28/04 – 09:45 – De acuerdo a un informe del diario Clarín, firmado por Nicolás Wiñazky el gobierno nacional le da cobertura e impunidad a través de la Inspección General de Justicia y la Unidad de Información Financiera, entre otros entes, a dos empresas de Lázaro Báez. Impiden el acceso a información de las firmas y le permiten operar salteando normas.
El Gobierno de Cristina Kirchner profundizó la protección estatal a las empresas vinculadas a Lázaro Báez, socio comercial de la Presidenta e investigado por lavado de dinero en la Argentina, Uruguay y Suiza, expresa el diario Clarín, en un artículo firmado por el periodista Nicolás Wiñasky.
La Inspección General de Justicia (IGJ) bloqueó de tal modo el acceso a la información pública de Helvetic Services Group, una de las compañías involucradas en el caso de “La Ruta del Dinero K”, que una abogada que solicitó esa documentación durante los últimos diez meses, Silvina Martínez, acaba de interponer un amparo en la Justicia para conseguirla.
Ese “cepo” informativo en la IGJ jamás había ocurrido en democracia, y también favorece a empresas vinculadas al caso Ciccone.
A esa protección oficial para Báez, se le suman otras, en las que están involucradas la misma IGJ, pero también la Unidad de Información Financiera (UIF), de José Sbatella; y la Secretaría de Energía, de Daniel Cameron, entre otros organismos.
Clarín pudo saber que dos de las petroleras del socio de la Presidenta, Misahar y Epsur, incumplen con las reglas burocráticas que los registros públicos le exigen tener a las sociedades comerciales. Con aval de los Kirchner, esas dos empresas ganaron la concesión para explorar pozos petroleros en Santa Cruz.
Aun así, o a pesar de eso, una de las petroleras de Báez, Misahar, no cumple con las normativas gubernamentales contra el lavado.
Según fuentes que conocen la trastienda de los registros oficiales como la IGJ, las autoridades de Misahar nunca respondieron de modo oficial si son “personas expuestas políticamente”, una regla que la UIF le exige declarar incluso a empleados de clase media o clientes promedio de los bancos.
A esta irregularidad se le agrega otra. A pesar de que funciona hace varios años, y de que explota pozos petroleros en el Sur, Misahar recién hizo oficial un aumento de capital durante este año. Hasta ahora, siempre según lo declarado por la firma al Estado, su capital inicial declarado era sólo de $ 260.
El caso de la protección estatal a Misahar es llamativo por motivos obvios: la familia Báez, propietaria de Misahar, está siendo investigada por el delito de lavado de divisas en el país y el extranjero. En Suiza, por caso, las cuentas de los Báez fueron bloqueadas por las autoridades nacionales una vez que se comprobó la veracidad que tenían las denuncias periodísticas sobre el caso de “La Ruta del Dinero K”.
El caso de la petrolera Epsur, también de Báez, es similar: presentó su documentación ante la IGJ salteando normas, como las publicaciones correspondientes a distintos aspectos que antes debía difundir en el Boletín Oficial.
Dentro del organismo, llamó la atención que las dos empresas iniciaron sus trámites ante el ente en días distintos, pero hoy sus expediente tienen números correlativos, así como si alguna autoridad hubiese sugerido que esas carpetas transiten juntas los controles K.
Una de las personas que padeció y conoce la protección oficial de la IGJ sobre Báez es la abogada Silvina Martínez. Usando sus conocimientos sobre el tema, debido a que se desempeñó como Directora del Registro de Sociedades de ese organismo, presentó el 4 de julio de 2013 un pedido de acceso a la información pública de la compañía Helvetic Services Group. Esa firma investigada en la Argentina, Uruguay y Suiza como la posible compañía mediante la cual la familia Báez lavó millones de euros a través triangulaciones financieras e inversiones de distinto tipo.
El trámite, número 7052976, pasó por diferentes instancias legales dentro de la IGJ. Entre otras cosas, el organismo intentó argumentar su rechazo a la solicitud diciendo que una abogada no tenía “interés legítimo” para acceder a documentos de Helvetic, a pesar de que las reglas que regulan la información pública dicen lo contrario.
Durante toda la democracia, el organismo accedió a brindar los datos de las sociedades a abogados y periodistas, pero desde que estalló el caso Ciccone, que compromete a Amado Boudou, el Gobierno K emitió una circular interna en la IGJ con la que intenta revertir la jurisprudencia sobre el tema. Ese documento, justamente, dice que el peticionante de la información que resguarda el ente debe justificar su “interés legítimo”.
El titular del organismo que impulsó ese tema fue Norberto Berner, militante de La Cámpora. Lo reemplazó Rodolfo Tailhade, otro “camporista”.
Hace pocas semanas, la abogada Martínez decidió recurrir a la Justicia para conseguir lo que la IGJ le niega.
Presentó un recurso de amparo ante el juzgado nacional en lo comercial 7, secretaría 13. (Clarín/OPI Santa Cruz)
