16/02 – 10:00 – El proyecto del Gobierno fue convertido en ley en una sesión acalorada; parte de la oposición se abstuvo a último momento
Por: Gabriel Sued
La Cámara de Diputados convirtió anoche en ley la reforma del régimen de riesgos de trabajo, en una sesión que terminó con un escándalo por la decisión del Poder Ejecutivo de modificar la fórmula para el cálculo de los aumentos de las jubilaciones.
En un recinto en plena ebullición, el proyecto que apunta a reducir los juicios por accidentes laborales obtuvo 88 votos favor, 23 en contra y 44 abstenciones. Cambiemos debió aprobar el texto en soledad porque, a último momento, el sector de la oposición que apoyaba el proyecto optó por la abstención en protesta por la medida de la Anses, luego abortada.
La decisión cayó también como una bomba en el oficialismo. Segundos antes de la votación, Elisa Carrió planteó, parada y a los gritos, una cuestión de privilegio “contra el Poder Ejecutivo”. Apenas terminó la sesión, subió más el tono: “Si no me bajan la resolución pido la renuncia a Basavilbaso [Emilio, titular de la Anses] o a quien sea. Aprendan la regla de la ética”, dijo, a grito pelado en el pasillo, y remató: “¡Se van a la reputa que los parió!” A unos metros de ahí, los diputados radicales y de Pro no salían de su asombro. “No sé qué, pero algo tenemos que hacer”, se salía de la vaina el radical Miguel Bazze. Justo en ese momento, las autoridades del interbloque Cambiemos, Mario Negri y Nicolás Masot, se comunicaban con Mauricio Macri, quien les garantizó que daría marcha atrás con la medida.
La medida puso en riesgo la sanción de la ley de riesgos de trabajo. “No nos pidan responsabilidad si no tienen respeto por las leyes. La medida baja las jubilaciones y las asignaciones familiares. A esto no se animó nadie”, dijo Héctor Daer, uno de los jefes de la CGT.
Cuando ya corría la cuenta regresiva para la votación, los diputados del FPV se pararon al costado de sus bancas para dejar la sesión sin quórum. El Bloque Justicialista y el Frente Renovador, que habían puesto el grito en el cielo por la decisión de la Anses, no dejaron el recinto, pese a los reclamos del kirchnerismo. “Si se levantan se cae la ley”, les gritaban. Sentada al lado de Sergio Massa, Graciela Camaño los mandaba a callar.
Finalmente, con esa tensión en el aire, el tablero indicó el resultado final. Con el FPV ausente, votó en contra el Frente Amplio Progresista (FAP), el Frente de Izquierda y el Movimiento Evita. “La ley se aprobó por el Bloque Justicialista y el Frente Renovador. Votaron la ley con el culo”, dijo a la salida Teresa García, secretaria parlamentaria del FPV, en referencia al aporte que esas bancadas hicieron al quórum. Los que se quedaron para votar en contra acusaron al kirchnerismo por el resultado. Pero el FPV sólo tenía 57 votos para aportar. El resto de la bancada estaba ausente.
El texto de la reforma es idéntico al que sancionó el Senado en diciembre y al que aprobó por decreto Mauricio Macri en enero, antes de dar marcha atrás y solicitar a Diputados el debate en sesiones extraordinarias. La sanción de una ley para reforzar la prevención de los accidentes laborales quedó en cambio para los próximos meses, según el compromiso que figura en la norma sancionada ayer.
El objetivo de reducir la litigiosidad ya había motivado la última modificación de la ley, promovida por Cristina Kirchner, en 2012. De acuerdo con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), en 2016 hubo más de 125.000 juicios por accidentes laborales, pero la Justicia sólo resolvió unos 35.000 casos. Como una bola de nieve, los reclamos judiciales sin respuesta suman 340.000, un pasivo contingente para las aseguradoras de riesgos de trabajo (ART) de casi 4500 millones de dólares.
El punto central de la ley es la creación de un filtro que dificulta el acceso a los tribunales. Un trabajador que sufre un accidente laboral deberá recurrir en primer lugar a la comisión médica de su jurisdicción, encargada de verificar su estado de salud y el nivel de invalidez. Si no queda conforme, puede apelar ante la justicia laboral de esa misma jurisdicción. Hasta ahora podía ir directamente a la justicia nacional del trabajo, sin restricciones respecto de la jurisdicción. Este punto fue calificado como “inconstitucional” por la Asociación de Abogados Laboralistas.
Por pedido de la CGT, la ley dispone además que las comisiones médicas deben resolver en un plazo máximo de 60 días “administrativos”. También se reformula la base para calcular las indemnizaciones, lo que, según la SRT, resultará en un aumento del 45% en el monto de las reparaciones. “Este texto no soluciona los temas, pero genera que los trabajadores no tengan como único recurso la realización de un juicio”, había dicho Daer, antes de que se desatara el escándalo. (La Nación)
