El Gobierno acordó con los piqueteros para aliviar la tensión social

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El Gobierno acordó con los piqueteros para aliviar la tensión social
22/02 – 10:10 – Después de un día caótico, con cortes que complicaron el tránsito, aceptó dar marcha atrás con la baja de unos 7000 planes Trabajar de Barrios de Pie

Por: Agustina López
En uno de los días más sofocantes del año, Barrios de Pie volvió a las calles con un corte masivo en varios puntos de la ciudad. Fiel a su estilo, la organización instaló ollas populares en el Congreso y en Retiro, y a partir de las 13 cortó la intersección de las avenidas Corrientes y 9 de Julio, lo que generó un caos de tránsito que sumó presión al escenario de conflictividad social que se cierne sobre el Gobierno.

El reclamo puntual fue por 20.000 planes Trabajar que -según denunció la organización- se perdieron porque el Ministerio de Trabajo los dio de baja. Sin embargo, el Gobierno aseguró que no eran más de 7000. En este contexto, a las 16 de ayer, los manifestantes fueron recibidos por el secretario de Empleo, Miguel Ponte, y el subsecretario de Promoción del Sector Social de la Economía, Gustavo Vélez.

En una reunión que duró poco más de una hora, se acordó un nuevo encuentro la semana que viene con el objetivo de rever la situación y dar marcha atrás con el recorte de los planes. A cambio, los piqueteros levantaron su protesta y desarticularon el acampe que planeaban por si no recibían una respuesta favorable.

Con esta resolución, el Gobierno busca bajar la tensión social, que se acrecentó en las últimas semanas. Con paritarias que no cierran al 18% conforme la directiva oficial, los maestros en pie de guerra y con el fin de la luna de miel con la CGT, que ejecutará una movilización el 7 de marzo próximo, el clima en un año electoral se recalienta.

“Les vamos a dar más tiempo para ajustarse a las medidas que exigimos para que cobren este plan”, dijo a LA NACION un funcionario del Ministerio de Trabajo que participó de la reunión de ayer. Según un comunicado que difundió la cartera de Jorge Triaca, las bajas se produjeron ya que poco menos de 7000 beneficiarios no presentaron los proyectos correspondientes, que es la contraprestación que se exige para percibir el beneficio.

“Aceptaron que se equivocaron”, sintetizó a LA NACION Daniel Menéndez, líder de Barrios de Pie, a la salida del encuentro. “Más allá de cuestiones burocráticas, no puede ser que familias que tienen tanta necesidad en un contexto económico cada vez más complicado dejen de cobrar un ingreso”, dijo Menéndez.

Respecto del número de desvinculados, Menéndez reconoció la versión del ministerio: “Por más que sean 7000, es una barbaridad. Buscar recortar gastos o ingresos sobre un sector que la está pasando mal. Quedamos en que van a rever esa medida e ir marcha atrás”.

La cuestión de fondo

La relación del Gobierno con el triunvirato piquetero que conforman Barrios de Pie, la CTEP y la CCC era hasta hace algunas semanas relativamente estrecha. La sanción de la ley de emergencia social -que prevé destinar en los próximos tres años $ 30.000 millones para promover los derechos de los trabajadores informales- parecía ser el hito que apaciguaría a los piqueteros.

Sin embargo, la dilación de su reglamentación tensó el vínculo entre las partes, al punto de casi cortarlo. Incluso, en una entrevista con LA NACION de la semana pasada, Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita, que pertenece a la CTEP, aseguró que hay un “plan de lucha contra el Gobierno”.

“A diferencia del año pasado, vamos a activar un plan de lucha no sólo por reivindicaciones concretas, sino también contra la política económica del Gobierno”, dijo Pérsico. Además, referentes de las otras organizaciones aseguraron que medirán con otra vara la gestión de Mauricio Macri y que le “exigirán más que al kirchnerismo”, ya que las condiciones socioeconómicas empeoraron.

La protesta y la posterior reunión de ayer se enmarcan en ese clima. El tema de la ley se discutió durante el encuentro y se acordó comenzar con su reglamentación el jueves 2 de marzo. “La reglamentación y la aplicación de la ley de emergencia, que contempla un millón de puestos de trabajo, serán la gran batalla”, reconoció una fuente del Ministerio de Trabajo. Es que de la mano de esta normativa viene un registro de trabajadores de la economía popular, en donde quienes quieran recibir un empleo deberán empadronarse y ser evaluados.

“Si nos ponemos firmes en los registros como quiere la Jefatura de Gabinete, el 80% no cobra. El problema es que la realidad se interpone en el medio, entonces vamos negociando de a poquito”, explicó un empleado del ministerio con llegada a Triaca.

Las próximas semanas serán determinantes para ver cómo se desenvuelve el vínculo entre el Gobierno y las organizaciones. No hay que dejar de lado que la CGT apoya y sostiene el reclamo piquetero. Sin ir más lejos, el próximo 13 de marzo, el triunvirato y la central obrera participarán en una asamblea conjunta para definir cómo jugarán electoralmente. (La Nación)

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