20/02 – 11:00 – En caso de confirmarse la segunda vuelta, Moreno podría perder fuerza; la candidata que salió tercera aseguró que apoyará a Lasso
El candidato oficialista Lenin Moreno aumenta paulatinamente la ventaja que de acuerdo con cifras oficiales tiene sobre su rival, el exbanquero de derecha Guillermo Lasso. Sin embargo, no es suficiente como para evitar una segunda vuelta en abril.
Esta madrugada, con un 87,5% de los sufragios recabados, Moreno tiene el 39,11% de los votos, mientras que Lasso lo sigue con 28,27%. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador no declaró aún un ganador y durante una conferencia de prensa anoche pidió paciencia al electorado para esperar a que finalice el conteo.
Para que un candidato gane en primera vuelta debe obtener más del 50% o un 40% más 10 puntos de ventaja sobre su rival. En caso de no darse este resultado, habrá segunda ronda el 2 de abril. Pero, ¿qué pasará entonces?
De llegar al ballottage, el liderazgo del candidato de Rafael Correa podría entrar en peligro dado que Cynthia Viteri, la ex diputada opositora que ocupó el tercer lugar en los comicios con un 16 por ciento de los votos, adelantó que apoyaría a Lasso en la segunda vuelta. Otros cuatro candidatos -que sumaban un 10 por ciento de los votos- también apoyarían a Lasso.
Lasso, ex presidente del Banco Guayaquil, encarna el descontento de una parte de los ecuatorianos con las políticas socialistas de Rafael Correa y su estilo confrontacional, así como el manejo de una economía dolarizada fuertemente golpeada por la caída de los precios del crudo.
El banquero, quien perdió contra Correa en las presidenciales del 2013, centró su oferta electoral en la creación de empleos, reducción de impuestos, mayor inversión extranjera y la convocatoria a una consulta popular para reformar la Constitución.
Ayer se eligieron también a los 137 miembros del parlamento, en el que ningún candidato lograría la mayoría, lo que dificultaría el accionar del próximo mandatario. Además, se consultó a los electores sobre una prohibición para que funcionarios públicos tengan cuentas o bienes en paraísos fiscales. (La Nación)
