17/08 – 10:00 – Se presentó ante un plenario de comisiones de Diputados, donde recibió fuertes críticas por el monto y el modo de los incrementos tarifarios; dijo que no habrá rectificación y que su aplicación fue “gradual”
Por: Gabriel Sued
Los embates de la oposición, fuertes y de lo más variados, no lo hicieron retroceder ni un centímetro. En una reunión de más de ocho horas, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, reivindicó en la Cámara de Diputados el aumento de tarifas, insistió en que la medida fue “gradual” y reafirmó que no se necesitaban audiencias públicas para aplicar los incrementos. Anunció además que no piensa renunciar.
Ante una sala desbordada de gente, en la que cada intervención era acompañada por aplausos o abucheos, el funcionario también debió defenderse frente a los cuestionamientos por su doble rol como ministro de Energía y accionista de la petrolera Shell: reconoció que tiene esos valores en el exterior, pero aseguró que, en cumplimiento de la ley de ética pública, él y sus funcionarios no intervienen en decisiones que afectan a las empresas con las que están o estuvieron vinculados.
Los argumentos del ministro tampoco convencieron a la oposición, que le reprochó la falta de criterios objetivos para determinar los aumentos, la ausencia de un análisis del impacto del incremento sobre la sociedad y la decisión de subir el precio que se les paga a las empresas productoras. Además, un sector volvió a denunciar al funcionario por incompatibilidad en el ejercicio del cargo y le pidió la renuncia. “A mí me puso y me saca el Presidente. No tengo que renunciar absolutamente a nada”, respondió ante un planteo del sanluiseño Luis Lusquiños.
El resultado de la reunión fue que el Gobierno no encontró una solución política en el Congreso y que sólo resta esperar la decisión de la Corte Suprema. La antesala de ese fallo fue el plenario de cuatro comisiones: Presupuesto, Obras Públicas, Defensa del Consumidor y Energía. El presidente de esta última, Julio De Vido, fue el gran ausente del día. Consciente de que el oficialismo iba a tomarlo como blanco, el ex ministro de Planificación Federal se excusó por medio de una carta.
En su presentación introductoria, Aranguren resumió los argumentos del Gobierno. “Como la única verdad es la realidad -dijo, citando a Juan Perón-, la realidad que nosotros hemos recibido es que en estos últimos 12 años la Argentina pasó de tener energía abundante y barata a tener energía escasa, importada y cara. El sector que recibimos manifestaba un gran desorden en su funcionamiento, con rol y responsabilidades equivocados, alta irresponsabilidad.”
Aranguren ante los Diputados
Auxiliado por imágenes y cuadros, enseguida afirmó que el tarifazo “se hizo de la forma más gradual que permitía la grave herencia recibida” y argumentó que “las tarifas eléctricas siguen estando en el 25 por ciento de las tarifas promedio de Chile, Brasil y Uruguay” y que las de gas se ubican, después de los aumentos, en el 18% de lo que se cobra como promedio en esos tres países. Para justificar la ausencia de audiencias públicas, dijo que no eran necesarias para fijar el precio del gas en boca de pozo y que un decreto de enero de 2003 autorizaba a implementar “ajustes transitorios” hasta la revisión tarifaria integral, para la cual se citó a audiencias en octubre.
La primera en poner al ministro contra las cuerdas fue la presidenta del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño. “¿Cuáles son los compromisos de inversión de las empresas a las que se les aumentó el precio de gas en boca de pozo? ¿Qué estudios realizó el ministerio sobre la capacidad de pago de los usuarios? ¿Cuál fue el aumento de la rentabilidad de Shell?”, fueron algunas de sus preguntas.
El Frente de Izquierda también apuntó a una presunta incompatibilidad y denunció una “extorsión” del Gobierno por la advertencia de que un fallo adverso de la Corte podría afectar las obras públicas. El FAP exigió investigar el destino que les dieron las empresas a los subsidios. El Bloque Justicialista coincidió en que era necesario un ajuste, pero reclamó alivianar el impacto para los pobres y las pymes.
Favorecido por el esquema de la reunión, que le permitía al ministro responder en bloque después de las preguntas de cinco diputados, Aranguren se permitió un contragolpe: recordó que el decreto de 2003 que autorizaba incrementos transitorios llevaba la firma de Camaño como ministra de Trabajo. “La chicana conmigo no va. Ojalá tomaran los instrumentos de trabajo que planteamos en la crisis”, respondió ella.
Otra discusión fuerte estuvo centrada en el precio del gas en boca de pozo, que el Ministerio de Energía aumentó en marzo. José Luis Gioja, del Frente para la Victoria (FPV), desafió al ministro a que le dijera cuál era el precio en la actualidad. Aranguren se resistió a dar una cifra, dijo que dependía de la cuenca y de la empresa.
En otro contraataque recordó que durante la gestión de Axel Kicillof en el Ministerio de Economía se había acordado con YPF un “precio sostén” para el gas en boca de pozo. Tras argumentar que el objetivo de esa medida era promover la producción de hidrocarburos, Kicillof lanzó la que presentó como “la pregunta del millón”: “¿El Gobierno va a escuchar a alguien y va a ir para atrás con el tarifazo?”. Aranguren insistió en que el Gobierno escucha. Pero ratificó que no habrá marcha atrás, salvo que lo ordene la Corte. (La Nación)
