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Se extiende la toma en Merlo y el intendente electo culpó a Othacehé por el “caos social”

Se extiende la toma en Merlo y el intendente electo culpó a Othacehé por el "caos social"
10/11 – 09:50 – Gustavo Menéndez advirtió que el jefe comunal saliente instó a la ocupación de un predio que tiene “el doble” de superficie que el Parque Indoamericano. También lo responsabilizó de vaciar la administración local.

El municipio de Merlo ingresó en un oscuro contexto de ingobernabilidad. Y el principal apuntado es su intendente saliente Raúl Othacehé (PJ), quien perdió las elecciones pasadas y deberá dejar su cargo el 10 de diciembre. Su adversario en la interna del Frente para la Victoria y jefe comunal electo, Gustavo Menéndez, lo responsabilizó de instigar una masiva toma de tierras en el distrito y de tomar diferentes medidas presupuestarias para “vaciar” al municipio.

De acuerdo a la denuncia e imágenes áreas de la zona ocupada, serían unas tres mil familias que en los días previos a las elecciones del pasado 25 de octubre se instalaron en un predio de 60 hectáreas sobre la ruta 1003, en el Barrio Nuevo de la localidad de Libertad.

La primera ocupación ocurrió el 21 de octubre, en un predio destinado a un plan federal de 340 viviendas sociales. Días después, se organizó otra toma en un terreno lindero, una finca de propiedad privada. Al igual que en otras usurpaciones, la maniobra incluye la venta ilegal de los terrenos y su loteo.

“Los vecinos dicen que son punteros políticos del oficialismo que se va el 10 de diciembre. Lo llamativo es que llenan esas tomas con afiches nuestros como si fuéramos nosotros los instigadores, si esto fuera así flaco favor nos haríamos al generar semejante caos social a 20 días de tener que asumir”, afirmó hoy Menéndez.

“Esto está organizado desde el oficialismo (Othacehé), no hay nadie de la oposición con la capacidad de hacer estas barbaridades. Hay imágenes áreas aterradoras que muestran que la ocupación es doble a la del Parque Indoamericano”, agregó.

“La ocupación es doble a la del Parque Indoamericano”, señaló el intendente electo Menéndez en alusión al asentamiento producido en la Capital Federal en 2010.

En diálogo con radio La Red, el jefe comunal electo planteó que como municipio buscarán una política habitacional y soluciones para las necesidades básicas insatisfechas, aunque rechazó la ocupación de tierras como método: “El límite es la ley. De ninguna manera se la puede infringir por un estado de necesidad. Hablamos con los vecinos del barrio y tienen miedo, hay 30 o 40 tomas organizadas intentando generar caos social”.

En la zona, los servicios básicos están suspendidos y no circulan ambulancias, colectivos ni patrulleros. Los vecinos denuncian que aumentaron los delitos cerca de la ruta y que hubo hasta un herido de bala.

Detrás de la maniobra está la sospecha de que, en el terreno destinado al plan de viviendas, se pretendió cubrir “un desfalco millonario en contra del erario nacional”. “Según algunos empleados del municipio es para cubrir unos faltantes que tenían las viviendas. El encargado de administrar las obras es el municipio y responsable de emitir los certificados de obras. Parece que hubo una “sobre certificación” y un giro de dinero que no correspondía. Lo que se pretendió con la toma es tapar esa situación y echarle la culpa a los usurpadores”, consideró Menéndez.

El intendente electo informó que ya presentó una denuncia en la Justicia y distintos organismos provinciales para que para que se intervenga en el conflicto.

La preocupación no solo se limita a la sospechosa toma de tierras. También hay un estado de alarma por las decisiones administrativas que tomó Othacehé tras la derrota electoral del 25 de octubre y que inflaron el presupuesto a límites de lo inviable.

Entre las medidas implementadas, Othacehé pasó de plumazo a planta permanente a 2000 empleados públicos que estaban con “contratos basura”, aumentó los sueldos de los funcionarios en un 70 por ciento, incrementó la antigüedad del 2 al 5 por ciento a los empleados municipales, y creó la creación de tres juzgados de Faltas y una Defensoría del Pueblo, entre otras dependencias.

“Estamos yendo a la justicia y presentando los amparos” para frenar estas acciones, aseguró Menéndez. (Infobae)

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