11/11 – 11:10 – Oportunamente aseguró este periodista que el expediente por el triple crimen de General Rodríguez iba a languidecer lenta, pero eficazmente debido a la oportuna presión política, no sólo por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, sino también de referentes de la provincia de Buenos Aires en general, y de la localidad de General Rodríguez en particular. (Por Cristian Sanz)
A pesar de la evidencia concluyente —cruces telefónicos, fotografías y demoledores testimonios—, la Justicia no actúa como debe hacerlo y comienza a desviar la atención para que no se ponga el foco sobre los verdaderos autores de lo sucedido. Por caso, en las últimas horas, el ímprobo juez Federico Faggionato Márquez liberó por falta de mérito al “empresario” José Luis Salerno, ex socio de una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez, de quien la querella —de manera fundada— sospecha que podría haber instigado los homicidios.
Es dable mencionar que Salerno —socio de Damián Ferrón, quien con Leopoldo Bina y Sebastián Forza aparecieron asesinados en un descampado de General Rodríguez a mediados de agosto pasado— en cada declaración efectuada lo único que ha hecho es mentir. Primero, cuando juró que no conocía a Forza; luego, al decir que nunca había estado en las reuniones donde se negoció el tema de la exportación de efedrina y, finalmente, cuando aseguró desconocer al mexicano Rodrigo Iturbe, uno de los mayores implicados en el tema.
A pesar de todo ello, y de mucha otra evidencia que consta en la causa judicial, Faggionato Márquez —quien, dicho sea de paso, nunca llamó a declarar a este periodista, a pesar de haber sido el único en entrevistar a Sebastián Forza poco antes de ser asesinado— insiste en desviarse de la indagación. La pregunta inevitable es ¿lo hace por acción u omisión? ¿su improbidad es adrede o por desconocimiento?
Sea cual fuere la respuesta, queda claro que el magistrado debe ser apartado ya mismo de la investigación de este hecho, ya que ha demostrado sobradamente su incapacidad.
Como se dijo anteriormente, el crimen ya está resuelto, sólo falta voluntad para avanzar. El problema —nada menor— es que detrás de lo ocurrido hay importantes funcionarios y referentes políticos.
Concluyendo
En el día de la fecha, se presentará a declarar un testigo clave, relacionado a una estación de GNC donde se encontraron los asesinados Forza, Ferrón y Bina con un grupo de mexicanos y argentinos —al menos en una oportunidad— a efectos de negociar la exportación de efedrina y otras cuestiones.
El lugar queda a pocos metros de Tasca, lugar denunciado por este periódico oportunamente donde aparecieron grandes barriles conteniendo restos de efedrina. Pocos saben que el encargado de esa estación de GNC fue “ascendido” hace algunas semanas a un cargo municipal en General Rodríguez. Lo que nadie sabe es el por qué.
Por lo dicho, no se entiende cómo el juez Faggionato Márquez no ha pedido aún la declaración de ciertos funcionarios relacionados al área de Seguridad de esa zona del conurbano.
El primero que debería hablar es el “perejil” Manuel Poggi, quien sabe más de lo que ha dicho a la Justicia. Lo mismo cabe para el secretario de Producción, Armando el Palomo Borches —no casualmente de la localidad de Pilar—, el jefe de “calle” Darío Atrio, el intendente Marcelo Coronel, su esposa Adelma Arguissain y la secretaria de Seguridad Marta Baldo (1).
Si bien no tendrían relación directa con el triple crimen, esos funcionarios, junto a una veintena de policías de la Provincia de Buenos Aires, habrían liberado la zona para que mataran a los tres “empresarios”.
El magistrado lo sabe, como también sabe que, cerca de allí, está la quinta donde estuvieron secuestrados los tres jóvenes.
El único problema que enfrenta el juez es que posee cinco juicios políticos en su contra, lo cual lo vuelve permeable al poder político de turno. Por caso, hay dos importantes ministros del PEN que lo presionan sin cesar.
No es poco. (C. Sanz – Tribuna de Periodistas / OPI Santa Cruz)
