30/06 – 11:30 – El 29 de diciembre de 2015 un tribunal oral condenó a 21 de los 28 acusados, entre ellos ex funcionarios K y empresarios. Sin embargo, el fallo no está firme porque Casación no se expidió.
Por: Nora Sánchez
Hace un año y medio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 sentenció a 21 de los 28 acusados por el choque del tren Chapa 16 en la estación Once. Aquel 29 de diciembre de 2015, los familiares de las 52 víctimas y los 789 heridos celebraron que haya habido condenas a prisión para funcionarios y empresarios. Pero a pesar del paso del tiempo, aún no están firmes. La Sala III de la Cámara de Casación aún no se expidió respecto de las apelaciones y el único preso es el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, pero por otra causa.
“Sabemos que conseguimos un fallo histórico y que la Justicia ha tenido tiempos inéditos en esta causa. Pero todo eso se diluye cuando Juan Pablo Schiavi y Claudio Cirigliano siguen libres. No entendemos cuál es la justificación para tanta demora. Sentimos que todo lo que logramos queda en la nada. Y el hecho de que la sociedad entera vuelva a creer que en este país no hay consecuencias nos da mucha tristeza y bronca”, sostiene María Luján Rey, la mamá de Lucas Menghini, una de las víctimas.
El Tribunal Oral condenó a 21 acusados y absolvió a 7, entre ellos a los ex interventores de la CNRT Eduardo Sícaro y Pedro Ochoa Romero. La mayor pena, de nueve años de prisión, fue para el ex titular de TBA, Claudio Cirigliano, por estrago culposo y administración fraudulenta contra el Estado. Por los mismos delitos Schiavi, el ex secretario de Transporte de la Nación, fue sentenciado a ocho. Su antecesor, Ricardo Jaime, recibió seis años, pero sólo como partícipe necesario de administración fraudulenta. Es el único preso, pero por una causa por recibir dádivas. El maquinista Marcos Córdoba fue sentenciado a tres años y medio. Los demás, todos ex funcionarios y directivos de TBA, recibieron de tres a ocho años. Además, el Tribunal ordenó que se investigara al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
Todos los condenados apelaron. También la fiscalía y los querellantes, que pidieron que se revean las absoluciones y que Jaime también sea considerado responsable de estrago. En noviembre, Raúl Pleé, el fiscal ante la Cámara de Casación, dictaminó que se confirmen las penas y que se sentencie a algunos de los absueltos. Pero la Sala III sigue sin expedirse. Ni siquiera llamó a las audiencias preliminares para que las partes expliquen en qué basan sus apelaciones.
“Estamos a la espera de que la sala fije las audiencias -señala el abogado querellante Leonardo Menghini-. Hubiéramos deseado que esto ocurriera antes del juicio a De Vido. Si bien esta demora no escapa a la lentitud habitual de la Justicia argentina, sí marca una clara diferencia con la rapidez de la instrucción y el juicio oral. Creemos que la Cámara va a confirmar las condenas, pero queremos que eso ocurra cuanto antes para dar vuelta la página y para que los condenados a los que les cabe prisión efectiva vayan a la cárcel”.
El abogado Jorge Sandro, que defiende a Schiavi, explica que el proceso es lento porque cada juez de la cámara debe analizar la causa en forma individual. “Es un expediente voluminoso. No se pueden estimar tiempos”, dice. En cuanto a su defendido, asegura que debería ser absuelto como mínimo por el cargo de estrago culposo. “El secretario de Transporte no tiene posibilidad práctica ni legal de controlar la forma en que los motorman conducen los trenes. Y el tribunal estableció que el conductor entró a velocidad excesiva al andén y que frenó tarde”.
Sin embargo, en los fundamentos de su fallo, el TOF N° 2 entendió que TBA prestaba el servicio del Sarmiento con material rodante “en un deplorable estado de mantenimiento” y que eso le permitió pedir reconstruirlo con fondos del erario público en beneficio de Cometrans, también de los Cirigliano. Y el tribunal subrayó que Schiavi y Jaime fueron cómplices, porque desde Transporte de la Nación debían controlar y fiscalizar la operación del sistema ferroviario.
“Hay una incongruencia entre los cargos presentados y el fallo, que tiene graves fallas que espero que Casación tome en cuenta -observa Sandro-. La acusación del fiscal se limitaba al mal mantenimiento de la formación que chocó, pero el tribunal se ha pronunciado sobre el mantenimiento de toda la flota. Y nunca hubo un peritaje sobre el estado real del resto de la flota, sólo se peritó el sistema de frenos del tren que chocó”.
Los familiares de las víctimas y los sobrevivientes siguen sin poder iniciar los juicios civiles, porque la Corte no definió si son competencia del fuero Contencioso Administrativo o de la Justicia Civil. “Es una vergüenza -afirma María Luján Rey-. Los familiares y los heridos tenemos el derecho de ser reparados por el Estado, pero eso no avanza y los tiempos no son esperanzadores. Hay papás de víctimas que son muy mayores. Y en el choque murieron sostenes de familia, que dejaron hijos que tienen que crecer sin la calidad de vida que ellos les brindaban con su trabajo”. (Clarín)
