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Por el “sobre bomba”, detienen a una pareja y el Gobierno cree que tiene tintes políticos

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06:30 El principal sospechoso es un militante K. En la Rosada no descartan que el atentado en INDRA haya sido pensado para disminuir la participación electoral. Marijuan toma distancia.

Por: Guido Carelli Lynch
La causa por el sobre bomba que explotó el 10 de agosto en INDRA, la empresa encargada del escrutinio electoral, ya tiene dos detenidos. La Policía Federal detuvo ayer a Mariano Fresco y a su pareja Analía Altamirano, ambos de 30 años. Los sospechosos se encontraban en su vivienda de Claypole cuando los efectivos federales procedieron al allanamiento y el juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la causa, ordenó su detención. Hoy ambos sospechosos deberán declarar en Comodoro Py. En el Gobierno esperaban hace quince días que la Justicia allanara la vivienda de los sospechosos.

Fresco, técnico de una empresa contratista de Telefónica, es un activo seguidor de Cristina Kirchner y opositor a la administración de Mauricio Macri, según consta en su perfil de Facebook.

En el ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich descartaban ayer por la mañana que hubiera motivaciones políticas. “¿Cuál sería el beneficio de atentar contra una empresa, que además fue contratada por todos los gobiernos desde 1997?”, se preguntaban. Sin embargo, con el correr de las horas y tras presuntos contactos con el fiscal que instruye la causa Guillermo Marijuan la hipótesis “política” cobró fuerza entre los funcionarios. “Podrían haber querido generar miedo en la población para disminuir una participación en los comicios y beneficiar así a Unidad Ciudadana”, sostuvieron.

Durante el transcurso de la jornada, en el Gobierno preferían pensar en que la animosidad de los sospechosos podría estar dirigida exclusivamente a la empresa o algún empleado de la misma. En INDRA afirman que no hay despidos en la industria tecnológica, pero no descartaron de plano alguna vinculación con Fresco o Altamirano.

Días antes de la explosión, los diputados del FPV Rodolfo Tahillade y Héctor Recalde habían advertido que la transparencia electoral estaba en riesgo, puesto que el entonces director del Correo Jorge Irigoin era un ex directivo del Grupo SOCMA, igual que el director general de INDRA, Ricardo Viaggio.

A pesar de lo que los trascendidos oficiales, fuentes judiciales afirmaron que Marijuan por ahora no investiga la hipótesis política. “Es prematuro”, señalaron. Se concentran por ahora en saber si los sospechosos recibieron órdenes de terceros para cambiar los chips telefónicos que fueron secuestrados durante el allanamiento. La Justicia quiere saber con quiénes hablaban.

Marijuan y la policía llegaron a la pista de Fresco y Altamirano, a través del identikit que brindó el motoquero Teófilo Soto Guerra que llevó el paquete hasta la antigua sede de INDRA, en Paraná y Santa Fe el 7 de agosto y que después llegaría a las nuevas oficinas en Puerto Madero, donde se produjo la explosión. La participación del motoquero en el atentado fue descartada por Rafecas y el Gobierno.

Según consta en el informe del juzgado criminal y correccional Federal n3, el pedido para llevar el paquete había sido recibido mediante un mensaje de whatsapp, de un teléfono celular desconocido, en donde un tal “Gustavo” que dijo ser sordomudo y manifestó su deseo de efectuar un envío a través de un colaborador de nombre “Mariano”, encargado de entregar el paquete. El motoquero recibió el pedido de dirigirse a un hotel en Constitución, donde el tal Mariano le entregó el paquete y pagó el servicio. Ninguna cámara pudo registrarlo.

Según el informe del juzgado, la investigación continuó con el relevamiento de toda la información relacionada con el aparato (IMEI) y la tarjeta SIM. Por otra parte -siempre según el informe del juzgado publicado en el sitio del CIJ- la misma tarjeta SIM había sido empleada en otro aparato por su pareja, Analía Altamirano, meses antes. La línea telefónica utilizada por Altamirano y la línea empleada para efectuar el encargo a la mensajería, registran al menos cinco llamadas con abonados en común y a Mariano Fresco entre sus contactos en común en las redes sociales.

Durante los allanamientos, confirmaron fuentes oficiales, se confiscaron 9 teléfonos celulares y 7 chips. Un octavo chip estaba “embutido” -escondido en una billetera- dentro del auto de la pareja. Según fuentes policiales, Fresco y Altamirano no se mostraron sorprendidos durante el allanamiento. Si bien apuestan al móvil político, en el Gobierno destacan que una nueva línea de investigación podría surgir del análisis de los chips y los teléfonos.

El delito bajo investigación está contemplado en el art. 186 inc. 4° del Código Penal, que castiga con pena de 3 a 15 años de prisión, a quien “causare explosión, si hubiere peligro de muerte para alguna persona”. (Clarín)

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