07/04 – 09:00 – Fueron presentados en los últimos dos años; la mayoría kirchnerista trabó su tratamiento; incluyen temas como drogas, penas y tenencia de armas.
Por: Laura Serra
Hay de todo. Proyectos de ley para combatir el creciente flagelo del narcotráfico ; otros que proponen elevar las penas de prisión a los delincuentes que ataquen a las personas más vulnerables, como ancianos, niños, mujeres y discapacitados; otros que restringen todavía más la tenencia de armas de fuego, y no falta uno que propone castrar a los violadores. El Congreso acumuló en los dos últimos años más de 130 iniciativas parlamentarias pensadas para combatir la creciente inseguridad, pero que hasta ahora duermen el sueño de los justos.
La interminable ola de robos y homicidios cada vez más violentos, muchos de ellos inducidos por la droga y el narcotráfico, y la sensación de un Estado ausente que da piedra libre a la “justicia por mano propia” , con la irrupción de linchamientos a delincuentes o presuntos delincuentes por parte de gente común, son señales de alarma que el Gobierno ha minimizado.
Sin ir más lejos, en su reciente paso por la Cámara baja, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich , deslindó el problema de la inseguridad en las provincias, no se hizo cargo del avance del narcotráfico y acusó a los medios periodísticos y a la oposición de exacerbar el problema.
Como reflejo de esta apatía, el Congreso aportó poco y nada en estos dos últimos años para combatir la inseguridad; la prioridad para el oficialismo parlamentario han sido las urgencias políticas o económicas del Gobierno. Aun así, logró sancionar la ley contra el femicidio y la que previene los asaltos en salideras bancarias.
También logró aprobar la ley que pena la trata de personas, aunque esta última, increíblemente, aún no fue reglamentada del todo por el Poder Ejecutivo. Sin duda, una cosecha parlamentaria demasiado magra en comparación con la magnitud del problema y, también, en proporción a la cantidad de proyectos que a lo largo de estos dos últimos años aportaron legisladores de distintos colores políticos, pero que jamás vieron la luz.
Habrá que ver qué sucederá durante este año. Por lo pronto, la flamante presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Patricia Bullrich (Unión Pro), ya convocó a una primera reunión para mañana. Su prioridad, avanzar con el diseño de un nuevo Código Procesal Penal.
“Es un tema clave, porque lo importante es agilizar los procesos judiciales que lleven a una condena efectiva, cosa que hoy no sucede y la gente se queja, con toda razón, de que la Justicia es muy lenta y que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra”, explicó Bullrich a LA NACION.
En la agenda de la diputada figura, además, la instauración del juicio por jurados; la violencia en el fútbol ocasionada, a su juicio, por la connivencia entre las barras bravas y los dirigentes futbolísticos, como así también impulsará la instrumentación de juicios ágiles para los delitos flagrantes. Claro que tanta energía y ambición deberán sortear el filtro de la mayoría oficialista que domina la Comisión de Legislación Penal, así como el resto de las comisiones parlamentarias.
Por lo pronto, la diputada kirchnerista Diana Conti, vicepresidenta de la comisión, parece dispuesta a acompañar la agenda propuesta. “De nada vale aumentar las penas de los delitos si antes no contribuimos a que sean más ágiles los procesos judiciales que permitan llegar a la instancia de la sentencia”, razonó Conti, en diálogo con LA NACION.
La diputada Bullrich se propone un plazo de no más de seis meses para elaborar un anteproyecto de reforma del Código Procesal Penal. En el ínterin, evalúa avanzar con leyes puntuales; de hecho, en la comisión que ahora preside hay una pila de iniciativas que esperan tratamiento, al igual que en la Comisión de Seguridad Interior, que preside el ultrakirchnerista Carlos Kunkel.
Estadísticas fiables
Los proyectos ya presentados apuntan ya sea a una problemática puntual (como, por ejemplo, la tenencia ilegal de armas) o bien a diseñar una estructura más integral para combatir el flagelo de la inseguridad. Es el caso del socialismo, cuyo candidato presidencial, Hermes Binner, propone la creación de un “observatorio nacional del delito”, orientado a la producción, en coordinación con las provincias, de estadísticas fiables que permitan construir un plan de acción contra la delincuencia.
También la diputada Bullrich propone un proyecto de ley integral de seguridad pública y ciudadana, que reconoce la prevención social del delito, la participación activa de los ciudadanos en el diseño y la ejecución de las políticas públicas y la colaboración de las actividades de seguridad privada.
Desde el Frente Renovador, la diputada Graciela Camaño fue a lo concreto: propicia, en un proyecto, la imprscriptibilidad de los delitos de homicidio criminis causa, violación seguida de muerte, privación de la libertad seguida de muerte y narcotráfico, y la suspensión de la acción penal hasta alcanzarse la mayoría de edad, cuando la víctima sea menor.
Entre tanta maraña de propuestas que apuntan, sobre todo, a castigar al delincuente, se distingue una iniciativa que se concentra ya no en el que delinque, sino en la víctima. Es un proyecto del ex diputado Gustavo Ferrari (PJ disidente), en el que detalla una serie de derechos y garantías para las víctimas, como la de requerir protección para ella y su familia; la posibilidad de participar en cualquier momento de la investigación judicial de su caso, solicitar copias, aportar información o sugerir medidas de prueba, entre otras posibilidades.
“Imaginar un nuevo sistema penal y de enjuiciamientos penales olvidándose de la víctima es marginar una vez más a aquel con quien la sociedad está en deuda, pues así como se sostiene que el delito nos afecta a todos, colaborar con quien sufrió sus consecuencias es también responsabilidad de todos”, fundamentó Ferrari. (La Nación)
