El gobierno español liderado por Pedro Sánchez aprobó una iniciativa para que los influencers con miles de seguidores en redes sociales estén obligados a publicar rectificaciones cuando difundan información falsa o inexacta que perjudique a particulares. La medida busca equiparar esta responsabilidad con la de los medios de comunicación, reforzando la transparencia y el derecho a la información en un contexto de proliferación de desinformación en el ámbito digital.
Esta propuesta actualiza la ley del derecho de rectificación vigente desde 1984, ampliándola a los llamados “usuarios de especial relevancia de plataformas online”. Según el ejecutivo, esta categoría incluye a quienes acumulen más de 100.000 seguidores en una red social o 200.000 en varias plataformas, un alcance que en algunos casos supera al de los medios tradicionales.
“Hay profesionales del bulo y la mentira que todos los días contaminan el debate público con falsedades. Esta reforma busca detener eso“, afirmó el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Además, la medida contempla agilizar los procedimientos judiciales en casos donde los influencers no acaten el derecho de rectificación, para garantizar resoluciones más rápidas y efectivas.
La iniciativa surgió tras un compromiso de Sánchez, quien en abril prometió “regenerar la democracia” tras los ataques que sufrió su esposa, Begoña Gómez, por campañas de desinformación en redes. La medida también responde a la creciente preocupación por el impacto de los influencers en la opinión pública, quienes a menudo publican contenidos sin someterlos a los estándares de verificación periodística.
Sin embargo, la propuesta generó críticas entre académicos y usuarios de redes sociales. La profesora de Derecho de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, Sabela Serrano, expresó que “equiparar a periodistas con influencers desvirtúa el derecho de rectificación“. Serrano advirtió que esta reforma podría diluir la distinción entre los profesionales de la información, capacitados para investigar y contrastar datos, y quienes crean contenido sin ese rigor.
La reforma legal forma parte de una estrategia integral del gobierno para combatir la desinformación y fortalecer los valores democráticos en la era digital, aunque su implementación plantea desafíos tanto para las plataformas tecnológicas como para los creadores de contenido. (Agencia OPI Santa Cruz)
