26/12 – 11:30 – Hay un denominador común entre los allanamientos a las oficinas del Jefe del Ejército y de Báez: dejaron transcurrir varios días. Un allanamiento hecho a destiempo es, operativamente tan efectivo, como avisarle 24 horas antes, a un delincuente, que se lo va a detener. Ambas causas encubren delitos del poder y como tal, la justicia boba advierte que llegar tarde, es la forma más sensata de parecer que se hace lo que en realidad no se desea hacer.
En criminalística se dice que destruir la escena del crimen es cometer el crimen dos veces; es decir, tan grave es no preservar las pruebas de un crimen, como cometerlo y pretender ocultar sus causas. En Argentina sabemos de eso. Es el país donde más crímenes quedan impunes y mayoritariamente, la falta de resolución comienza en el proceso de investigación que suele ser defectuoso desde la base misma del procedimiento como son la recolección y preservación de pruebas y la alteración de la escena donde se llevó a cabo el acto ilícito.
Esto viene a cuento de lo que sucede en el país, cuando se trata de investigar al poder ante determinadas denuncias que necesitan (invariablemente) de la acción rápida y eficaz de la justicia. Es decir, generada la denuncia, trabada la sospecha del ilícito, cualquier Juez con vocación de servicio, marca los objetivos probables de donde pueda levantar pruebas y ordena allanar en forma inmediata. En si, el allanamiento debe ser un acto judicial sorpresivo, rápido (si se deben realizar más de uno, se deben ordenar todos al mismo tiempo) y busca – fundamentalmente – anular la posibilidad de que se puedan ocultar pruebas, se vacíen oficinas, casas, departamentos o depósitos y se gesta y ordena en la más absoluta reserva. Esto es lo que ordena el procedimiento; nuestros jueces, suelen hacer llamativas interpretaciones del mismo y actuar con suficiente lentitud como para desnaturalizar su objeto, que es la obtención de pruebas para un determinado caso.
Luego de las denuncias de Gerardo Morales sobre el general César Milani, por presunto espionaje interno y particularmente contra el periodista Daniel Santoro, la justicia libró orden de allanamiento en el Edificio Libertador, donde se secuestraron 10 computadoras. Todo bien hasta ahí, solo que esta orden llegó después de cinco días, cuando hubo tiempo suficiente para limpiar el lugar y “acondicionar” las pruebas a la mejor conveniencia del controvertido militar que está acusado de serias violaciones a los Derechos Humanos.
En Santa Cruz pasó algo similar, excepto por las causas que motivaron la intervención de la justicia, que no eran ni remotamente, cuestiones de ese tipo, sino se enmarcaban en causas como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delitos enfocados en cuestiones financieras y políticas.
En este caso, la jueza federal Azquenazi Vera, se tomó su tiempo para, luego de haberse publicado profusamente en la prensa local y nacional, que las oficinas de Austral Construcciones en calle Gregores de Río Gallegos, la base de esa constructora en la Autovía y la chacra de Lázaro Báez en las afuera de la capital, habían sido objeto de vaciamiento de documentación, traslado de computadoras, bolsas y cajas, hacia destinos inciertos, ordenó allanar tres propiedades del empresario K: la estancia Alquinta, donde días antes habían removido con extrema urgencia bolsas y cajas de todo tipo y volumen, que llegaron en camionetas y fueron depositadas allí horas después que se conocieran las fotos de Triviño; los depósitos de calle Guer Aike, el cual lucía impecable con una docena de autos de alta gama y de colección, prolijamente alineados en su interior y la “chacra productiva” que posee Lázaro, después que trabajadores de confianza de Austral Construcciones SA, se dedicaron a modificar el sótano donde funcionaba como tesoro y la readecuaron como vinoteca.
El procedimiento de la jueza, que llegó una semana después, fue una muestra más de lo que puede hacer la justicia, cuando quienes están en la mira de las denuncias, son personas vinculadas al poder político o encubren (como en este caso) negocios obscuros y situaciones inconfesas que, de cualquier forma y usando cualquier medio, pretenden encubrir un crimen.
El allanamiento ordenado por el Juez Ercolini y el Fiscal Di Lelo, buscando pruebas incriminatorias de Milani en tareas de Inteligencia sobre la población civil, efectuado cinco días después de las denuncias, se equipara con la “velocidad” de la Jueza Asquenazi Vera, por actuar en la causa de lavado de dinero. En ambos casos, el procedimiento fue negativo y como está escrito en el manual de procedimientos, las pruebas rescatadas allí serán evaluada de acuerdo al interés que tengan por su aporte a la causa y si de todas ellas, no existen pruebas que ameriten ser tenidas en cuenta, todo habrá sido en vano, pero el procedimiento (tarde, mal y sin el mínimo rigor) se habrá cumplido y a partir de allí el juez tendrá la convicción de que los acusados de esos ilícitos son inocentes: por falta de pruebas fehacientes que vinculen al acusado con el delito que se le imputa.
Estos allanamientos que podríamos llamar “Ligth”, por la liviandad con que se conjugan y se hacen, evidentemente son “para la foto” y buscan cumplir “las formas” ya que constituyen un elemento clave y fundamental para que una causa perdure, caiga o se cierre. Estos jueces lo saben y lo peor de todo, es que actúan como si ninguno de nosotros nos fuéramos a dar cuenta.
Si a Casanello lo apodan “tortuga” por la lentitud demostrada para llegar a tiempo a buscar en “la rosadita” papeles y computadoras que se sacaron tres días antes de las oficinas del poder ¿Cómo llamarles a Ercolini y a Asquenazi?. ¿Será quizás una nueva modalidad de justicia en esta Argentina donde para llegar a algún lado hay que ir despacio, tan despacio que matar, robar y defraudar, no deja rastros?. (Agencia OPI Santa Cruz)
Exacto…tal cual… y mas tratandose de quienes espiaban a otros… serian muy ineficientes… lo peor es que si… la justicia INJUSTA se cree que somo ESTUPIDOS.