07/06 – 16:30 – No es bueno que un gobierno vaya a pedirle a las empresas mineras que le ayuden a cubrir déficit financieros que debería tener resuelto en su presupuesto. Lo más lógico es que el Estado mantenga intactas las condiciones de controlar, exigir y sancionar a las operadoras que incumplan acuerdos y no transformarlas en socias de la emergencia económica. La forma más justa de crear recursos, es elevando las regalías y no pidiendo “favores” que le quitan transparencia a la relación entre empresas y Estado y genera compromisos que dejan a ese Estado más debilitado y si fuerza moral para exigir que la otra parte, cumpla las obligaciones asumidas. (Por: Rubén Lasagno)
Desde hace unos 15 días a esta parte en Santa Cruz se ha desatado un “operativo clamor” en contra de las mineras, por su “falta de compromiso social”. En este sentido la Ministro de Gobierno Paola Knoop se ha reunido con la Cámara Minera y ha salido desilusionada, por la aparente falta de cooperación que tienen las multinacionales ante la crisis por la que atraviesa la provincia.
Evidentemente la orden de pedirles a las empresas “más compromiso social”, viene digitado desde el gobierno nacional, de hecho, en Chubut, existe una movida política similar en este sentido y nuestra última publicación sobre el borrador que se está estudiando para la nueva Ley Minera de nuestros vecinos, así lo demuestra; precisamente en el Capítulo V se incluye la “Responsabilidad Social” y el comentario hace eje en la necesidad de lograr mayor compromiso por parte de las mineras. Particularmente en Santa Cruz, los Intendentes (aún aquellos que glorifican a las mineras por sus grandes aportes a las comunidades que dirigen) comenzaron a sumarse este “operativo clamor” para pedirles a las multinacionales que cuando les hablen con el corazón no le contesten con el bolsillo.
¿Es el camino del mendigo el que debe seguir el Estado, para extraer mayor beneficio de las obscenas ganancias que obtienen las mineras de nuestro subsuelo?; definitivamente no. Mejor que enrostrarle a las empresas la crisis financieras y pedirles que se solidaricen con una situación que ellas no han creado ni les importa qué, cómo y porqué existe, sería bueno que los legisladores a nivel nacional piensen en ajustar las regalías a porcentajes más reales y el gobierno nacional coparticipe a las provincias de forma más justa, advertidos de que la riqueza mineral no es renovable y su explotación impacta negativamente en la población y el territorio donde se asienta.
Este gobierno nacional que toma a su cargo acciones temerarias como nacionalizar YPF, hacer funcionar a pérdida Aerolíneas Argentinas y subsidiar a empresas que no invierten un peso en infraestructura e incumplen acuerdos, no debiera temblarle el pulso para elevar los montos de regalías, al menos, a los porcentajes que paga el petróleo y de allí, mediante un reparto equitativo y no concentrado de la caja, como acostumbra a hacer el kirchnerismo, bajar los recursos para que las provincias y cada uno de los municipios reciban lo que corresponda, en función a la afectación que tengan por la actividad minera.
Pedirle “responsabilidad social” a las multinacionales, para que se hagan cargo de contribuir a la salud, la educación y la cultura, es derivar una actividad puntualmente consagrada al Estado y desvirtuar el papel de contralor que debe asumir quien ofrece el recurso, con quien lo explota; es asumirse como “socio” a cambio de pequeñas dádivas y debilitar la posición de los organismos encargados de hacer cumplir los acuerdos, los contratos y penalizar las irregularidades; es promover un marco difuso en la relación empresa-estado que termina fagocitando a éste último a favor de las primeras.
Estos “arreglos” son poco transparentes y dejan lugar a dudas sobre la rigurosidad en las exigencias de explotación que impondrá un Estado que, para sobrevivir, debe recurrir a las multinacionales para que le ayuden a tapar el déficit en los aspectos mencionados. Concluyendo: este mecanismo que pretende implementar el gobierno, facilita la corrupción y no contribuye con el fin social que se intenta perseguir. (Agencia OPI Santa Cruz)