hubo nunca un pedido de cooperación ni comunicación por este tema entre Argentina y España, luego de las actuaciones iniciadas por la AFI el 5 de agosto de 2016”.
En otras palabras, todo parece indicar que los servicios de inteligencia del Estado espiaron ilegalmente a Cocucci usando una mentira como coartada.
Y no solo eso: todo ocurrió cuando ella empezó a denunciar públicamente en los medios de comunicación las amenazas y extorsiones que estaba sufriendo por parte de su ex manager, Leandro Santos, para que no lo mencionara en la causa Nisman como que presentaba chicas en el circuito de la noche.
“Me dijo que gente del más alto poder estaban enojados con él y tenía que tomar medidas concretas para limpiarse”, contó una aterrorizada Cocucci. (Clarín)
