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Los diplomáticos denuncian que los quieren reemplazar por camporistas

Timerman amenazó con expulsar al jefe de la embajada de Estados Unidos
15/10 – 10:00 – La asociación de profesionales del servicio exterior envió una dura carta a Timerman; advierte allí que se cubrirán vacantes en puestos de carrera con administrativos.

Por: Martín Dinatale
Una nueva batalla entre el Gobierno y los diplomáticos de carrera de la Argentina acaba de estallar. La Asociación Profesional del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación (Apsen) envió ayer una dura carta al canciller Héctor Timerman en la que denunció una “invasión en lo funcional” y una violación legal del Palacio San Martín en el llamado a concurso para ocupar 351 cargos vacantes en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El cuestionamiento de fondo es simple: los diplomáticos sostienen que en el llamado a concurso que hizo Timerman hay unos 200 casos en los que se convoca a personal administrativo común para cumplir tareas propias del servicio exterior o de funcionarios de carrera.

En la misiva que emitió el Apsen, que nuclea a 900 diplomáticos sobre un total de 1000, subyace una fuerte denuncia del personal de carrera que infiere que en funciones que les son propias serán reemplazados por referentes de la agrupación kirchnerista La Cámpora. El señalamiento no es impostado si se tiene en cuenta que, en los últimos años, el Palacio San Martín fue testigo de un fuerte avance de funcionarios camporistas, sobre todo en las áreas de Comercio Exterior y Relaciones Económicas Internacionales, todas éstas bajo el mando de Carlos Bianco. Así, la denuncia del Apsen señala que el avance de empleados que no son diplomáticos supone un claro involucramiento en el diseño y la ejecución de la política exterior.

“Ningún puesto concursado en el marco del sistema nacional de empleo público debería invadir responsabilidades y funciones específicas del personal diplomático. Sin embargo, un importante número de cargos concursados resulta susceptible de objeciones, por esa y otras razones”, dice la carta de nueve páginas que envió el presidente del Apsen, Eduardo Mallea, al canciller Timerman.

El jefe del Palacio San Martín convocó en mayo pasado a un concurso para incorporar 755 puestos en la planta permanente de la Cancillería. El Apsen realizó un profundo análisis de cada uno de los comités de selección en esos llamados a concursos y determinó que en más de la mitad de los 351 puestos para el área de carrera del servicio exterior “se ha incurrido en un exceso que afecta al régimen de carrera establecido por la ley 20.957”. Es decir que se intenta cubrir con personal administrativo del empleo público nacional vacantes propias para un diplomático de carrera.

De esta manera, en la carta a Timerman los diplomáticos reunidos en el gremio del servicio exterior destacaron que “ello configura no solamente una invasión en lo funcional, sino también una violación legal como vicio invalidante […] implicando que las resoluciones ministeriales que fijaron las bases del concurso adolezcan de nulidad absoluta total o parcial y correspondiendo su revocación de acuerdo”.

Según pudo saber LA NACION, la decisión del Apsen de elevar una carta de queja consumió varios meses de análisis y discusión interna. Pero finalmente ayer se envió la misiva en la que se le pide al canciller que “respete la diferenciación de nuestro régimen de carrera y que se mantenga la necesaria y adecuada especificidad, que comporta una evidente diferenciación entre el régimen del servicio exterior de la Nación y el sistema nacional de empleo público”.

En el análisis exhautivo que hizo el Apsen de los llamados a concurso para ocupar vacantes se determinó un importante número de puestos concursados con “incompatibilidades” frente al régimen especial del personal diplomático.

De esta manera, se observó que en diversos perfiles se exigen títulos profesionales de determinadas carreras con exclusión de otras que podrían ajustarse al perfil requerido. Así, por ejemplo, se encontraron requerimientos de título de “ingeniero” como requisito para el cargo de experto en Políticas de Integración Industrial del Mercosur, y el de “abogado” para el experto en Gestión de Políticas de Cooperación Internacional, cuando no es indispensable dicha profesión para el rol de administrar la cooperación.

Según los funcionarios de carrera de la Cancillería, estas definiciones dejan en claro que algunos puestos concursados en las categorías “A” y “B” (embajadores y ministros plenipotenciarios) alcanzan a las secretarías de Estado de Coordinación y Cooperación Internacional, de Relaciones Exteriores y de Relaciones Económicas Internacionales. Así, dijeron, se invaden ámbitos que la ley 20.957 reserva al servicio exterior.

En definitiva, el Apsen marcó que “no se requiere incorporar otros profesionales superiores, especializados o de alta especialización o pericia, toda vez que ya existen funcionarios suficientes, pertenecientes al servicio exterior en total capacidad como para cumplir las funciones descriptas en los puestos concursados”. Anoche, Timerman no había respondido aún la carta del Apsen. (La Nación)

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