Justicia lenta no es justicia, allanamiento anunciado no es allanamiento

14:30 – (Por Rubén Lasagno) – Un allanamiento es una medida que ordena un juez para recolectar pruebas durante el proceso de instrucción en una causa. Sirve para determinar con un grado de certeza a partir de la espontaneidad y la sorpresa del procedimiento, dónde y cómo se encuentran los elementos de prueba por medio de los cuales busca determinar a partir de los indicios y/o testimonios obtenidos. Es decir, un allanamiento tiene su verdadera valía en tanto el allanado no tenga un aviso previo, lo cual le permitiría evacuar las pruebas o modificar el entorno.

Por eso en las causas de narcotráfico los allanamiento se hacen en simultáneo. Esa medida, impide que suenen las alertas entre los delincuentes y estén preparados para destruir pruebas. Por lo tanto, si la principal virtud de un allanamiento es la sorpresa, no tiene mucho sentido su anuncio previo, menos aún la “solicitud de permiso” al Congreso en el caso de la senadora Cristina Fernández y muchos menos aún que el tratamiento para dar o no la autorización de parte de la Cámara, se posponga hasta la semana que viene.

¿Y dónde queda la justicia?. La justicia, tal como sucede hoy con el allanamiento a CFK, queda relegada a un segundo o tercer plano. Entonces nos deberíamos preguntar por qué en este caso la justicia actúa de manera diferente a la de un narcotraficante?. La cuestión de fueros es algo que técnicamente no es aplicable a los casos de delitos en funciones previas y sin conexidad con la actividad de un legislador. Por lo tanto, la inmunidad no puede ser transformada en impunidad. Un diputado o un senador no puede ampararse en la zona gris de la ley para estar por fuera de ella y los congresales transformar al senado en un aguantadero de delincuentes comunes.

Dicho esto, la acción de los senadores de aplazar un hecho por si mismo insólito, como es el de darle permiso o no a un juez para allanar un domicilio, es una muestra más del nivel de seriedad que tiene la justicia y las instituciones en la Argentina.

A Lázaro Báez le dieron 35 días antes de allanarlo, tiempo el cual se había hecho pública la medida y finalmente tras la “invitación” del testaferro K a su quinta, los periodistas que estuvimos en la famosa “Cava de vinos” podíamos ver y oler la pintura nueva de la refacción y contrastar las fotos que teníamos de cuando estaban allí las cajas fuertes, con las vigas y lo que habían quedado de las bóvedas con dinero. La “justicia”, encarnada por la Dra Askenasi Vera (puesta de apuro en el Juzgado federal para actuar en este caso) dijo: “¿Ven, que acá no hay ni hubo nada más que una cava de vino…?” y todo quedó allí.

Con el “allanamiento” a Julio de Vido sucedió algo parecido y ahora con Cristina Fernández, también. Mientras tanto un ex juez como Oyarbide, envuelto en la cadena de corrupción, bolsos de plata y cómplice de la década afanada, dijo muy suelto de cuerpo que cuando era juez le “apretaban el cogote” para fallar a favor de los Kirchner. Ahora pide declarar como “arrepentido”, pero mientras tanto la misma Omertá que hoy lo juzga públicamente le permitió jubilarse para zafar de las imputaciones y el juicio político. 

Ahora, si hubiera justicia, cabría que lo procesen por el delito de complicidad con los delincuentes comunes que estuvieron en el poder, le quiten la jubilación que cobra como juez y además apliquen el procedimiento de causa írrita para reabrir las causas que cerró en favor de Néstor y de Cristina.

Mientras nada de esto ocurra, los allanamiento al poder se los anuncie dos semanas antes y los ejecuten dos meses después, los jueces corruptos no sean llevados a juicio político antes de jubilarlos y a los empresarios dejen de llamarles “arrepentidos” para dejarlos libres cuando son culpables y el senado sea una cueva de encubridores como hasta ahora, este país no tiene futuro. (Agencia OPI Santa Cruz)