En una audiencia realizada en el Juzgado Civil y Comercial Federal N°3, las 41 empresas de medicina prepaga ofrecieron devolver a sus afiliados los importes cobrados en exceso en 12 cuotas mensuales, equivalente al 24% de la cuota de julio. La devolución se ajustaría según el índice de costos de la salud.
Las empresas también propusieron ajustar los precios de los planes de salud al 95% de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec del mes previo durante el tercer trimestre del año. A partir de octubre, las tarifas se liberarían según lo establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2024. Sin embargo, esta propuesta enfrenta oposición por parte de la Secretaría de Industria y Comercio y la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), lo que ha estancado las negociaciones.
Denuncias de Cartelización
Las prepagas, que están siendo investigadas por presunta cartelización, solicitaron que la investigación llevada a cabo por la Secretaría de Industria y Comercio a través de la Oficina de Defensa de la Competencia sea suspendida. Sin embargo, fuentes de la Secretaría de Industria y Comercio afirmaron que esto no es posible dentro del ámbito de una audiencia judicial, ya que los expedientes se tramitan en diferentes jurisdicciones. Para avanzar con esta propuesta, las empresas deberían presentar un compromiso dentro del expediente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, el cual debe ser evaluado por dicha Comisión y luego por el secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne.
El juez Juan Rafael Stinco había ordenado previamente que las empresas recalculen las cuotas siguiendo la variación del IPC con dos meses de retraso. Según este criterio, las cuotas de enero deben basarse en la inflación de noviembre, y así sucesivamente. Además, dispuso que en un plazo de cinco días, cada entidad presentara un plan concreto para la devolución de los montos cobrados en exceso.
La audiencia fue convocada a pedido de varias entidades prepagas, después de que el juez Stinco aprobara una medida cautelar solicitada por la Superintendencia contra 23 empresas acusadas de cartelización para aumentar las cuotas desde enero. Recientemente, se incorporaron otras 18 entidades a la causa, sumando un total de 41 empresas involucradas. Debido a las restricciones impuestas por la acusación de cartelización, las empresas presentaron diversas propuestas individualmente y luego se unificaron en una propuesta conjunta. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA
