La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) notificó este martes a la Universidad de Buenos Aires (UBA) que dará inicio a una auditoría en esa casa de estudios, en un proceso que implica el regreso de los controles por parte del organismo tras una década de ausencia. La SIGEN informó en un comunicado que, ante la falta de respuesta de la UBA a las notificaciones electrónicas enviadas previamente, decidió entregar la notificación en papel en la Rectoría de la UBA, “para evitar más dilaciones”.
La última auditoría de la SIGEN a la UBA tuvo lugar en 2013, cuando se decidió suspender estos controles sobre las universidades nacionales por considerarse que afectaban la autonomía universitaria. Sin embargo, un dictamen del actual Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, emitido el 15 de octubre pasado, revocó esa restricción y restituyó a la SIGEN la facultad de auditar las universidades. La medida se enmarca en el cambio de criterio iniciado durante el gobierno de Alberto Fernández, aunque en 2022 el entonces Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, se había pronunciado en contra de que la SIGEN auditara las universidades.
Miguel Bianco, titular de la SIGEN, explicó que el proceso de auditoría en la UBA comenzará con un relevamiento de los procedimientos internos de cada repartición, seguido de una revisión de los controles sobre el flujo de fondos. Por último, se analizará la documentación para evaluar el cumplimiento de los objetivos de la universidad, además de verificar posibles subcontrataciones.
La auditoría a la UBA, que se realiza por su volumen de presupuesto, incluirá la elaboración de un informe final que será discutido con las autoridades de la universidad antes de ser elevado a Presidencia, Jefatura de Gabinete, la Secretaría General de la Presidencia y el rector de la UBA. “Revisamos el destino, la aplicación, la documentación sustentadora, y evaluamos si los fondos se han destinado conforme a los objetivos planteados”, detalló Bianco. En caso de encontrar irregularidades, la SIGEN cotejará la información con las autoridades de la universidad y, de confirmarse las anomalías, el informe será derivado a la Oficina Anticorrupción y a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. (Agencia OPI Santa Cruz)