25/09 – 12:30 – La Cámara declaró inadmisible un recurso extraordinario planteado por el ex funcionario.
Por: Omar Lavieri
Ricardo Jaime fue quien decidió la política de transporte del país desde 2003 a 2009. Ordenó subsidios, obras de infraestructura y tuvo una relación de mucha cercanía con los empresarios a los que debía controlar.
Deberá ir a juicio oral y público porque se descubrió que el empresario Claudio Cirigliano, que estaba a cargo de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), le pagó viajes en taxis aéreos para que Jaime pudiera descansar, por ejemplo, en Brasil. Jaime debía controlar, como secretario de Transporte, cómo era el servicio de trenes que brindaba TBA en el Sarmiento y el Mitre.
Jaime, Cirigliano y otras personas fueron procesados en 2010 por el juez Claudio Bonadio. Ese procesamiento fue confirmado por la Sala I de la Cámara Federal. Desde entonces Jaime intenta por todos los medios posibles evitar que se inicie el juicio. Llegó con un planteo a Casación. Pasó tiempo. Llegó con un planteo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y también pasó el tiempo. La Corte resolvió para que se hiciera el juicio, Casación hizo lo mismo, pero las chicanas continúan.
Como la aceptación de dádivas –la manera jurídica de llamar a las coimas- tiene una pena menor, el juicio lo hará un juez federal y no un Tribunal Oral. El juez designado para el juicio es Julián Ercolini, quien hace 20 días había fijado la fecha de inicio del juicio para el 3 de octubre próximo.
Luego de que Ercolini pusiera fecha comenzó otra andanada de presentaciones de los imputados. El juez ya había rechazado otros planteos con el argumento de que lo único que pretendían era “evitar” el juicio oral y público.
La Sala IV de la Cámara de Casación rechazó las nulidades presentadas por Jaime y confirmó el inicio del juicio oral y público que realizará Ercolini desde octubre.
En una decisión unánime de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Gemignani, se declaró inadmisible el recurso extraordinario presentado por Jaime contra la apelación que le habían denegado los mismos jueces. Con esto confirmó el inicio del juicio oral.
Las maniobras dilatorias de Jaime no terminaron con los pedidos que rechazó la Casación. Mientras los camaristas analizaban aquella solicitud siguió haciendo planteos ante el juzgado de Ercolini.
Entre los últimos intentos por demorar la causa se encuentra la recusación de Bonadio, quien hace diez días reemplazó a Ercolini que estaba de licencia. Como Bonadio había procesado a Jaime por las dádivas y estuvo a cargo del expediente del juicio oral durante la ausencia de Ercolini, lo recusaron ya que había resuelto rechazar un pedido de Jaime.
Jaime, según fuentes judiciales, aún no realizó el aporte de pruebas que los imputados deben hacer antes del inicio de un juicio. La defensa de Jaime pidió nuevamente la nulidad del juicio, que no se suspendan los plazos –para que el caso prescriba- y recusaron una vez más a Ercolini.
Uno de los principales testaferros de Jaime, Manuel Vázquez y su hijo Julián, que también irán a juicio, plantearon la nulidad porque no se les había dado vista de los pedidos que hizo Jaime. Y además dijeron que –casualmente- el 3 de octubre tenían otro juicio. Aunque no dieron explicaciones sobre qué trataba el otro caso. La lista de planteos es interminable.
Jaime no quiere ir a juicio. Ya fue condenado por intentar robar pruebas en un allanamiento. Una segunda condena complicaría muchísimo su situación judicial porque tiene abierta una veintena de causas por corrupción. También está en juicio por su responsabilidad en la Tragedia de Once.
La decisión de Casación abre el camino para que el 3 de octubre se siente en el banquillo de los acusados. El juicio será en una sala del más alto tribunal penal del país. Borinsky, el presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal ya asignó una de las dos salas de audiencias para 3 de octubre y para la semana siguiente.
Todo está encaminado para que comience el juicio por un delito de corrupción. Aunque no se descarta una maniobra dilatoria de último momento. En Tribunales corría la versión de que algunos abogados de los imputados podrían renunciar a la defensa horas antes del inicio del juicio. Y como una persona tiene que tener defensor, que además, conozca el caso, lograrían demorar el juicio. Intentarán todo lo posible para que el caso prescriba. Y que prevalezca la impunidad. (Infobae)
