25/03 – 09:30 – Consultará cada prueba con todos los consejeros y quiere esperar al caso penal.
Por: Paz Rodríguez Niell
El kirchnerismo apuesta a enfriar , todo lo que le sea posible el caso del juez Norberto Oyarbide en el Consejo de la Magistratura.
Seguirá el camino más forma l. Antes de ordenar cualquier medida de prueba (el radical Mario Cimadevilla ya pidió 13), “circulará” cada una entre todos los consejeros para ver si alguno se opone, informó a LA NACION la presidenta de la Comisión de Disciplina y Acusación, la oficialista Ada Itúrrez.
Después, ella y Carlos Moreno, el consejero a cargo de la causa -también kirchnerista-, resolverán qué medidas disponen. Con los ritmos habituales del organismo, este proceso puede demorar semanas.
Mientras tanto, hoy empezará a correr el plazo de 20 días hábiles (un mes) que Oyarbide tiene, por reglamento, para designar abogado y responder a las denuncias.
Pero es muy probable que, incluso una vez que estén cumplidos todos estos pasos, el oficialismo del Consejo se tome más tiempo para decidir si accede a citar a Oyarbide por mal desempeño. Fuentes del kirchnerismo advirtieron que para ellos es clave lo que pase en la Justicia, que tiene una causa por este caso. “Acá lo importante es determinar qué pasó en ese allanamiento y hay una causa penal que lo está investigando. Ya veremos”, dijo un consejero a LA NACION. Supeditar la investigación del Consejo a los tiempos de la justicia penal podría ser una estrategia inmejorable si el objetivo es dejar correr los meses.
Oyarbide tiene denuncias por lo mismo: haber frenado allanamientos que él mismo había ordenado, después de un llamado del subsecretario de Legal y Técnica, Carlos Liuzzi. Según declaró el juez, Liuzzi se comunicó con él para informarle que los policías a cargo de uno de los operativos habían pedido sobornos. Como la información provenía de “tan confiable fuente” -dijo Oyarbide- paró todos los procedimientos. Según los allanados, el dinero se lo pidieron en nombre del juzgado.
La oposición se queja. Pretendía llamar a Oyarbide como acusado de inmediato, salteando la primera citación que prevé el reglamento.
Mientras tanto, en los tribunales de Comodoro Py, el caso genera enorme revuelo. En el juzgado de Oyarbide los empleados trabajan más que nunca (están “emprolijando” la situación, relató una fuente del edificio). Carlos Leiva, el secretario que era la mano derecha de Oyarbide, fue relegado a tareas menores. Y a la prosecretaria contratada que trabajaba con Leiva, el juez no le renovó el contrato. “Les perdí la confianza”, les dijo. Oyarbide busca deslindar responsabilidad en Leiva.
Y lo que sucede en ese juzgado trasciende al resto del edificio. No sólo por motivos políticos. Comodoro Py es una gran familia. Para reemplazar a Leiva en sus tareas, el juez puso a otra persona del juzgado, Martín Ramos, que es hermano del juez Sebastián Ramos. La prosecretaria que perdió su trabajo es la mujer de un empleado de la fiscalía ante la Cámara Federal. Y Leiva es el marido de Cecilia Feldman, que hasta hace unos meses era secretaria de la fiscalía de Jorge Di Lello.
Más allá del Consejo, el problema central de Oyarbide está, también, en Comodoro Py: es la causa que investiga qué pasó con los allanamientos. La tiene Luis Rodríguez, con despacho a un piso de distancia de Oyarbide. Rodríguez llegó a juez federal con el apoyo del kirchnerismo en la Justicia. Pero algunos de los operadores judiciales que alentaron su designación después tuvieron cortocircuitos con el Gobierno. Incluso, uno de ellos lleva tiempo distanciado de Oyarbide, con quien se peleó por teléfono a los gritos. No es habitual que los jueces se creen problemas entre sí, pero Rodríguez dio señales de que va a avanzar. Eso incluiría ordenar informes sobre los teléfonos de su colega, advierten en su entorno. Este expediente es hoy el frente más preocupante para Oyarbide. (La Nación)
