07/09 – 09:20 – Busca por esa vía suspender la acción penal en su contra; es por $ 300 millones en impuestos que debe
Por: Hugo Alconada Mon
El empresario Cristóbal López anunció a la Justicia que se acogerá a la moratoria fiscal que lanzó el gobierno de Mauricio Macri. Buscará así suspender la acción penal en su contra por la multimillonaria evasión de impuestos y, de completar los pagos, eliminar para siempre el riesgo de terminar en prisión.
De concretarse, la decisión del “zar del juego” se acotará a las acusaciones que afronta por la presunta evasión por cerca de $ 300 millones de los impuestos a las ganancias e IVA, como también por retener los pagos de aportes de sus empleados. Pero no abarcará, al menos por ahora, los casi $ 8000 millones que le adeuda a la AFIP por el impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC), como reveló LA NACION el 13 de marzo pasado.
La estrategia de López, sin embargo, también apunta a resolver esa deuda fiscal y los problemas penales que ya le generó. Para eso, su abogado Carlos Beraldi sostiene que el fuero competente para juzgarlo es el penal económico, en desmedro del federal. Lejos de tratarse de una cuestión técnica o académica, el fuero que investigue a López resultará decisivo para su futuro judicial.
En el fuero federal se acusa al empresario de participar como “partícipe necesario” en una defraudación contra la administración pública. Es decir, que de ser condenado afrontaría las mismas penas que sus supuestos protagonistas. En este caso, Ricardo Echegaray, Rubén Toninelli y otros funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
En el fuero en lo penal económico, por el contrario, López afronta una investigación basada en el régimen penal tributario que le ofrece más oportunidades para suspender o solucionar sus problemas legales si cancela sus deudas con la AFIP. Y López quiere avanzar por esa senda.
Voceros de López y de su socio en el Grupo Indalo, Fabián de Sousa, confirmaron a LA NACION que ésa es la senda que buscan recorrer. “La idea es incorporar los impuestos que correspondan, aunque el primer paso requerido es que se haga un relevamiento total de las deudas porque hay impuestos que la AFIP reclama que ya están pagos. A partir de ahí, se resolverá”, indicaron.
Para eso, López y De Sousa pidieron a la jueza en lo penal económico, Verónica Straccia, que ordene un peritaje contable o que la propia AFIP determine “cuáles son los períodos por los que subsiste la imputación penal” tras la sanción de la ley 27.260, que impulsó Macri para el pago de los reajustes a jubilados, el blanqueo y la moratoria. Porque, afirmaron, esa norma y las resoluciones 3919 y 3920 de la AFIP “han modificado la base fáctica del presente proceso”.
Las defensas de López y De Sousa le anticiparon además a la jueza Straccia que “en caso de subsistir alguna imputación penal”, la “decisión” de las empresas Inversora M&S y Oil M&S del Grupo, por ejemplo, es “acogerse a los beneficios de la moratoria fiscal regulada por la ley 27.260 y demás normas complementarias”.
La estrategia judicial del Grupo Indalo, sin embargo, es más amplia:
* En otro expediente paralelo que también tramita en el juzgado de Straccia, pero por los $ 8000 millones de deuda fiscal por el ITC, la jueza se declaró incompetente y ordenó remitir la causa a los tribunales de Comodoro Py. Pero la defensa de López apeló su decisión y ahora la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico deberá definir qué fuero es competente.
* En el fuero federal, mientras tanto, el juez Julián Ercolini había citado a López y a De Sousa a indagatoria para fines del mes pasado, pero dados el planteo de competencia que ahora debe definir la Cámara en lo Penal Económico y un pedido de las defensas, Ercolini postergó esas audiencias unas semanas y se concretarán este mes.
* En materia comercial, López defiende la competencia del juzgado de Comodoro Rivadavia para tramitar el concurso de acreedores de Oil Combustibles. Allí, en su pago chico, es donde los socios del Grupo Indalo quieren que se dirima cualquier planteo de sus acreedores. Y, en esa línea, el juez a cargo del concurso, Gustavo Toquier, llegó a ordenar el 6 de junio pasado el levantamiento de las medidas cautelares dispuestas por la justicia en lo contencioso administrativo federal antes de que la Corte Suprema le ordenase que enviara de inmediato el expediente a Buenos Aires e impidiera nuevos movimientos. (La Nación)
