13/03 – 10:50 – Iniciará el proceso el mes próximo en Diputados; el Gobierno necesita reunir dos tercios de la cámara para acusar a la procuradora
Por: Laura Serra
La decisión política del oficialismo está tomada: el mes próximo arrancará en la Cámara de Diputados el proceso de juicio político de Alejandra Gils Carbó , procuradora general de la Nación y simpatizante confesa del kirchnerismo. El Gobierno está convencido de que ella es uno de los vértices de la estrategia judicial kirchnerista tendiente a sembrar denuncias penales contra miembros del Gobierno para emparentarlos con la corrupción.
En el oficialismo parlamentario admiten que el juicio político es una jugada de riesgo. Las mayorías requeridas (dos tercios en ambas cámaras) no están aseguradas, sobre todo en la Cámara de Diputados, encargada de realizar el dictamen acusatorio. Allí, el kirchnerismo, con unos 80 miembros entre propios y afines, tiene capacidad de bloquear la embestida oficialista. Los números se anticipan muy justos, admiten en el Gobierno. Paradójicamente, el bloque Cambiemos se tiene más fe en el Senado, dominado por el PJ. “Allí el kirchnerismo es minoría y el peronismo no tendría empacho en avanzar sobre Gils Carbó si tuviera la oportunidad de negociar con nosotros el nombre del futuro procurador”, deslizan en la Casa Rosada.
Pero esa instancia todavía está lejos y, en el inicio de la campaña electoral, al Gobierno le fastidia el impacto mediático que logran las denuncias kirchneristas, que ya afectan a buena parte de los ministros del gabinete. Encabezado por el presidente Mauricio Macri y la vicepresidenta Gabriela Michetti, el lote de funcionarios imputados está integrado, también, por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y sus dos vicejefes, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. Les siguen los ministros de Energía, Juan José Aranguren; de Comunicaciones, Oscar Aguad; de Cultura, Pablo Avelluto; de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra; de Transporte, Guillermo Dietrich; el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas; Andrés Ibarra, de Modernización; Luis Caputo, de Finanzas, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.
“Hay que desdramatizar: imputar no significa procesar, implica abrir un expediente para investigar. Es un trámite habitual. Estamos seguros de que la mayoría de las denuncias terminarán desestimadas porque no tienen entidad, pero es cierto que el impacto mediático nos afecta. En eso el kirchnerismo es hábil: quiere imponer un relato para emparentar al gobierno de Macri con la corrupción en la campaña electoral”, admitió un importante funcionario del gabinete.
En el oficialismo sospechan que, junto con Gils Carbó, operan en esta estrategia dos hombres del kirchnerismo duro, el periodista Horacio Verbitsky y el ex número dos de la AFI durante la gestión de Cristina Kirchner, Juan Martín Mena, hoy asesor en el Consejo de la Magistratura. El ariete de las denuncias es el diputado nacional Rodolfo Tailhade, también miembro del Consejo.
Las denuncias de Tailhade lograron que varios funcionarios terminaran imputados en la Justicia. En algunos casos (aunque no en todos), por acción de fiscales cercanos al kirchnerismo, promovidos por Gils Carbó. El caso del Correo Argentino es un buen ejemplo: por una denuncia de Tailhade, el fiscal Juan Pedro Zoni imputó al presidente Macri y al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y ordenó investigar el acuerdo entre el Gobierno y aquella empresa postal para el pago de una millonaria deuda. Zoni, de Justicia Legítima, es titular de una fiscalía en Santiago del Estero, pero por orden de Gils Carbó fue trasladado a Comodoro Py.
En el oficialismo se lamentan por no haber despedido a Gils Carbó de la Procuración cuando tuvieron la oportunidad, apenas asumió Macri la presidencia. O cuando se acordó con el Frente Renovador, de Sergio Massa, acotar su mandato a agosto de este año.
La apuesta, ahora, es el juicio político. Paralelamente, el bloque de Cambiemos, por medio del diputado Lucas Incicco, solicitará que cuanto antes se reúna la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, que preside Graciela Camaño (Frente Renovador). Con Gils Carbó en la mira, quiere auditar las designaciones de los fiscales afines que fueron elegidos por concurso con jurados digitados por la propia procuradora y que, actualmente, prestan servicios a la causa kirchnerista.
Además, están pendientes desde el año pasado una pila de citaciones, entre ellas la de Julio Piumato, jefe del gremio judicial y adversario acérrimo de Gils Carbó. La procuradora también pidió ser citada. “La información que reúna la Comisión Bicameral será crucial para nutrir el dictamen acusatorio de juicio político”, esgrimen en el oficialismo.
No sólo preocupa al Gobierno el impacto mediático de las denuncias contra los funcionarios del macrismo. Altos funcionarios admiten que mientras esté Gils Carbó no se podrá avanzar en la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, suspendido por un decreto de Macri en 2015. Este nuevo código instaura el sistema acusatorio para los delitos penales, herramienta que en manos de la actual procuradora puede tornarse muy peligrosa, como susurran en la Rosada. (La Nación)
