Así actuaron el Intendente Cantín, Daniel Álvarez y otros funcionarios municipales, para impedir la clausura de Casino Club

12/08 – 15:00 – En el mes de marzo de este año un grupo de inspectores de Bromatología de la Municipalidad de Río Gallegos, en cumplimiento de sus funciones realizó una inspección en Casino Club de Cristóbal López. Levantaron actas, encontraron anormalidades y pidieron la clausura temporaria del local. Desde el Intendente Cantín para abajo, hubo una movida política y empresaria que evitó el cierre. Hoy, podemos reproducir cronológicamente lo que ya informamos con detalles en aquel momento y afirmar quiénes fueron los responsables directos de responder ante Cristóbal López como si fueran empleados del empresario del juego y no como funcionarios municipales, algunos, como el jefe comunal, elegidos por el voto popular.

El 27 de marzo de 2014, publicamos la primer nota donde dábamos cuenta de que un grupo de inspectores municipales asistieron a realizar una tarea de Bromatología en instalaciones del Casino Club, en la calle San Martín de Río Gallegos y luego de labrar las Actas, mantuvieron situaciones de tensión con el gerente, abogados y empleados de seguridad y debieron lidiar contra la impunidad de las autoridades municipales, quienes, por orden del Intendente Raúl Cantín (FPV) y el Secretario de Desarrollo Comunitario, Daniel Álvarez (FPV), tal como fueron denunciados por sus empleados, les negaron la autoridad para proceder a la clausura de la sala de juegos.

OPI accedió a toda la documentación labrada aquel día, donde los inspectores que llegaron a realizar el procedimiento, actuaron respondiendo a las Ordenanzas en la materia y de acuerdo a los protocolos establecidos en el área de Bromatología. “El procedimiento fue impecable”, dijo una de las fuentes consultadas por OPI y agregó “existió una vergonzosa acción deliberada del Intendente como jefe de todos los funcionarios, por encubrir al negocio de Cristóbal López; lo que ahora algún concejal debería preguntarse es porqué y qué hay detrás de tanto interés por blindar la sala de juegos en Río Gallegos, cuando todas las irregularidades quedaron estampadas en los documentos que Uds tienen a la vista”, dijo la fuente a OPI Santa Cruz.

Las manifestaciones que hemos recibido, dan cuenta de una operación para evitar la clausura de la sala de juegos Casino Club, en la cual intervinieron el Gerente de la sala, Ricardo Fernández, el Director de Comercio Carlos Martínez que le negó apoyo a los inspectores que realizaban las tareas en el casino; Marta Allegrini, jefa del Dpto de bromatología de la Municipalidad y otros funcionarios de menor rango, que en todo momento estuvieron comunicados (al igual que el Gerente) con el Intendente Raúl Cantín y el Secretario de Desarrollo Comunitario, Daniel Álvarez (chofer de CFK cuando está en Río Gallegos), desde donde partió la orden de blindar al negocio de Cristóbal López.

Se advierte al lector que si bien la nota se muestra extensa, se recomienda su lectura porque en la misma a continuación se aportan datos concretos, puntuales y exactos de lo ocurrido aquel día, en el cual dimos la noticia de manera exacta, apegándonos a las infidencias de testigos del procedimiento. A continuación se realiza la crónica de lo ocurrido en la sala de juegos de Cristóbal López, los horarios, la mercadería decomisada, las instalaciones inspeccionadas, las irregularidades detectadas, las recomendaciones, las actas levantadas, las infracciones, las órdenes, las contra órdenes municipales y las consecuencias posteriores al procedimiento.

Como conclusión, luego de leer lo que viene, se puede decir que la complicidad de las autoridades municipales con Cristóbal López es tan evidente y total, que le obliga al Intendente Cantín a actuar en contra de sus propias Ordenanzas y lo que es aún peor, desconocer el trabajo de sus inspectores, dejándolos a éstos sin autoridad ante una empresa privada que vulnera todas las normas en materia de salubridad.

Cronología de lo ocurrido

Precisamente, por Actas de Inspección que van desde el Nº 149738 a la 1497750, labradas el 26 de marzo de 2014, con inicio del operativo a las 11:20 y culminación a las 17:30hs del mismo día, se encuentran registrados todos los detalles de aquella “vergonzosa jornada”, como fue descripta por uno de los funcionarios municipales, donde quedó claro que los intereses poderosos, no son tocados por el Intendente Raúl Cantín, quien sin dudas ha respondido a órdenes superiores o a compromisos que, hasta el momento, ningún concejal, se ha mostrado interesado en conocer o denunciar.

El Casino Club, ubicado en calle San Martín 631 de Río Gallegos, habilitado bajo Expte Nº 1289, recibió ese día la visita de los inspectores municipales de Bromatología, quienes fueron atendidos por Karin Triviño (DNI 92.804.125), en un operativo que consistía en una inspección de rutina de la Municipalidad a un comercio local.

En la oportunidad, los funcionarios determinaron la existencia de 276 máquinas tragamonedas, confitería con expendio de bebidas alcohólicas y como actividad secundaria, comidas rápidas. Luego de exhibir la documentación sanitaria de 15 empleados, los inspectores detectaron que dos de ellas, Emanuel Soruco y Orfelina González poseían “sello de curso Manipulación de Alimentos aprobado” en tanto otros dos fueron intimados en un plazo de 24 horas a realizar ese curso, dado que ninguno de ellos poseía el sello de aprobado.

Luego los inspectores comenzaron a recorrer las áreas inspeccionables del Casino como la cocina, donde se describen todos los elementos hallados más alimentos en el freezer, como pollos, cremas, empanadas elaboradas, congelados, panqueques congelados, en muchos casos “no rotulados” por la envasadora de origen, de igual manera que el acopio de fiambres donde los inspectores advierten que la firma comercial (Casino Club) no cuenta con técnico en Alimentos y por lo tanto no puede alterar la rotulación de los alimentos, el origen como así tampoco el fraccionamiento de los productos ni el modo de conservar los mismos.

Posteriormente, los funcionarios municipales inspeccionaron las alacenas del comercio donde, según constan en las Actas, se hallaron condimentos varios y conservas depositadas en recipientes herméticos sin rotulación. Debajo de las mesada, ubicaron una heladera con carne congelada, pechugas de pollo, rotulados por la misma firma comercial (que no está habilitada), como así también fue hallada crema en recipientes herméticos, también sin rotulación de origen.

Fueron hallados productos de panadería de “Panadería Santa Cruz”, en fecha, sándwiches reparados marca “Quiquino”, pero que no exhibían certificación del producto y en uno de los documentos quedó constancia de haber hallado productos panificados vencidos el mes de enero de 2014, o sea, alrededor de 2 meses antes, más frutas depositadas en los cajones de la mesada y una máquina de fabricar hielo, exhibiendo certificado de potabilidad el agua.

Cuando llegó el turno de inspeccionar las heladeras, quedó constancia en las Actas respectivas que “se encuentra falto de higiene y óxido en sus rejillas”, en tanto que en los freezer se hallaron papas fritas congeladas y cremas rotuladas y dentro de la fecha normal de vencimiento.

La inspección también pasó por los baños, sin mayores novedades y siguió por el sector de Confitería, en planta alta donde los inspectores encontraron excremento de roedores en los sectores identificados como “cocina y barra”, dejando asentado que “no se observa ningún tipo de dispositivo cebadero preventivos”. De acuerdo a lo señalado en la documentación, con fecha 21 de marzo de 2014, constaba una indicación de la empresa Sensei de control de plagas, la cual informa que “se reforzó el sector cocina con 10 trampas mecánicas y 8 de pegamentos, como así también cebaderos con veneno “rodilong”, pero los inspectores observan que el informe no indica la ubicación donde fueron apostados dichos dispositivos colocados dentro de la cocina, en tanto se expresa en el documento que “está prohibida la utilización de trampas de accionamiento mecánico de golpe y el de accionamiento mecánico de atrape vivo, sin la debida autorización de la autoridad sanitaria”, pero más adelante señala que “está terminantemente prohibido el uso de veneno dentro de los que es la industria de la alimentación y/o gastronomía”.

Asimismo, los inspectores observaron que el personal de esos sectores, manipularon trampas y veneno, sin que estén capacitado para tales tareas, infringiendo el Art 54 bis de la Ordenanza en vigencia y el CAA.

La clausura

Ante las irregularidades detectadas, el jefe de inspectores procedió a ordenar la clausura preventiva del local Casino Club, enumerando en el cuerpo de Acta Nº 149745 todas las observaciones infraccionadas y el incumplimiento incurrido a la Ordenanza respectiva.

En ese momento, aunque ya la situación venía tensa desde hacía un tiempo atrás, comenzó a tomar un cariz más dramático, toda vez que el Gerente de la sala de juego, Ricardo Fernández, se negó terminantemente a acatar la orden de clausura y pedirle a la gente que estaba en la sala que se retirara de allí; por tal motivo los inspectores hicieron un llamado telefónico al Comando Radioeléctrico, porque el empleado de Cristóbal López, visiblemente ofuscado, había comenzado a amenazar a los funcionarios municipales y tal como consta en las actas respectivas aseguraba a los gritos “El Casino NO se cierra”, mientras trataba de intimidarlos preguntándoles “si sabían con quién se metían”, en obvia alusión al zar del juego, el propietario del casino.

Tal como lo recordó nuestra fuente “en todos momento los inspectores guardaron las formas y a pesar de los ataques que recibían se mantenían firmes en su actitud”.

Fernández, realmente “sacado”, tal como lo describió un testigo, comenzó a hacer llamadas por sus teléfonos y al cabo de unos minutos, estaban allí dos abogados, que no se acreditaron como tal, pero encararon a los inspectores de manera brusca y amenazante. Finalmente uno de ellos se identificó como el abogado Javier Stoessel, que le exigió al jefe de inspectores que le dejara ver las actas. Con respeto pero con firmeza el inspector le aclaró al letrado que una vez finalizada la instrucción, le sería entregada una copia.

“Los abogados se separaron del grupo y pidieron hablar con el responsable del grupo de inspectores, pero quien lideraba a los funcionarios les dijo que él no tenía nada que hablar con ellos y que cualquier descargo lo tenían que hacer por las vías correspondientes en la propia municipalidad ante el Juzgado de Faltas”, remarcó la fuente.

Esta actitud de los inspectores molestó aún más a los abogados que para ese momento ya habían tomado un protagonismo inusitado y encaraban la tarea de amedrentamiento del personal municipal, a tal punto, que uno de los letrados le pidió la identificación al trabajador y cuando éste le extendió el carnet habilitante le dijo “este carnet lo consiguen en cualquier kiosco de la esquina o uds mismos lo pueden haber hecho”, ante lo cual los inspectores manifestaron que ese era el carnet entregado por la autoridad municipal y cualquier reclamo deberían dirigirse al Ejecutivo.

En momentos en que se debatían estos temas de forma, pero donde indudablemente los abogados pretendían intimidar a los inspectores para que cejaran en sus esfuerzos por clausurar el Casino, apreció el personal de la Comisaría 1º de policía, constituido por el Oficial Ayudante Diego Barrera y el Agente Leandro Ariel Baier, supuestamente para mediar en el conflicto y para asegurar que se cumpliera la orden de clausura del comercio de juego.

Los teléfonos de los abogados y del gerente Fernández no dejaban de sonar ni éstos de marcar desenfrenadamente una serie de números que los conectaban con distintas personas, que a juzgar por las manifestaciones de ellos mismos y a criterio de los testigos, se trataba de altos funcionarios municipales y de otras personas que estaban por encima de la gerencia de la sala de juego.

“En un momento – consignó un testigo a OPI – el gerente Fernández extendió el teléfono por el que hablaba con “alguien” y le dijo a uno de los inspectores “acá quieren hablar con alguno de ustedes ¿Sabés quién está al teléfono?, tomá habla…”, pero el funcionario le respondió que no, que él no tenía que hablar con nadie y que su trabajo se resumía a labrar las actas y hacer cumplir las Ordenanzas. Esto enfureció más al gerente que “caminaba por las paredes”, ejemplificó el testigo.

A las 15:30 hs se hizo presente la Jefa del Departamento de Bromatología, Marta Allegrini, quien, contrariamente a lo normado y en vez de permanecer de apoyo a los funcionarios que inspeccionaban el local, se reunió a puertas cerradas con el gerente Fernández y los abogados. Mientras tanto, los inspectores seguían adelante con el decomiso de la mercadería y la confección de las respectivas actas.

A las 16:40 hs se comunicó con el cuerpo de inspectores, el Director General de Desarrollo Comunitario, Alejandro Leal, dando expresas directivas al jefe de división de inspectores, Andrés Macías, quien también telefónicamente se comunicó con los inspectores actuantes y les informó que se realice el cese de la actividad comercial de la sala de juego, pero que se evitara la clausura de carácter preventivo, tal como se había ordenado.

Los inspectores, entonces, recibieron la comunicación que el gerente Fernández aceptaba “cerrar” por dos horas la sala de juego, para proceder a la desinfección, algo realmente irrisorio, si se tiene en cuenta que una acción de este tipo insume varios días y debe cumplir con un protocolo predeterminado que no se puede llevar a cabo en tan corto tiempo.

Una de las últimas Actas, expresa “… no podrá ejercer actividad comercial hasta tanto se subsanen las faltas detectadas con la higiene en general, desinfección, cerramientos e informe completo y actualizado por parte de la empresa, de que realiza el control de plagas correspondientes y la colocación de burletes debajo de las puertas”, tendiendo en cuenta que en el mismo edificio (ahora deshabitado) se estaban haciendo refacciones y moviendo techos, cielorrasos y paredes, lo que en principio, habría dado lugar a que los roedores provinieran de allí.

También en el Acta quedó establecido que “de común acuerdo” el cuerpo de inspectores y el gerente, convenían que una vez subsanadas las faltas apuntadas se procedería a levantar la medida de inhabilitación.

El operativo terminó pasada las 17:40 hs y, al menos esos inspectores, nunca más volvieron a corroborar si los trabajos observados se habían cumplido.

El encubrimiento

Luego que los inspectores volvieron a su oficina, esperando que Casino Club agotara el tiempo concedido para realizar los trabajos de desinfección, nunca más fueron autorizados a volver. Por el contrario, la “corroboración” de si esos trabajos se cumplieron por parte de la empresa del juego, fue realizada con otro cuerpo de inspectores, que, de acuerdo a las fuentes consultadas, “eran los aliados del Intendente Cantín, que a través de sus secretarios, les había hecho saber a los inspectores que labraron las infracciones, que “pararan con el procedimiento de clausura”.

“Hasta el día de hoy, ni el Intendente, ni el Secretario Daniel Álvarez, ni los concejales, ni el Juez de Faltas, ni los funcionarios municipales han explicado a los empleados de Bromatología el motivo por el cual pararon el procedimiento de clausura del Casino Club”, le dijo a OPI un empleado municipal allegado al Ejecutivo.

También se supo, por otras infidencias de empleados de área de inspectores que el día del procedimiento, Carlos Martínez, Director de Comercio de la municipalidad, cuando se enteró de lo que estaba pasando en el casino, se encargó personalmente de llamar a cada uno de los otros inspectores que estaban en Bromatología, para pedirles que apagaran sus teléfonos a fin de no recibir llamadas de sus compañeros que estaban en el procedimiento, que seguramente les pedirían que fueran a hacerse presente en el lugar, por la situación crítica que estaban viviendo.

Ninguna respuesta, ningún pedido

A estas alturas y dependiendo de los relatos que se pudieron obtener de personas vinculadas al municipio y los documentos que pudimos observar, existió una orden emanada del Intendente Cantín y de Daniel Álvarez, para que se evitara la clausura. Uno de los testigos lo relata así “iban y venían de la oficina de Álvarez y no paraban de sonar los teléfonos. Nosotros sabíamos que Cantín estaba allí y ahora algún concejal o alguien que desee saber la verdad, tendría que preguntarle al Intendente porqué ordenó incumplir una Ordenanza, porqué planteó un privilegio con el señor Cristóbal López y qué razones existieron para hacerles perder autoridad al cuerpo de inspectores que solo estaba cumpliendo con su trabajo”.

Hasta el momento se maneja la teoría de que Cantín pudo haber respondido a millones de causas o a una sola: política, ordenada desde un escalón superior o simplemente, cumpliendo un pedido de empresario K amigo del poder y asociado a los dineros públicos que reparte el kirchenrismo entre los que considera “propia tropa”, como es el caso de Cristóbal López. (Agencia OPI Santa Cruz)

Notas relacionadas:

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