21/08 – 09:20 – A partir del 24 de septiembre, en un mismo debate se juzgará al ex funcionario por haber recibido dádivas de dos empresas.
Por: Omar Lavieri
Ricardo Jaime tendrá un mes de septiembre agitado desde el punto de vista judicial. Está programado para que el próximo mes comiencen los alegatos en el juicio oral y público por la Tragedia de Once. En esa etapa los acusados -entre ellos Jaime- deben estar presentes en el juicio. Desde mayo de 2014 que Jaime no asiste al juicio oral y público por el choque en que murieron 51 personas.
Y el 24 de septiembre Jaime se debe sentar en el banquillo de los acusados en otro juicio. Por otros dos casos de corrupción de la época en la que fue secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner.
El juez Julián Ercolini, quien realizará el juicio, fijó fecha para que Jaime, alguno de sus testaferros y empresarios a los que debía controlar, sean juzgados por el delito de dádivas. La traducción a un lenguaje más llano podría ser “coimas”.
Se comprobó judicialmente -a partir de la denuncia del ex Fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido- que Jaime viajaba en taxis aéreos algunos fines de semana largo a lugares de descanso. Y esos aviones eran pagados por la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) que, por ejemplo, explotaba el Ferrocarril Sarmiento hasta la Tragedia de Once. Un caso de corrupción. La empresa que era “controlada” por Jaime y que recibía millones en subsidios, le devolvía al funcionario una gratificación.
El otro caso es similar. La justicia -luego de una revelación periodística- comprobó que el alquiler de los departamentos donde vivió Jaime mientras fue secretario de Transporte (2003-2009) era pagado por ejecutivos de la firma Terminal de Buenos Aires (TEBA) que explota la Terminal de Ómnibus de Retiro. Mes a mes, los empresarios abonaban el costo del alquiler del departamento que se ahorraba de pagar Jaime. Otro caso de corrupción. Quien debía controlar al concesionario, era sobornado con el pago del alquiler. Jaime, en retribución, le otorgó a TEBA la prolongación de la explotación del millonario negocio de la Terminal de Retiro desde 2006 hasta este año.
El juicio, en principio, se iba a realizar por separado por cada uno de los casos. Pero ante el razonable pedido de Jaime, el juez fusionó los dos casos en un solo juicio y pasó su comienzo para septiembre. El delito de dádivas tiene una pena baja que va de un mes a dos años de prisión para el funcionario público que recibiera las “gratificaciones” y de un mes a un año para el funcionario que las entregara.
El juicio presenta tres alternativas
-Que se realice el debate oral y público con todos los imputados sentados en el banquillo. Que el fiscal Guillermo Marijuán acuse y que el juez Ercolini condene o absuelva.
-Que algunos de los imputados pidan una “probation” o suspensión del juicio a prueba. Este instituto no está permitido para los funcionarios públicos. De modo tal que Jaime no puede aspirar a lo mismo que los empresarios que -bajo ciertas condiciones- pueden evitar el juicio a cambio de realizar tareas comunitarias.
-Que Jaime (o alguno de los imputados) pacte con el fiscal Marijuán un juicio abreviado. Es decir que se declara culpable, le dictan una condena y una pena, pero no es sometido al juicio oral y público.
Si Jaime fuera condenado en este juicio por dos casos de corrupción, sería la segunda condena. Ya tiene una condena confirmada de seis meses de prisión por el intento de robo de pruebas en el caso en el que se lo investiga por enriquecimiento ilícito.
Desde hace unos días, cuando Ercolini fijó la fecha del inicio del juicio de los dos casos en conjunto, está todo listo para que comience el debate. El fiscal tiene todo preparado para el juicio oral. Si los imputados quieren realizar un acuerdo con Marijuán -explican en Tribunales- las puertas están abiertas, como sucede en todos los casos judiciales que llegan a juicio oral y público. (Infobae)
