Los diputados lo hicieron: mataron definitivamente el proyecto del canon minero

11/07 – 12:30 – Las señales de que el oficialismo sigue tan fracturado como en el 2011, se advierte en cuestiones de estricto orden político, como es la presentación que hizo el Ejecutivo para gravar a las mineras de un canon por transferencia de derechos sobre los yacimientos. Diputados K y de La Cámpora, algunos plenamente identificados con intereses mineros, pusieron el grito en el cielo desde un principio. Actuaron corporativamente para impedir el gravamen y finalmente, luego de dos años sin tratamiento, al proyecto (que había nacido muerto) lo sepultaron. (Por: Rubén Lasagno)

El maquillaje con que el kirchnerismo trató de simular las heridas que dejó el 2011 entre Peralta y Cristina, se va descascarando y permite ver que las heridas no solo persisten, sino que amenazan con sangrar en el corto tiempo que falta para que se inicie la campaña por la gobernación del 2015.

Una señal concreta de lo que decimos, es lo ocurrido ayer en la última sesión de la Cámara de Diputados, antes de entrar en sus merecidas vacaciones, oportunidad en la que, al no darse tratamiento a la iniciativa del Ejecutivo a través de un proyecto presentado por la legisladora Selsa Hernández para gravar con un impuesto a las transferencias mineras, al cumplirse dos años de su estacionamiento en Comisiones y de acuerdo al Art 108 de la Constitución provincial, el mismo se cayó en forma automática y le quita al gobierno provincial un recurso de financiación.

El impuesto minero pretendía cobrarle a las empresas mineras un 10% del valor de transferencia de los activos, en las negociaciones que hacen las multinacionales, cuando se “venden” unas a otras los yacimientos y Santa Cruz no ve ni un peso. Para que se tenga en cuenta la importancia de esta iniciativa, digamos que Cerro Negro, por ejemplo, se vendió en 3.400 millones de dólares y a la provincia no le tocó ni un solo peso, aún cuando es el Estado provincial y todos sus habitantes quienes ponen el oro y la plata que se llevan, dejando solo contaminación y destrucción física del terreno.

Este impuesto, además, permitía dar aire al presupuesto provincial, más allá de poner una cuota de justicia al hecho de participar, aún mínimamente, en la transferencia de tan fabulosas ganancias, a costa de la riqueza metalífera provincial y a favor de grupos económicos internacionales.

Pero nada es casual. Si repasamos las notas que OPI ha publicado al respecto, se podrá observa una premeditada y planificada campaña para que todo esto terminara de la manera que terminó: archivado, cancelado, olvidado.

Los diputados K y los camporistas, esepcialmente, han hecho causa común con las mineras para impedir la iniciativa, a instancias de una orden superior, desde la Casa Rosada. Mientras los legisladores funcionales a intereses inconfesos, hacían su trabajo impidiendo que el proyecto fuera al recinto, las empresas interponían amparos, bajaron la producción (al menos lo que le dijeron al gobierno de la provincia) y hasta amenazaron con irse, algo que jamás concretaron ni concretarían porque no hay otra provincia más “amigable” (léase, más conveniente, ausente y entreguista) que Santa Cruz para obtener tanto oro y plata con mínimos riesgos.

También se descubrieron diputados con intereses directos con las mineras, como es el caso de Leonardo Álvarez, quien posee una empresa de logística que trabaja con las operadoras y quien se reveló como uno de los más férreos opositores a instalar el canon minero. A pesar de todo, de la incompatibilidad de intereses que existen y de la vergüenza ética que no conocen, éste diputado siguió opinando, operando y haciendo lobby para las empresas, junto con varios de sus pares que se opusieron permanentemente a cobrarles un peso más a las empresas. ¿Alguien se habrá preguntado por qué?.

Con esta acción mancomunada de “la cueva de las manos” (léase: Cámara de Diputados de Santa Cruz), se convalidó un objetivo más de “la mayoría” que siempre se las ingenia para poner a salvo a sus amigos. Es la misma “mayoría” que evitó el juicio político al Intendente Córdoba, a pesar de las denuncias en su contra, de castigar al diputado Contreras por promocionar la prostitución y la trata de personas o de apoyar la iniciativa del propio Álvarez de crear una “Agencia de Desarrollo” (¿?), una inocua burocratización del sistema que solo busca apañar y encubrir más negocios y corrupción.

Dos hechos se revelan en esta instancia: no hay reconciliación política entre el FPV y el PJ y existen muchos más negocios que espíritu de legislar en la Cámara de Diputados provincial. Mientras todos siguen sosteniendo que son mayoría y trabajan para la gente que los eligió, lo último que los legisladores toman en cuenta es su obligación de representatividad, utilizando a la democracia como la mejor herramienta para negociar, enriquecer a otros y enriquecerse, sosteniendo en el discurso lo que no practican con las manos. (Agencia OPI Santa Cruz)