04/08 – 07:00 – La justicia chavista retomó la embestida contra dirigentes opositores, en particular sobre los alcaldes: una influyente diputada fue inhabilitada para ejercer cargos públicos
Por: Daniel Lozano
Gustavo Marcano se ha negado a seguir el mismo destino de los 620 presos políticos que llenan las mazmorras de Nicolás Maduro. El alcalde de Lechería, sentenciado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a 15 meses de prisión por permitir las protestas en su municipio, reapareció ayer de forma sorpresiva en Washington.
De la mano de Luis Almagro, secretario general de la OEA, el dirigente de Primero Justicia (PJ), partido de Julio Borges y Henrique Capriles, demostró con documentos los pormenores de la persecución que mantiene el TSJ contra los alcaldes de la Mesa de la Unidad Democrática, una réplica de la realizada en 2014 contra Daniel Ceballos, de San Cristóbal, y Enzo Scarano, de San Diego.
Ambos dirigentes fueron destituidos y apresados, y varios meses después se realizaron elecciones. En ambos casos sus mujeres arrasaron en las urnas para convertirse en alcaldesas a la fuerza.
Desde la semana pasada, el TSJ chavista ha retomado la embestida contra estos cargos públicos. Alfredo Ramos, de Barquisimeto, fue encerrado en la sede de la policía política tras el asalto contra su alcaldía. Cinco días después de su captura, ni abogados ni familiares han logrado verlo. Ayer también se desconocía la suerte de Carlos García, alcalde de Mérida, sentenciado el miércoles. “Decidimos darlo todo por nuestro país, por eso no acatamos decisiones de un tribunal de delincuentes. ¡Ánimo Venezuela, que Mérida no se doblega!”, respondió a través de sus redes sociales. Este estado andino batalló durante el fin de semana con dureza contra las fuerzas policiales y los paramilitares chavistas, con un balance final de cinco muertes provocadas por la represión. El TSJ, que en 20 meses no ha movido un solo dedo para juzgar la polémica suspensión de los tres diputados de Amazonas, decidió ayer enviar un perito médico para que certifique el estado de salud de Ramón Muchacho, alcalde del municipio caraqueño de Chacao. El dirigente de Primero Justicia no acudió a su juicio, alegando unas heridas que se produjo durante un operativo de limpieza.
El cerco revolucionario busca asfixiar a la oposición y lo hace sin miramientos. La diputada Adriana D’Elia, que fue mano derecha del gobernador Henrique Capriles en Miranda, supo ayer que la Contraloría la ha inhabilitado por 15 años, como a su jefe. “Nuestra lucha no es por candidaturas o espacios, nuestra lucha es por la gente que sufre la peor crisis económica y moral de su historia”, se defendió D’Elia, que sonaba como candidata a la gobernación y que fue capaz de derrotar en las elecciones parlamentarias a líderes chavistas de peso en el cinturón de Caracas, otrora bastión chavista.
“La inhabilitación política de D’Elia, impecable gerente público y líder social, es una burda maniobra. Inaceptable”, resumió el politólogo Ángel Álvarez.
La receta del oficialismo de represión y detenciones ha disparado el número de presos políticos a récords históricos: desde la llegada al poder de Maduro, en 2013, la persecución contra disidentes y manifestantes ha multiplicado por más de 50 los 13 que Hugo Chávez dejó encarcelados antes de morir.
“Un aumento dramático”, como resumió Almagro tras conocer los listados elaborados por el Foro Penal, ONG que asiste a los detenidos. “Un paso más hacia la libertad de todos los injustamente encarcelados. Seguimos”, se felicitó en medio de la tormenta Gonzalo Himiob, director del Foro Penal, tras entregar sus investigaciones a la OEA y también al Parlamento Europeo.
Desde 2013, los encarcelamientos fueron aumentando paulatinamente hasta los 115 que contabilizaba el Foro Penal al comenzar las protestas antigubernamentales en abril pasado. Pero desde hace cuatro meses crecen día a día sin parar y con el agravante de que se desconoce todavía el destino que jueces militares y jueces chavistas civiles depararán a más de mil personas (de un total de 5000) detenidas desde abril.
Los dirigentes opositores son las presas favoritas del chavismo. Leopoldo López y Antonio Ledezma volvieron esta semana a la prisión militar de Ramo Verde en un claro mensaje del chavismo tras el fraude de la Constituyente: más mano dura en un guante de hierro y púas.
“El régimen no permite que los abogados entren a ver a Leopoldo. No sabemos cómo está, nadie lo ha visto”, denunció Lilian Tintori.
“La crisis social de hoy no tiene precedente y el Estado no cuenta con herramientas para responder con soluciones frente a esa crisis. Como esa crisis ha generado conflictividad (protestas generalizadas y enérgicas), la respuesta ha sido la represión para imponer el silencio y acallar las voces disidentes”, resume Nizar El Fakih, abogado de presos políticos y director de la ONG Proiuris. (La Nación)
