19/08 – 18:00 – El Ministro de Gobierno de la provincia ha informado que el Estado se presentará como querellante en una denuncia que realizará ante la justicia. por la aparición, en un diario local, de avisos “engañosos” que incurren en un delito de oferta sexual prohibida por una ley nacional impulsada desde el Ejecutivo nacional, que nació a instancias del famoso Rubro 59 de Clarín. La inédita medida, responde a una guerra silenciosa de la cual nadie habla y que nosotros le vamos a contar, al menos una parte de ella.(Por: Rubén Lasagno)
La noticia sorprendió a muchos hoy, cuando se conoció que el Estado provincial, a través del Ministro de Gobierno, ha decidido presentarse como querellante en una denuncia efectuada al diario Tiempo Sur, que se imprime y distribuye en Río Gallegos y la provincia, debido a que este medio incluye, en sus páginas interiores de ofrecimiento de trabajos y servicios, a mujeres que, encubriendo sus verdaderas actividades en eufemismos como “masajes”, “recepcionistas”, “Estética corporal” o “Atención al cliente”, realizan la difusión de oferta sexual, disimulada en actividades relacionadas con la búsqueda de trabajo o el ofrecimiento del mismo.
El Ministro Gustavo Martínez, dijo al respecto “Ya se habían denunciado estas situaciones al medio de comunicación, de los que ellos no se encargaban de rechazar por lo tanto se estará presentado la denuncia en las próximas horas con referencia a este tema y el Fiscal de Estado, con quien estuvimos reunidos, va a presentar a la Provincia como querellante por esta cuestión”.
Más adelante el funcionario afirmó que los medios, con este tipo de engaños “negocian con un proxenetismo oculto” y afirmó “fueron varias denuncias y ahora se avanzará un poco más. La subsecretaría de la Mujer desde que se conoció la norma nacional informó a todos los medios de comunicación sobre su reglamentación y se ha visto que no se ha hecho nada al respecto por parte de este medio (de comunicación) por lo que nosotros actuaremos conforme a las normas vigentes”, señaló.
Dijo también “Esta es una lucha frontal ya que este tipo de publicaciones engañosas van en detrimento de la persona y sepan que se va a accionar en consecuencia con este medio o cualquier otro que no se ajuste a las leyes actuales”, puntualizó finalmente Martínez.
Razones sobran
Más allá de que el procedimiento no solo es legal sino válido e indiscutible y si un medio no se encuadra en los términos de una ley, debe ser sancionado o al menos querellado por la autoridad de control, es evidente que el trasfondo de esta denuncia va mucho más allá de la preservación de las leyes antidiscriminatorias y contra la explotación sexual.
El hecho en sí es inédito y el principio de esta actitud oficial hay que buscarlo en una relación “comercial” que se quebró hace un tiempo entre el gobernador Peralta y el empresario Leopoldo Kalmus, propietario de la Editorial JLK.
Sin que nos conste la documentación respaldatoria de la deuda existente, estamos en condiciones de asegurar, por medio de una fuente muy cercana al multimedios que edita el diario Tiempo Sur, que a raíz de desacuerdos políticos y/o comerciales entre el empresario y el gobernador, existen pagos que no fueron liberados por la provincia, lo cual desencadenó una serie de respuestas negativas desde el medio, que produjeron, casi como una ley de física, una reacción a la acción, lo que ha elevado el nivel de respuesta de uno hacia otro, advirtiéndose en la línea editorial del diario un cambio sustancial en el tratamiento de ciertas noticias de orden provincial y los espacios cedidos a la oposición política al gobernador.
Si particularmente la prensa en Santa Cruz (y especialmente los diarios papel) se caracterizan por ser muy “cuidadosos” en la titulación y en los contenidos, donde está ausente todo tipo de opinión e investigación y mucho menos alguna denuncia en contra de funcionarios, organismos o gobierno nacional, provincial y/o municipal, cuando desde la Redacción de cualquiera de ellos se fuerza esa línea hacia el campo de la crítica o las notas aparecen con cierto contenido de denuncia pública, se percibe rápidamente que detrás de este cambio hay un conflicto de intereses.
Las fuentes cercanas al medio, le confiaron a OPI que los problemas comenzaron cuando el ex Jefe de Gabinete Ariel Ivovich se fue del gobierno provincial, por diferencias con Peralta. El único medio que le “dio aire y papel” con mayor dedicación, fue, precisamente, Tiempo Sur – remarcó la fuente – no solo desde el diario sino también a través de la Fm homónima, lo que a criterio de nuestro interlocutor que conoce “de adentro” el problema “esto calentó a Peralta”, señaló.
Allí parece que la reacción del gobernador no fue la mejor y aquellos pagos facturados por el medio, habrían entrado en la “congeladora”, lo que dio origen a una reacción de la otra parte, que comenzó a mostrar un “fuerte compromiso” con las declaraciones del ex funcionario Ivovich, que desde sus páginas opinó sobre la administración provincial, dejando en claro que se alejó porque “Peralta cambió”, aunque desde el Ejecutivo se haya opinado muy duramente sobre la salida de Ivovich y el ex Ministro de Economía José Blassiotto, guerra silenciosa que pasó a un cuarto intermedio, pero que seguramente resurgirá cuando se inicien las campañas políticas.
Tiempo Sur mostró, desde entonces, una tenencia a hablar de cosas que jamás abordó en el último tiempo y hace unas semanas atrás se atrevió a reflotar un viejo tema sobre el que OPI habló mucho desde el inicio de las operaciones financieras para la construcción de la Destilería de Punta Loyola, un negocio para nada transparente, donde hay complicidad estatal, “empresarios” que fueron armados en tiempo express, asignaciones de créditos de más de 20 millones de dólares a personas insolventes, la reconversión de depósitos y tanques obsoletos, comprados en una destilería santafecina que cerró hace unos años y toda clase de anormalidades que involucran decididamente al estado nacional y provincial en un negocio que aún no fue debidamente aclarado ni informado a la opinión pública, al menos en los términos que cuestionamos durante al menos 5 años.
Aún cuando Tiempo Sur jamás habló de estas anormalidades, ni puso en duda los mecanismos implementados en esta planta erigida con dineros públicos, hace poco se despachó con un largo artículo, de alguna manera conformando un collage de aquella información que salió oportunamente y actualizando la duda de que a la fecha la destilería no funciona y el gobierno nunca ha dado respuesta, hecho cierto, pero omitiendo que no es a ellos a quien deben darle respuestas, porque el medio en sí, jamás cuestionó la instalación de la planta ni a sus responsables, ni les llamó la atención la corrupción que se hacía pública antes, inclusive, de que comenzaran a demarcar el predio en Punta Loyola.
Me agredes, te agredo
Entonces, para comprender cabalmente en qué marco se inscribe esta inédita denuncia del gobierno provincial a un medio local (jamás visto), se debe partir de las causas que iniciaron este fuego cruzado entre el gobernador y el empresario gráfico.
Cabe aclarar que nosotros pensamos que ambos actúan dentro de los derechos que les asisten, por cuanto está en las facultades del gobierno, denunciar a quienes realizan oferta sexual ilegal y el diario está en todo su derecho de publicar lo que se le ocurra, aún cuando toque las fibras más íntimas del gobierno provincial (bueno sería que esto lo haga siempre y con todos, incluyendo el Estado nacional). El tema que se interpone y por lo cual llama tanto la atención, es que ni uno ni otro actúa así normalmente y cuando estos hechos ocurren, suceden porque hay un cortocircuito que, generalmente (y conociendo a los actores), es por plata.
Por lo tanto, como observadores independientes de ambos lados, creemos que ambas reacciones pueden ser tan duraderas como finitas, condicionadas, en todo caso, a que las partes se entiendan y seguramente allí, volverán a “amesetarse” los ánimos, se aplacarán las denuncias, reaparecerán los títulos lavados, desaparecerán los atisbos de periodismo y todo volverá a la normalidad santacruceña. (Agencia OPI Santa Cruz)