Impidieron la clausura del Casino de Cristóbal López y hay escándalo en la Municipalidad de Río Gallegos

03/04 – 16:00 – La situación que describiéramos hace unos días, cuando inspectores del área de Bromatología fueron impedidos de poner la faja de clausura a Casino Club, ha comenzado a tener consecuencias internas en la administración del Intendente Raúl Cantín. Acusaciones cruzadas, renuncias, medidas de fuerza y denuncias en off, son algunos de los elementos que circulan alrededor de un hecho que involucra al poder político municipal y preocupa al gremio de los trabajadores del sector.

El 27 de marzo informamos que inspectores de Bromatología de la Municipalidad de Río Gallegos, realizaron un procedimiento en Casino Club de esta ciudad y comprobada una serie de irregularidades, los funcionarios municipales procedieron a iniciar la clausura, acción que fue impedida por una orden política impartida desde la Municipalidad.

Por este motivo y tal como pudo saber OPI, el gremio de los trabajadores municipales (SOEM), ha planteado serios reclamos al Ejecutivo y solicitó por nota, que se inicien los sumarios correspondientes al Jefe de Dirección de Bromatología, Andrés Masias, a la Jefa de Departamento del mismo sector, Marta Alegrinni y a quien personalmente dio la orden a los inspectores de suspender la clausura, el Director General de Desarrollo Comunitario, Alejandro Leal.

“El gremio quiere que el Ejecutivo aclare qué responsabilidad le cabe a cada uno y cómo desempeñaron sus tareas en esa circunstancia”, le dijo a esta Agencia Pedro Mansilla, Secretario General del SOEM y agregó “nosotros pedimos que se instruya ese sumario por incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque está más que claro que alguien dio esa orden e impidió que nuestros inspectores cumplieran con la Ordenanza; ahora lo que pedimos es que se aclare y el que corresponda se haga cargo”, señaló el dirigente.

Todo el personal de Bromatología, en estos momentos, se encuentra con retención de tareas y quite de colaboración, respetando la guardia mínima, pero sin salir a realizar los controles correspondientes. Esto, indicaron las fuentes a OPI, podría poner a la ciudad en una emergencia sanitaria, pues todos los comercios, especialmente de comestibles, no están siendo controlados en este momento.

La orden política

De acuerdo a lo que OPI ha podido reconstruir, en base a declaraciones de personas allegadas al Ejecutivo municipal, una vez que aquella noche, los inspectores le comunicaron al Juez de Faltas y éste los liberó para el procedimiento, la primera cosa extraña que sucedió fue la aparición en el lugar de la Jefa de Departamento de Bromatología Marta Alegrinni, porque esta funcionaria se encontraba con carpeta médica, hecho que la pone “fuera de servicio” y donde quedó más que evidente el “interés especial” que despertó esta clausura, según observa una de nuestras fuentes, que la obligó a estar allí en contra de todo procedimiento.

“Habría que preguntarse qué pasó para que esta mujer, supuestamente con licencia médica, interrumpiera su convalecencia para retomar su función, algo que no se ajusta a la reglamentación de la municipalidad, porque, cualquiera que esté con carpeta médica y sin alta para ejercer la función, no puede presentarse a trabajar”, admitió nuestro informante próximo al Ejecutivo del municipio.

Lo más llamativo de todo esto es que Alegrinni llegó al Casino, fue directamente a reunirse con el gerente de la casa de juego y luego salió de allí y se retiró sin decir nada, pero inmediatamente llegó la orden de Leal de suspender la clausura.

Otra fuente fue mucho más allá y aseguró que desde la oficina de la gerencia, donde estaban reunidos el gerente y Alegrinni, partió una llamada que llegó al teléfono del Intendente Raúl Cantín y que éste, personalmente, habría hablado al Secretario de Desarrollo Comunitario Daniel Álvarez para que baje la clausura y éste, a su vez, se lo ordenó a Leal que la impartió a los inspectores.

Consecuencias

“Nadie se pudo negar (a suspender la clausura) porque era una orden de arriba”, expresó la fuente, dejando claramente evidenciado que existe una complicidad política del Ejecutivo municipal para impedir que se toquen los negocios de Cristóbal López, lo cual ha levantado una ola de disconformidad y disgusto entre el personal de Bromatología, que los animó a elevar una nota con más de 15 firmas al titular del gremio, donde relatan pormenorizadamente lo sucedido.

Tanto Andrés Masías como Marta Alegrinni, han puesto a consideración del Ejecutivo municipal, sus renuncias, pero en asamblea, los trabajadores municipales requieren la presencia del Director General de Desarrollo Comunitario, Alejandro Leal “que es el único que puede (y debe) explicar lo que pasó y de dónde partió la orden para que nuestros compañeros no pudieran cumplir con sus obligaciones y requieren que sea Leal quien les diga cómo trabajar de aquí en adelante”, indicó Mansilla a nuestra Agencia.

La sensación es que el Intendente Raúl Cantín ha tomado mucha distancia del tema y no adopta ninguna decisión de fondo. La sospecha es que el jefe comunal está directamente involucrado en la decisión de suspender la clausura y la otra sospecha que se cierne en sectores del municipio, es que por su lado, Daniel Álvarez, tampoco se ha hecho cargo de la responsabilidad política de explicar lo sucedido, porque no tiene forma de explicarlo sin quedar en evidencia “fíjate que Álvarez hizo algunas declaraciones en un diario local donde pone pauta, pero esquivó el tema”, observó la fuente.

Todos los trabajadores municipales con los que hemos hablado, incluyendo el propio Secretario General del gremio, coinciden en que estos temas, si no se aclaran, resquebrajan la autoridad y los reglamentos. El hecho de existir una orden interna (telefónica) de no proceder acorde a las Ordenanzas, para salvaguardar los intereses empresariales de Cristóbal López, pone al Intendente Cantín en una gran debilidad política al momento de negociar acuerdos con los trabajadores, o de tomar medidas similares con otros comercios de la localidad o bien imponer sanciones por incumplimiento de las funciones públicas de los inspectores de Bromatología de ahora en más. (Agencia OPI Santa Cruz)