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Boudou enfrenta una indagatoria crucial, también para el Gobierno

El Vice Presidente de la Nación Amado Boudou - Foto:
09/06 – 09:30 – Declarará ante el juez Lijo, que lo acusa de haberse apropiado de la imprenta; la instancia de hoy podría definir el futuro del vicepresidente, cuya situación es muy comprometida; preocupación en la Casa Rosada.

Por Hernán Cappiello
Por primera vez en la historia argentina, un vicepresidente en ejercicio de sus funciones, Amado Boudou, el compañero de fórmula que eligió Cristina Kirchner para su segundo mandato, será indagado hoy por la Justicia, acusado de un acto de corrupción.

Boudou deberá presentarse a las 11 ante el juez federal Ariel Lijo, que lo acusa de apropiarse , a través de conocidos suyos, de la imprenta Ciccone Calcográfica, que se dedica a fabricar papel moneda, para hacer negocios con el Estado y con el partido gobernante.

La indagatoria se hará en el tercer piso del edificio de los tribunales de Retiro, en Comodoro Py 2002, donde Lijo tiene su despacho. De los próximos pasos del expediente dependerán el futuro judicial del vicepresidente y los efectos políticos que el caso pueda tener sobre el gobierno de Cristina Kirchner. La Casa Rosada siguió con suma atención los movimientos en la causa, que se aceleró en los últimos días con la decisión de Lijo de adelantar a esta semana las declaraciones indagatorias.

De manera imprecisa, se anunció por Twitter que agrupaciones kirchneristas podrían protagonizar una manifestación para acompañar al vicepresidente, pero ayer no había certezas al respecto debido a las diferencias entre diversos sectores del oficialismo sobre qué actitud tomar ante el trance que atraviesa Boudou.

Contra lo que ocurre en las declaraciones de testigos, que en caso de mentir pueden ser condenados a prisión, la indagatoria se hace sin prestar juramento de decir la verdad, porque ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma.

En el caso de Boudou, será asesorado por el abogado Diego Pirota, del estudio Richarte, y Eduardo Durañona, letrado de confianza del vicepresidente.

Lo inusual de la situación de tener a un vicepresidente declarando como sospechoso en los tribunales federales de Retiro y la versión de una posible movilización kirchnerista hicieron tomar precauciones especiales al presidente de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky, responsable del edificio. En el lugar se dispondrá hoy un operativo de seguridad reforzada. Además, se buscará evitar que haya interferencias con los juicios de lesa humanidad y por la tragedia de Once que se desarrollan simultáneamente.

La indagatoria se realizará en el despacho del juez, ante un secretario letrado, que tomará nota de las expresiones del vicepresidente, de las preguntas y respuestas (si es que accede a contestar), para dejar constancia de ellas en un acta, y estarán presentes el juez, el fiscal, sus colaboradores, el imputado y sus abogados. La indagatoria no es pública y no se televisará, pues el juez Lijo rechazó la pretensión de Boudou de hacerlo, al señalar que el Código prevé que el sumario sea “ajeno para los extraños”.

La acusación

La declaración comenzará con la identificación del imputado, que deberá entregar un documento para volcar sus datos en el acta y luego el juez o el secretario le leerán la acusación. Se trata de un texto de seis carillas en el que se describe que Boudou se quedó con el 70 por ciento de las acciones de la ex Ciccone para beneficiarse al obtener, entre otros, contratos para imprimir billetes y boletas electorales del Frente para la Victoria. Le leerán que, para hacerlo, se reunió con los responsables de la imprenta, Nicolás Ciccone y su yerno Guillermo Reinwick, a quienes le dijo que dejaba en manos de José María Núñez Carmona, socio y amigo del vicepresidente, los detalles para facilitar el traspaso accionario.

Lijo describió el proceso de apropiación de la imprenta, que luego se nacionalizó mediante una ley del Congreso votada con mayoría kirchnerista, en seis etapas: la adquisición de la firma The Old Fund el 1° de septiembre de 2009, el interés de Boudou y su socio Núñez Carmona para quedarse con la imprenta a través de The Old Fund en 2010 y la relación con Alejandro Vandenbroele, representante de esa firma y luego director de la nueva Ciccone; además, el salvataje de la AFIP luego de que Boudou -entonces ministro de Economía- adquirió mediante sus allegados la empresa el 1° de septiembre de 2010 y los esfuerzos por lograr un plan de facilidades para pagar las deudas con el fisco y obtener un certificado del fiscal para hacer negocios con el Estado; la presión sobre la empresa Boldt, que arrendaba la planta de Ciccone, para que dejara la fábrica y rescindiera el contrato; el pase para sacar de en medio a la Casa de Moneda como proveedora de billetes, y por último el contrato con el Estado de la nueva Ciccone, rebautizada Compañía de Valores Sudamericana (CVS), para imprimir 410 millones de billetes, el 16 de abril de 2012.

Boudou cuestionó esta descripción de los hechos que hizo Lijo en su acusación y dijo que es nula porque se basa en pruebas falsas. Hoy, el vicepresidente ratificará esas objeciones, pero la indagatoria seguirá adelante. El planteo de nulidad tramita en forma paralela en un miniexpediente que se realiza por separado y se resolverá más adelante, aun cuando, si es aceptado, puede derivar en la nulidad del eventual procesamiento del vicepresidente.

Primero en la lista

La indagatoria puede durar todo lo que el juez considere necesario e incluso puede suspenderla y permitir que siga otro día, si es que se extiende demasiado. También la defensa de Boudou podría hacerle preguntas al vicepresidente si lo considera necesario para aclarar algún punto o para contrarrestar las preguntas del juez.

La de hoy es la primera de una serie de indagatorias que incluye mañana a Núñez Carmona, el miércoles a Vandenbroele, el jueves a quien fue jefe de asesores del titular de la AFIP Ricardo Echegaray, Rafael Resnick Brenner, y a Guillermo Reinwick, y el viernes 13 a Nicolás Ciccone.

Tras la indagatoria del último de los imputados, el juez Lijo determinará qué delito le imputa a Boudou: si negociaciones incompatibles con su función, como propone el fiscal Di Lello, u otra figura, como por ejemplo cohecho. Lo pondrá por escrito cuando en los diez días hábiles posteriores decida si procesa o no al vicepresidente, una decisión que se conocerá más temprano que tarde, a juzgar por los veloces tiempos que desde la semana pasada Lijo le está imprimiendo al expediente. (La Nación)

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