Bonafini y los Schoklender fueron procesados por el caso Sueños Compartidos

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Llevó cinco años y dos jueces completar la investigación. Ayer, la Justicia finalmente procesó a la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini ; a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender , ex apoderados de la entidad; a José López , ex secretario de Obras Públicas, y a otros funcionarios de esa área durante el kirchnerismo. Están acusados de haber cometido fraude contra el Estado al contratar la construcción de viviendas sociales sin licitación por casi $ 1250 millones. De esa suma, las Madres cobraron $ 749 millones, pero 206 millones fueron desviados por los Schoklender, que se valieron de una red de sociedades para adquirir inmuebles, autos, motos y yates, y lavarlos en financieras cuyos responsables fueron también procesados.

La decisión fue tomada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que entendió, además, que no hay pruebas como para procesar ni sobreseer a otros acusados, entre ellos el ex ministro de Planificación Julio De Vido y los intendentes y gobernadores que durante el kirchnerismo firmaron los convenios para construir las viviendas sociales. El juez señaló que el diputado De Vido no aparece firmando los acuerdos y que gobernadores e intendentes recibían el paquete cerrado.

Los que tienen falta de mérito son Alejandro Granados, intendente de Ezeiza; Julio Zamora, intendente de Tigre; los ex gobernadores de Chaco Jorge Capitanich; de Santiago del Estero Gerardo Zamora; de Misiones Maurice Closs, y el actual de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y el ex intendente de Almirante Brown y actual diputado Darío Giustozzi.

Esta causa se inició en 2012, cuando estallaron las disputas entre los hermanos Schoklender y luego con Hebe de Bonafini por los fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que construía viviendas con el programa Sueños Compartidos . Cristina Kirchner avaló esos emprendimientos. El entonces juez federal Norberto Oyarbide los procesó, pero la Sala I de la Cámara Federal anuló todo y apartó al magistrado. Se juntó el caso con otro donde Martínez de Giorgi investigaba a intendentes y gobernadores que habían contratado los programas. En la lista había dirigentes kirchneristas, de Pro, el socialismo y el Frente Renovador. El juez concluyó que de los $ 749 millones que recibieron las Madres para las obras se habían desviado $ 206 millones, según consta en su resolución, de 550 páginas. El compromiso que había asumido el Estado era dar a las Madres $ 1295 millones.

El juez sostuvo que los funcionarios nacionales digitaron la adjudicación de los proyectos, pues no hubo licitaciones. De Vido quedó afuera. El juez entendió que Sergio y Pablo Schoklender utilizaron a las Madres “de manera bastarda”, como apoderados de la fundación, para gestionar los fondos y luego desviarlos. Esto, en connivencia con terceros que lavaron ese dinero.

Schoklender ayer se defendió: “Afortunadamente, ahora Hebe está procesada y va a tener que dar explicaciones”, dijo, y admitió: “Efectivamente, hay un faltante de dinero, que corresponde a la deuda de cargas sociales de la fundación, que llegó a tener 206 millones de pesos”.

Los intendentes y gobernadores quedaron fuera del caso porque se estableció que “era una condición excluyente e impuesta” desde el gobierno kirchnerista la contratación sin licitación con las Madres si querían las casas y el financiamiento. El juez sostuvo que los fondos desviados fueron a parar a mutuales y empresas agropecuarias que canjearon los cheques y lavaron la plata. También, que hubo extracciones de efectivo de Sergio y Pablo Schoklender y transferencias de personas ligadas a su entorno por $ 52 millones, compra de lotes en José C. Paz, una Kawasaki 2009, una estadía de dos meses en un hotel de Bariloche por 46.800 dólares, viajes a Ushuaia por 46.000 pesos, compras de casas, departamentos, y del yate Arete, de US$ 400.000, entre otros bienes. La informalidad con que se administraron los fondos en Madres fue la base de la ingeniería financiera que permitió “la inyección de cuantiosas sumas de dinero en otras empresas de los imputados y la realización de operaciones comerciales, inmobiliarias y financieras”.

“El declamado altruismo de Schoklender era sólo una fachada para el fabuloso negocio de construcción de viviendas que emprendió”, escribió el juez.

Añadió que Bonafini avaló y consintió esa actuación, ya que les dio a Sergio y a Pablo Schoklender un “amplísimo poder”. Dijo el juez que la edad de Bonafini “nunca representó un impedimento” para participar activamente en la fundación. “Hebe María Pastor [de Bonafini] conocía los desmanejos financieros que realizaban los apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que ella misma había instituido y que, en tal sentido, al menos participó de esos quehaceres aprobando los irregulares balances de la institución y autorizando indebidamente la tercerización a la empresa Meldorek de los servicios que habían sido contratados directamente a la Fundación”, escribió el juez.

Capítulo aparte merecen los otros procesados, ligados al lavado: Alejandro Gotkin, que presidió Meldorek; Gustavo Serventich, piloto del avión en que se movía Schoklender y socio con 10% de Meldorek, y Fernando Caparrós Gómez, un financista que le cambiaba cheques a Schoklender. El juez dijo que junto con Daniel Laurenti participaron de la maniobra de lavado mediante la recepción de cheques que eran vendidos, entre otros, al financista Guillermo Greppi, también procesado. (La Nación)