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Después de 5 años el juez Lozada hizo público el fallo de los Fondos en el Exterior

El Juez Santiago Lozada junto al Contador Víctor Alejandro Manzanares - Foto: OPI Santa Cruz
16/11 – 15:00 – Un hecho que no ha tenido un destacado tratamiento por parte del diario La Nación en la edición de ayer, marca un hito en la Justicia de Santa Cruz. La corresponsal de ese medio en Río Gallegos, por orden del diario, inició las gestiones hace más de un año y logró que el Juez Santiago Lozada hiciera público el fallo sobre los Fondos de Santa Cruz que mantuvo a buen recaudo y perfectamente guardado de las miradas indiscretas que buscaron, todo este tiempo, una respuesta sobre cómo se manejó la ruta del dinero y quiénes intervinieron en el encubrimiento de la información.

El diario la Nación publicó en el día de ayer una nota que marca una bisagra en la historia de los Fondos de Santa Cruz en el exterior, toda vez que la corresponsal de ese medio en Río Gallegos, Mariela Arias obtuvo – luego de más de un año de seguimiento legal – el fallo que hecha luz sobre aspectos sustanciales sobre cómo se manejaron los dineros públicos, quiénes intervinieron y cómo se justificó cada uno de las determinaciones que tomó la justicia en este tema.

La Nación indica que el juez que sobreseyó al ex presidente Néstor Kirchner por presuntos delitos vinculados con el manejo y la administración de los fondos en el exterior responsabilizó al fiscal y a los jueces que antes que él instruyeron la causa. Con cuatro años de demora el juez Santiago Lozada entregó el fallo inédito hasta ahora, luego de un pedido iniciado por La Nacion en la Justicia el año pasado.

Desde mayo de 2005, cuando Lozada sobreseyó a Kirchner, ni denunciantes ni periodistas ni diputados que lo solicitaron pudieron acceder a la fundamentación por la cual se libró de culpa y cargo a Kirchner y a Sergio Acevedo. Conocer el fallo no cambia la sentencia, pero arroja datos inéditos: quiénes declararon, quiénes asesoraron a Kirchner durante la crisis de 2001 y, sobre todo, los argumentos que usó la Justicia en un tema aún controvertido.

Para el juez, la intervención de la fiscalía se caracterizó “por una gran desprolijidad e imprecisión que dificultó enormemente la labor de esta instrucción”. Consideró que la causa carecía “de una plataforma fáctica que produce que se difuminen los límites del objeto procesal investigado”. Lozada calificó la denuncia inicial de “imprecisa, carente de datos sobre circunstancias de tiempo, lugar y modo, y estructurada sobre meras sospechas, basadas en conjeturas e inferencias”.

Los presuntos delitos de apología del crimen y defraudación contra la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos habían sido denunciados por los periodistas Adrián Salbuchi y Enrique Romero y patrocinados por Juan Labaké en mayo de 2004 en el juzgado federal N° 7, subrogado por Jorge Urso, que lo investigó en primera instancia con el fiscal federal Federico Delgado.

A fines de ese año, Guillermo Montenegro asumió como juez y sin mayor trámite giró la causa a la justicia santacruceña. En el fallo, Lozada insistió en que la causa que recibió -que es la suma de seis causas iniciadas en distintos juzgados porteños- le faltaba definir el fin procesal. Argumentó que como juez de instrucción no tenía facultades para “iniciar una auditoría sobre la labor llevada a cabo por las instituciones que integran los poderes del Estado, violando la división de poderes so pretexto de una posible comisión de ilícitos penales, ni sustituir los mecanismos parlamentarios aptos para resolver determinadas controversias”, y aclara que de hacerlo implicaría un quiebre del orden constitucional.

Sin embargo, el doctor Andrés Vivanco, que patrocinó a La Nacion en la presentación judicial, asegura que Lozada “tenía facultades para ampliar el objeto procesal, delimitarlo y calificarlo jurídicamente y, si no estaba de acuerdo con el trabajo del fiscal y lo que se había hecho hasta que recibió la causa, bien podría haberlo hecho y no escudarse en no realizar una investigación porque le faltaba información, sino que debería haber realmente investigado”.

Lozada decidió investigar a partir de 2001 porque existían tres denuncias en la Justicia que habían sido archivadas sobre el mismo tema. Las denuncias de la oposición plantearon en 1996, 1997 y 1999 que el gobierno no presentaba informes sobre los fondos y que no funcionaban los organismos de control creados para tal fin.

La provincia ganó un juicio al Estado nacional por regalías mal liquidadas por US$ 630 millones. En 1999, la venta de acciones de YPF le dio un saldo de US$ 602 millones.El fallo para sobreseer a Kirchner se basó en la ley provincial 2663, aprobada por mayoría kirchnerista a fines de 2003, en el cual se blanqueó sin documentación respaldatoria que en el período 1996-2002 la provincia ingresó en sus presupuestos US$ 532 millones de sus ahorros originales y convalidó que tenía depositados en el exterior US$ 529 millones.

Pero Lozada no da cuenta de este detalle en el fallo ni habla de las denuncias de ocho diputados opositores. En 2004, el senador Carlos Prades (UCR) presentó un amparo sobre los fondos y pidió declarar la inconstitucionalidad de la ley 2663.

Dos testigos clave que declararon ante Urso dijeron que Kirchner a fines de 2001 tenía como meta transferir los fondos en Estados Unidos a la banca europea. Eduardo Cafaro, uno de los directores del BCRA desde 2003, declaró en la causa y deslindó responsabilidades del control de esa entidad sobre esos fondos. Cafaro, asesor financiero del Banco de Santa Cruz (1994-2000), aseguró que al iniciar esas funciones la provincia tenía fondos en el exterior.

Alfredo Jorge Maclaughlin, ex gerente general en el país del Deutsche Bank, declaró que a fines de 2001 mantuvo un período de consultas con Kirchner: “La provincia tenía unos US$ 500 millones depositados en un banco de Estados Unidos”, que creía era el Morgan Stanley.

A principios de 2002, Maclaughlin tuvo otra reunión en la que se habló sobre la conveniencia de que los depósitos estuvieran en un lugar seguro. Dice que “no” participó en “ninguna transferencia de fondos”, pero que supo que “existió una transferencia de fondos al UBS”. (La Nación/OPI Santa Cruz)

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12 COMENTARIOS

  1. Porque tantas impresiciones, me parece, creo,? Lozada eS un juez al que le compete todo lo que tenga que ver con el delito, por lo tanto YA !!! DEBERÍA ESTAR ARMANDO UNA CAUSA POR FRAUDE, ROBO DE FONDOS PÚBLICOS POR PARTE DE FUNCIONARIOS DEL ESTADO, PUESTOS EN ESE LUGAR, COMO ADMINISTRADORES DEL ESTADO, CON EL OBJETO DE ASEGURAR EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD!!!!!
    TODO ESTE TIEMPO NOS TIENEN Y NOS HAN TENIDO A LOS TRABAJADORES DEL ESTADO CON SUELDOS DE HAMBRE, Y CADA VEZ QUE PEDIMOS ALGO : NOS REFRIEGAN POR LA JETA UNA LEY DE EMERGENCIA

  2. Confirmado Nro 7 Sureño. No solo que el Dr Lozada es el próximo Defensor ante la Cámara Penal sino que además como dice la Nro 4, el Juez que hizo todo…todo…bien para ganarse el puesto de Camarista esto es, cubrió cada uno de los chanchullos del gobierno, está de carpeta médica por tratamiento…….especial.
    Es que la carrera de los jueces en Santa Cruz los saca de quicio. , los vuelve locos. Y eso que para progresar en el Poder Judicial no tienen que emitir fallos que sienten jurisprudencia, o publicar obras, o dictar o recibir cursos, o mostrar méritos acadámicos, no señores: En la Provincia K para ser juez basta con ser servil y nada más. Aunque el servilismo te vuele la cabeza, como a Lozada…

  3. BUENO…..AL FINAL…TANTO QUILOMBO….TANTO QUILOMBO…SOLO PORQUE LA PLATA ESTA……QUE TAL SI HUBIERAN SIDO CONFISCADOS POR DEUDA …COMO PASO CON LOS FONDOS DE LA AFJP Y QUE LOS TUVIERON QUE DEVOLVER PORQUE ENTENDIERON QUE ERA PLATA DE LOS JUBILADOS Y NO DEL ESTADO….DEJEN DE BUSCARLE EL PELO AL GUEBO……..PERDON DIGO HUEVO

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