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Los empresarios redoblan su rechazo al avance oficial

Crece la alerta empresaria por el proyecto para cambiar la ley de abastecimiento
19/08 – 09:35 – Proyectos polémicos en el Congreso El influyente G-6 emitirá un duro documento contra la reforma, que apunta al control de precios. Será antes de que el Senado inicie esta tarde el debate en comisión. La oposición también la rechaza.

Por: Marcelo Helfgot
Con el fantasma de una eventual “chavización” de la economía como telón de fondo, los empresarios del poderoso G-6 se reunirán hoy para formular un rechazo conjunto a la reforma de la Ley de Abastecimiento promovida por el ministro de Economía, Axel Kicillof. La cita es a las 11, en la UIA, horas antes del inicio del debate parlamentario del proyecto, que también es duramente criticado por la oposición.

En el Senado, con la presencia del secretario de Justicia y autor de la letra chica, Julián Alvarez, un plenario de comisiones dará el puntapié inicial a un paquete que Cristina presentó como un avance para los derechos del consumidor. Entre esas iniciativas coló la que dispone regular las “ relaciones de producción y consumo ”, eufemismo con el que busca dar una vuelta de tuerca a la Ley de Abastecimiento, sancionada en 1974 para apuntalar el control de precios y cuya vigencia se discute desde que en 2011 caducó la legislación delegada al Ejecutivo. Ahora, el Gobierno busca reciclarla para combatir la espiral inflacionaria.

El proyecto establece que la Secretaría de Comercio puede intervenir “en cualquier etapa del proceso económico”, estableciendo “márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios o todas o algunas de estas medidas”. Prevé fuertes multas por incumplimiento. Y habilita a los gobernadores y al jefe de Gobierno porteño a fijar precios máximos en sus distritos.

Anoche, las entidades que integran el G-6 le sacaban punta a un comunicado mediante el que –según trascendió– fundamentarán su rechazo al texto, alegando que está inspirado en la Ley de costos y precios justos que se aplica en Venezuela. Sostendrán que la norma interviene en toda la cadena productiva y que resultó desastrosa para la economía de ese país, a partir de unos 22.000 quebrantos y una brecha de 1.100% entre el dólar oficial y el paralelo. También se expedirán contra la aplicación de la Ley Antiterrorista a la imprenta Donnelley (ver pág 7).

La idea es que cada sector exprese en el documento las dificultades de su activiad y se hará hincapié en que lejos de proteger los derechos de los consumidores, los boicotea. En ese núcleo, además de la UIA, se agrupan la Cámara de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la Bolsa de Comercio , la Asociación de Bancos Privados (Adeba) y la Sociedad Rural.

A las fuertes críticas que ya lanzaron autoridades de esas y otras entidades empresarias, se sumó ayer la de Cristiano Ratazzi, titular de Fiat y uno de los vices de la UIA. Calificó la iniciativa como “retrógrada” e “inconstitucional”. La cúpula industrial inistió en su rechazo durante el encuentro que mantuvo el jueves con el secretario de Comercio, Augusto Costa, quien defendió enfáticamente el proyecto. A la salida, la entidad que encabeza Héctor Méndez adelantó su intención de recurrir a la Justicia su la norma es sancionada.

Para que ello ocurra, aún debe atravesar el fuerte debate que se espera en el Congreso. El plenario de cuatro comisiones que abrirá el fuego hoy en la Cámara Alta estará presidido por el radical Luis Naidenoff –titular de Derechos y Garantías– y servirá apenas como muestra. Alvarez, funcionario de La Cámpora de llegada directa a la Presidenta, irá a exponer sobre el proyecto que establece un mecanismo de conciliación y crea un nuevo fuero para los conflictos con usuarios y consumidores. Aunque menos polémico que el de la reforma a la Ley de Abastecimiento, ya varios opositores objetan que avance sobre la autonomía porteña y el funcionamiento de la Justicia en las provincias.

“Vamos a armar una agenda de audiencias para la reforma de la Ley de Abastecimiento, a la que consideramos una herramienta de extorsión a las provincias”, le dijo Naidenoff a Clarín. Otro radical, Julio Cobos, se pronunció ayer contra el proyecto en su primer comunicado conjunto con Hermes Binner, su competidor en UNEN. Siguieron el camino de otros presidenciables, Mauricio Macri y Sergio Massa, el primero en plantear la teoría de la “chavización”. (Clarín)

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