28/09 – 09:50 – La empresa insignia de Báez será investigada por un perito de la Corte
Por: Hugo Alconada Mon
La Justicia ordenó ayer la intervención de Austral Construcciones, el corazón de los negocios de Lázaro Báez, y dispuso que un perito de la Corte Suprema participe como “coadministrador” en las gestiones diarias de la constructora.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial tomó esa decisión a pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ), luego de que Báez y sus colaboradores se negaran a entregar los balances de Austral y documentación adeudada en los últimos cinco años.
Según decidieron los camaristas Juan Garibotto, Julia Villanueva y Eduardo Machin, el interventor será un perito de la Corte “especializado en casos de corrupción y delitos contra la administración pública”. Entre otros motivos, para determinar “quiénes son los socios”. Es decir, los verdaderos dueños de la firma.
Los camaristas convalidaron, así, la decisión que había adoptado el juez de primera instancia en lo Comercial, Alberto Aleman, tras analizar el pedido de las nuevas autoridades de la IGJ contra la constructora de Báez, quien se encuentra detenido desde abril.
Mediante una resolución del titular de la IGJ, Sergio Brodsky, a fines de junio pasado, el organismo dispuso someter a Austral Construcciones a una “fiscalización estatal permanente” y solicitó su “intervención judicial”, además de imponerle una multa de $ 60.000.
La IGJ también intimó a Austral Construcciones a entregar en el plazo de 15 días hábiles sus balances pendientes desde 2011 “y los libros societarios y contables rubricados de la sociedad”.
La ofensiva de la IGJ se inició a partir de una presentación de la diputada Margarita Stolbizer ante la Jefatura de Gabinete. Allí cuestionó la inacción de la IGJ durante los últimos años ante Austral, que a su vez afronta múltiples embargos y al menos un pedido de quiebra.
Las nuevas autoridades de la IGJ verificaron la denuncia de Stolbizer, intimaron a la constructora y, ante el silencio, resolvieron presentarse ante la Justicia.
Ahora, la Cámara convalidó la petición oficial. El perito de la Corte contará con amplias facultades para, por ejemplo, “requerir las medidas judiciales necesarias para investigar las cuentas que esos sujetos tengan en la República o en el extranjero”.
Los camaristas también ordenaron que el interventor verifique los verdaderos dueños de la empresa. Para eso le indicaron que deberá “informar acerca de quiénes son los socios (internos -directos o indirectos- y externos), como así también obtener información de todas las personas que hayan actuado por ella o para ella”. (La Nación)
