29/04 – 10:00 – Promueve una ley para acotar el poder de los gobernadores sobre la actividad; quiere atraer inversiones.
Por Pablo Fernández Blanco
Los asesores de la presidenta Cristina Kirchner en temas energéticos no tienen ningún cuidado en decirlo: después de la estatización de YPF , consideran fundamental sancionar una nueva ley de hidrocarburos que contemple la situación actual del millonario negocio petrolero, aunque eso implique acotar el poder que hoy tienen los gobernadores sobre la actividad.
El objetivo, dicen los que alientan la medida, es sancionar una norma que favorezca la llegada de inversiones extranjeras y permita recuperar el autoabastecimiento energético. Pero la iniciativa llevaría a una dura puja política, ya que intentará colocar en un lugar mucho más marginal a las empresas provinciales de petróleo. La paradoja es que esas compañías fueron especialmente estimuladas por el ex presidente Néstor Kirchner y por el ministro de Planificación, Julio De Vido.
Una guerra de posiciones comenzó a desarrollarse en las últimas semanas. El propio Miguel Galuccio, presidente de la empresa estatizada, se puso al frente de la discusión y promueve el debate para que se sancione una nueva ley. Lo hizo como respuesta a un movimiento del gobernador neuquino, Jorge Sapag, que asustó a YPF al impulsar un proyecto de ley provincial para que, una vez caducadas las concesiones, vuelvan a la jurisdicción de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), su empresa provincial.
El texto cayó de la peor manera en YPF. Sus allegados consideran que si esa norma fuese aprobada, se terminaría el negocio petrolero en la Argentina, dado que las inversiones requieren un horizonte de seguridad jurídica para ejecutarse, como suelen decir los barones del crudo.
Galuccio le pidió a Sapag hace más de un mes que no mande un nuevo proyecto de ley a la Legislatura. Luego se enfrío el diálogo entre ambos. El presidente de YPF cree que las provincias deben obtener regalías por el desarrollo de los proyectos petroleros y beneficiarse con la inversión de las empresas, pero no aparecer como intermediarios “innecesarios” en el camino.
Sapag, de buena relación con Cristina Kirchner, demoró por el momento la iniciativa y puso paños fríos a la discusión la semana pasada. Sin embargo, mantiene en estudio varios borradores de una futura ley provincial y mantuvo contactos con el gobernador de Chubut, Martín Buzzi, y con el ministro de Economía, Axel Kicillof, para avanzar en un nuevo marco legal.
Al mismo tiempo, sus hombres avanzan en iniciativas para fortalecer a GyP. Hoy por la mañana, su ministro de Energía y Servicios Públicos, Guillermo Coco, comenzará un peregrinaje en el Hilton de Houston, la meca petrolera mundial, para verse las caras con 50 empresarios, entre ellos banqueros y gestores de fondos de inversión. Les ofrecerá asociarse a la petrolera provincial en 11 áreas de la formación Vaca Muerta, el mismo atractivo que utiliza Galuccio para sumar socios internacionales.
Antes de su partida a Houston, Coco habló con LA NACION. “YPF es una empresa y nosotros, un Estado. No siempre los objetivos son los mismos”, explicó. Remarcó que la gobernación de Sapag acompañó el convenio con Chevron (lo cerró YPF y es el mayor anuncio privado de inversión en años), lo consideró “un buen acuerdo” y sostuvo que todos los días la provincia trabaja con la petrolera nacionalizada. Pero defendió su gestión en GyP, de la cual es presidente: “Hoy tenemos activos por US$ 1400 millones, trajimos inversiones de Wintershall, de Exxon y de Shell. Ellos [por YPF] nos ven como un competidor, pero nosotros, no”, explicó.
La senadora Lucila Crexell, del partido de Sapag pero opositora a su gestión y crítica de GyP, sostuvo que la empresa provincial “tiene una legislación hecha a su medida para recibir las áreas por decreto y esquivar controles del Estado. Es una YPF en chiquitito, pero con el privilegio de la normativa jurídica. YPF no tiene esos beneficios”, argumentó.
También reconoció que hay discusiones, incluso con la oposición, para “avanzar en la armonización de ciertas normas. Hay marcos regulatorios en las provincias que muchas veces obstaculizan la inversión”, dijo.
Otras provincias petroleras tienen esquemas similares a Neuquén. Chubut cuenta con Petrominera, y Santa Cruz, con Fomicruz, una firma que fue puesta como ejemplo de desarrollo por Kirchner y De Vido. Todas mantienen asociaciones o intentan cerrarlas con empresas privadas. La propia Enarsa siguió ese camino, con malos resultados.
YPF advirtió sobre las consecuencias negativas para su negocio que tendría esa actitud en el formulario F-20 que envió a fines de marzo a la SEC (el ente regulador del mercado de capitales en Estados Unidos). Sostiene: “Enfrentamos una competencia intensa en las licitaciones de áreas de petróleo y gas”, informó. Y completó: “Algunas provincias, como La Pampa, Neuquén y Chubut, crearon compañías provinciales para desarrollar actividades en la industria. Como resultado, las condiciones a través de las cuales podemos acceder a nuevas áreas exploratorias y productivas podrían verse afectadas adversamente”.
En 2006, el Congreso aprobó la “ley corta” de hidrocarburos, una vieja promesa de Kirchner a los gobernadores. “No existía Vaca Muerta”, dicen. El Gobierno considera que hoy el contexto cambió, por lo que hay que darles seguridad jurídica a las inversiones petroleras para favorecer el crecimiento de YPF, de la cual también son dueñas las provincias. “Es molesto llevar en sociedad a una empresa que no aporta nada, que además transfiere propiedad de la provincia a manos privadas, porque GYP está en la Bolsa. Las provinciales pueden competir por áreas, pero de igual a igual”, explicaron fuentes oficiales. (La Nación)
