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18/11 – 09:30 – El juez Bonadio dispuso la medida con el apoyo de la Policía Metropolitana; se secuestraron documentos vinculados con maniobras que, según la oposición, que hizo la denuncia, constituyen una estafa a la entidad.
Por: Paz Rodríguez Niell
En las vísperas del ballottage, el juez federal Claudio Bonadio avanza con un nuevo expediente contra el Gobierno: allanó la sede del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para investigar a su presidente, Alejandro Vanoli, denunciado por la oposición por la venta de dólares a futuro.
Bonadio le encomendó el operativo a la Policía Metropolitana, que depende de Mauricio Macri. Fueron cinco horas de allanamiento (empezó minutos después de las 13 y terminó a las 18) y los enviados del juez se llevaron pilas de papeles, entre ellos documentos respaldatorios de las ventas, listados de contratantes y condiciones de los contratos.
El presidente del BCRA está acusado de haber vendido dólares a futuro muy baratos, muy por debajo de los valores del mercado, en violación de la Carta Orgánica del banco, generando así un “grave perjuicio” a las arcas públicas.
Vanoli es un hombre con el que Macri espera no tener que convivir si gana el domingo. Quiere que se vaya. Dijo que si tiene “dignidad”, Vanoli debe renunciar. El avance de este caso colabora. No sólo por el desgaste que implica para el funcionario. También porque el Poder Ejecutivo puede echar al director del BCRA por decreto en casos de “mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Sólo necesita el “previo consejo” de una comisión del Congreso. Una causa avanzada es una prueba muy útil para quien pretenda acreditar un mal desempeño de Vanoli. Él lo sabe y esta semana, por primera vez, dijo que podría dejar el cargo si Macri quisiera, por ejemplo, devaluar un 50 por ciento la moneda.
Si gana Scioli, en cambio, no hay planes de echarlo.
La causa que instruye Bonadio se inició por una denuncia de los diputados Mario Negri (UCR) y Federico Pinedo (Pro), presidentes de sus respectivos bloques, que acusaron a la conducción del BCRA del delito de “defraudación por infidelidad” contra la administración pública.
Sostuvieron que Vanoli había autorizado la venta a futuro de dólares “que no tiene”, fijando de antemano “un valor muy por debajo del que correspondería”. Según la denuncia, los está vendiendo a 10,65 pesos, menos de lo que paga la gente por el “dólar ahorro” y mucho menos de los 14 o 15 que se pactan en el mercado de Nueva York con un plazo similar.
La denuncia fue presentada el último día hábil de octubre. Desde entonces, el fiscal Eduardo Taiano impulsó la investigación y declararon los primeros testigos: Alfonso Prat-Gay y Martín Redrado. Ellos explicaron cómo funciona la operatoria. Redrado dijo además en qué área del banco estaban los documentos y ayer Bonadio mandó a la Metropolitana a buscarlos allí.
Ayer por la tarde, el BCRA emitió un comunicado y sostuvo que Bonadio ya tenía en su poder los papeles que ordenó secuestrar porque las propias autoridades del banco se los habían llevado a los tribunales; una parte el jueves pasado y otra, ayer por la mañana, “con anterioridad a la medida dispuesta por el juez”.
Fuentes del juzgado respondieron que querían además otros papeles y que el allanamiento “ya había salido” cuando el BCRA hizo su presentación.
Nadie duda de que Bonadio eligió el camino hostil. Pocos días antes de las elecciones, cuando los habitantes de Comodoro Py suelen guardar en el freezer sus causas más calientes, envió a la Metropolitana a la sede del BCRA, y lo hizo sin preludios: con una orden de allanamiento directo. Cuando los jueces quieren ser más suaves, suelen recurrir a una “orden de presentación con allanamiento en subsidio”, y la policía sólo allana si no le quieren dar los papeles.
Cerca de las 21.30, la Presidenta deslizó una intencionalidad política y económica detrás de la decisión de Bonadio. Habló por Twitter de la posibilidad de un “hecho inédito: una corrida cambiaria judicial” (ver aparte) “¿O tal vez la devaluación que Macri no se anima a contar…la quiere hacer por vía judicial?”, se preguntó Cristina Kirchner.
En los últimos tiempos, Bonadio se convirtió en un enemigo feroz para el Gobierno. Fue él quien irrumpió en las oficinas del Sur de la familia Kirchner para hacerse de documentos sobre sus negocios hoteleros (en ese caso, también con la Metropolitana, pero con una orden de presentación) con el propósito de avanzar en el caso Hotesur, donde se investiga a la Presidenta y su entorno más íntimo por presunto lavado de dinero. Tres días después, Bonadio fue apartado de la causa.
Esta semana, en forma paralela a este expediente, tiene previstas audiencias en otro caso de impacto político: la causa por el plan Qunita. Ayer debió presentarse en su juzgado el ministro de Salud, Daniel Gollan; para hoy está convocado su antecesor, el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, y mañana, para cerrar la ronda, Bonadio citó a Aníbal Fernández. (Infobae)
