Tal como lo venían solicitando los sectores directamente involucrados como la ADOSAC, cuyo titular inclusive no solo hizo la denuncia ante las autoridades de Educación sino que realizó una presentación ante el Tribunal de Cuentas, el titular del Consejo Provincial de Educación prof Roberto Borselli se comprometió a dar de baja el cotnrato con la empresa Lavoro que finaliza en marzo/08 y llamar a licitación para un nuevo servicio.
Sin embargo algunas consultas practicadas por esta Agencia si bien han reconocido el avance de las gestiones y recibieron con beneplácito la decisión del funcionario, acostumbrados a la falta de cumplimiento del gobierno resaltaron “ no sea que después las licitaciones se declaren desiertas y volvamos a caer en manos de los mismos..”, sin embargo otras opiniones sostienen que la medida fue adoptada por el gobernador para descomprimir una situación que recrudecería indudablemente en el mes de febrero y lo enfrentaría tal vez con un nuevo conflicto docente que por experiencia propia, desea evitar.
En relación con esta decisión del CPE el diputado Omar Hallar (UCR) emitió un parte de prensa donde expresa su coincidencia con la revisión que hace el gobierno de un sistema de auditoria médica muy cuestionado por su bloque.
Consultado el Arquitecto Hallar expresó: “El día 12 de diciembre con la firma de todos los integrantes del Bloque presentamos el Proyecto N° 279 que decía: Artículo 1.-Dirigirse al Consejo Provincial de Educación (CPE) a efectos de solicitarle dejar sin efecto el Convenio de prestación del Servicio de Medicina Laboral suscripto el 30 de septiembre de 2007 y ratificado por Resolución N° 2.928/07, que tiene como objeto implementar dicho servicio y todo lo concerniente a la salud ocupacional de los docentes del CPE en el ámbito de la ciudad de Río Gallegos. Artículo 2°.- Solicitar al Consejo Provincial de Educación, que el ejercicio de la facultad concedida por el Artículo 2° del Decreto N° 2.864/07, respecto a la contratación de personal médico o la contratación de un servicio externo que provea el Servicio de Medicina del Trabajo, lo haga mediante los concursos o la licitación pública que corresponde en cada caso”.
“Entiendo, dice Hallar, que la contratación pretendida no estaba encuadrada en la legislación vigente, toda vez que hay varias organizaciones médicas en nuestra ciudad capital que pueden asumir la prestación, y la misma Ley de Contabilidad estipula la obligación de convocar a licitación cuando se deriven gastos (Artículo 25)”.
Otra de las objeciones que motivaron el pedido formulado a través del Proyecto de Resolución es que el Convenio fue firmado originalmente para cubrir a 4.295 agentes y, atendiendo un informe de Estadística Educativa solicitado por Asuntos Jurídicos, se modificó la imputación del gasto limitándolo a 3.526 personas. Pero eso no es todo, el 31 de octubre se recomienda variar nuevamente la cantidad de personal quedando 2.992 docentes de Río Gallegos. El convenio entonces vuelve a firmarse, manteniendo la fecha 30 de septiembre y siempre con entrada en vigencia el 10 del mismo mes.
Finalmente, la presidenta del CPE ratifica el Convenio de Prestación del Servicio de Medicina Laboral mediante la Resolución 2.928/07 el 15 de noviembre, paradójicamente, el mismo día de la publicación del Decreto emanado del Poder Ejecutivo y a partir del cual recién debería llamarse a licitación, y no una adjudicación directa 60 días antes.
“Es muy positivo que Borselli haya escuchado los reclamos que desde diversos sectores se manifestaron al respecto y que proceda con transparencia y en el marco legal correspondiente, para que no vuelvan a ocurrir hechos como el objetado” finalizó diciendo el diputado Omar Hallar. (Agencia OPI Santa Cruz)
