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Reabren otra causa contra De Vido por la usina térmica de Río Turbio

Tal como OPI lo adelantara, la usina de Río Turbio apagó la turbina y de su chimenea, dejó de salir humo
12/07 – 09:30 – Se le imputan sobreprecios por su construcción, por más de $ 1100 millones

La Cámara Federal reabrió una investigación contra el ex ministro de Planificación kirchnerista y diputado Julio De Vido por la licitación de la Usina Térmica de Río Turbio, al revocar un sobreseimiento con el que lo había beneficiado el juez Claudio Bonadio.

Los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, de la Sala II de la Cámara, revocaron el sobreseimiento de De Vido y otros imputados en el caso de la construcción de esa central energética a raíz de un planteo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), informó la agencia DyN.

Esta es la segunda vez que la Cámara Federal ordena reabrir la investigación por el dinero que se destinó a la construcción de esa central que nunca se hizo.

El fiscal Carlos Stornelli pidió días atrás el desafuero, la detención y la indagatoria de De Vido por la malversación de fondos en Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT), pero el juez Luis Rodríguez rechazó el requerimiento.

Ahora, la Cámara decidió seguir investigando por la construcción de la usina de Río Turbio a De Vido y al ex gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta, y los ex funcionarios de esa provincia Francisco Anglesio y Mario Abel Díaz.

La causa se inició en 2009 por una denuncia del entonces diputado Juan Carlos Morán (Coalición Cívica), quien -según dijo- “cuando se licitó la obra el precio pactado era de unos $ 1500 millones, pero después de la apertura de ofertas la suma trepó a más de $ 2600 millones un año más tarde, y ello sin mencionar las readecuaciones provisorias de precios que llevarían a un valor final de la obra de $ 4.213.041.983”.

Según la denuncia, con el dinero que se invirtió se podrían haber construido dos centrales termoeléctricas.

Bonadio había cerrado la causa dos veces, pero los fiscales de la PIA Sergio Rodríguez y María Andrea Garmendia Orueta se opusieron al sostener que “resulta ineludible” realizar una serie de peritajes, lo que impide cerrar la causa. (La Nación)

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