11/10 – 09:40 – Desde distintas fuerzas exigieron una auditoría ante las evidencias de un manejo discrecional en el otorgamiento de subsidios; pedirán informes a Desarrollo Social
Por: Gabriela Origlia
En amplios sectores políticos, incluidos algunos socios de Pro en Cambiemos, hubo consenso ayer en que el sistema de pensiones no contributivas por invalidez debe revisarse de manera integral. Incluso reclamaron analizar cambios profundos para limitar al máximo la posibilidad de que se otorguen como parte de esquemas de clientelismo político.
La reacción se produjo después de que LA NACION revelara, sobre la base de datos oficiales, que en la Argentina se pagan 1.037.931 de estos subsidios, número equivalente al 6,9% de la población económicamente activa (PEA).
En el norte del país -donde también se registran las mayores tasas de pobreza- el porcentaje es significativamente más alto: en Santiago del Estero cobra estas pensiones el equivalente al 35% de la PEA; en Formosa, el 31,96%, y en Chaco, el 30,7%.
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Consultada por este diario, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, prefirió no hacer comentarios. Desde su cartera indicaron -al enviar los datos- que hubo una revisión y que los trámites están avalados por los certificados firmados por un médico y una trabajadora social.
El diputado y jefe del interbloque de Cambiemos, el radical Mario Negri, prepara un pedido de informes a Desarrollo Social, cartera que otorga las pensiones no contributivas, para que “profundice” la información.
“Sin que signifique generar alarma a nadie -dijo Negri a este diario-, habrá que hacer una revisión del esquema para analizar compatibilidades y restricciones. Hace mucho tiempo se realizó y quedaron muchas afuera; puede ser positivo establecer parámetros nuevos. Las cifras revelarían que hubo un manejo discrecional.”
Las pensiones de este tipo son incompatibles con el trabajo formal y, para acceder, el beneficiario debe demostrar el 76% o más de incapacidad laboral. Es alta la correlación entre el porcentaje de gente que recibe esta ayuda y la proporción de quienes, teniendo edad para trabajar, no lo hace ni busca empleo. El vínculo entre subsidios y retiro del mercado de trabajo está liderado por los distritos del NEA y el NOA.
El senador radical formoseño Luis Naidenoff Petcoff fue directo: “Se las usó desde el poder como una herramienta para suplir la incapacidad del Estado de generar condiciones para que hubiera empleo y oportunidades. Los ciudadanos no son responsables, muchos creyeron recibir una beca o una ayuda puntual y cuando tienen la chance de trabajar advierten que no lo pueden hacer. El Estado instrumentó un aparato de fraude”.
Cambio de parámetros
En Formosa se pagan 42.252 pensiones no contributivas por invalidez, número que equivale al 10,06% de su cantidad total de habitantes. Para el legislador hay que revisar la construcción jurídica actual; es un “sistema muy complejo, pero hay que abordarlo sin hipocresías porque hay quienes ni saben lo que les otorgaron, como pasó en un gobierno populista, clientelar y policíaco como es el de (Gildo) Insfrán”.
El diputado por la Coalición Cívica-ARI Fernando Sánchez está persuadido de que el sistema se envició y debe reverse para terminar con el fraude. “Las cifras hacen pensar que más que discrecionalidad hubo delito”, dijo. Entiende que, al igual que se hizo en la Anses y el PAMI, hay que auditar en profundidad.
Sostiene -punto en el que coinciden los otros consultados por LA NACION- que deberían establecerse escalones de discapacidad para que hubiera compatibilidad con la reinserción laboral. Admite que el modelo debe ser estudiado y, por ejemplo, se podría fijar un máximo de ingreso para determinada incapacidad.
La legisladora por Confianza Pública y directora del PAMI en los primeros años del kirchnerismo Graciela Ocaña describe: “En algunas provincias más que en otras hubo uso clientelar; la pensión corresponde, pero con controles y transparencia. Debe revisarse lo actuado, porque no puede abusarse como se hizo con las jubilaciones de ama de casa”.
Lamenta que mientras hay gente con discapacidad real que lleva años de trámites, otros se “abusen”. Subraya que “la avivada de unos la pagamos todos porque ese dinero es de nuestros impuestos y significa que recibimos menos en educación, salud y seguridad”.
Héctor Olivares, diputado nacional por La Rioja de Cambiemos, adelantó que pedirá informes sobre el sistema, con foco en el otorgamiento de los subsidios en el norte del país. En su provincia, el 4,65% la población total recibe el beneficio de 4000 pesos (13,6% de la PEA). “Hay visos de manejo clientelar”, describió.
Varios referentes de distintas provincias consultados por LA NACION prefirieron hablar sin dar sus nombres, aportar datos sobre supuestas organizaciones de profesionales que firmaban certificados y cobraban por la intermediación, y señalar que, en localidades chicas, “en vez de nombrar gente, se le daba una pensión”. (La Nación)
