12:30 – De acuerdo a información suministrada por diversos medios nacionales, los tres últimos jefes de gabinete de Cristina Fernández Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina y Aníbal Fernández, fueron llamados a indagatoria por presuntas irregularidades en el reparto de fondos a municipios y puntualmente el Juez Claudio Bonadío, quien los citó para que declaren en audiencia como imputados los días 30 y 31 de octubre y 1º de noviembre, apunta a descubrir, entre otras cuestiones, el manejo irregular de 38 millones de pesos para lo que debía ser la construcción de una planta de tratamiento de residuos urbanos en Río Gallegos, proyecto que se inició durante la intendencia de Raúl Cantín (FPV) y tuvo su mayor “impulso” con Pablo Grasso, hoy a cargo del IDUV y actual candidato a senador por el FPV.
Bonadío inició la causa por una denuncia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y en ella se investigan presuntas irregularidades en el reparto de los fondos públicos atribuidos al Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) de 2013 a 2015, donde también se incluyen a los ex secretarios de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Lorusso, Omar Judis y Juan José Mussi, quienes deberán presentarse los días 25, 26 y 27 de octubre, junto a otros 8 ex funcionarios más que son investigados por el mismo motivo.
La investigación del juez incluye unos 600 millones de pesos manejados por los Jefes de Gabinetes, los cuales habían implicado un desvío de fondos para direccionar los mismos hacia municipios manejados por gente del FPV, justificando dichas partidas con obras públicas que no se hicieron, como es el caso de la planta de Río Gallegos que proyectaba una inversión de 59 millones de pesos de los cuales 38 millones “desaparecieron”, tras la adjudicación a la firma Edisud SA, una de las empresas “elegidas” por Cantín y Grasso, que tuvo entre otras actividades la repavimentación de calle San Martín, con sospechas de corrupción en los trabajos, durante el desempeño en Obras Públicas de José Zavaley.
Pablo Grasso, actual candidato del FPV y Presidente del IDUV, ha hecho campaña política una y otra vez, prometiendo como Cantín y el propio Giubetich, intendente actual, darle solución definitiva a la basura en esta capital.
La SIGEN realizó el estudio de auditoría y detectó una sobrefacturación de 8 millones de pesos, especialmente en las tareas de movimiento de suelos. La obra en Río Gallegos es inviable y como todas las obras kirchneristas, conforma una enorme burbuja donde a partir de la necesidad de un nuevo repositorio de basura por el colpaso del vaciadero actual, se generó todo un gran negocio que termina con solo un tanque australiano instalado en el lugar, una cartel de obra con anuncios que nunca se cumplieron y casi 40 millones de pesos que desaparecieron.
Fuentes judiciales consultadas, indican que luego de la indagatoria a los tres funcionarios nacionales, la justicia cargaría contra los responsables locales de este acto de corrupción explícito: los dos intendentes Raúl Cantín y Pablo Grasso, en primer lugar y sus respetivos jefes de obras públicas, como así también aquellos que les hayan enviado los fondos para su aplicación en gastos inexistentes. (Agencia OPI Santa Cruz)
