10:30 El objetivo es aprobar antes de fin de año una nueva ley de responsabilidad fiscal
Por: Laura Serra
El oficialismo ya impartió la orden a todos sus legisladores: hasta los primeros días de enero, asistencia perfecta en el Congreso . Es que, a partir del mes próximo y hasta fin de año, su objetivo primordial será la sanción de un paquete de leyes fiscales y tributarias que Mauricio Macri considera clave.
El jefe del Estado dará a conocer hoy el detalle de las iniciativas en el CCK, adonde convocó a gobernadores, empresarios, gremialistas, legisladores y jueces para sellar un acuerdo nacional. El oficialismo, que no tiene mayoría en el Congreso pese a su buen desempeño en los comicios legislativos, requiere consensos políticos para avanzar en su programa de gobierno y definir la suerte de varias leyes tributarias cuya vigencia vence a fin de año, como el impuesto al cheque y el pacto fiscal de 1993.
Ambas cuestiones se discutirán con los gobernadores en una misma mesa de negociación junto con el proyecto de presupuesto 2018, una nueva ley de responsabilidad fiscal y el proyecto de revalúo fiscal, que permitirá a las empresas ajustar sus balances por inflación. En esa mesa también se definirá la suerte de los impuestos a los ingresos brutos y a los sellos, cuya recaudación resulta fundamental para las arcas provinciales.
La intención del oficialismo es cerrar un acuerdo con los gobernadores para luego coronarlo con la sanción de las leyes en el Congreso. De lograr el apoyo de los mandatarios provinciales, sostiene el oficialismo, las mayorías en ambas cámaras estarían aseguradas.
En los cálculos del oficialismo, con la renovación legislativa el interbloque de diputados de Cambiemos pasará a tener 109 legisladores propios, sin contar aliados. En el Senado, tendrá un tercio de las bancas. Si bien se trata de un notable crecimiento, Cambiemos seguirá sin tener mayoría en ambas cámaras en los próximos dos años. El paquete de leyes fiscales y tributarias se complementará con una serie de iniciativas laborales, que incluirían una propuesta de blanqueo, con incentivos a empleadores y empleados para reducir el trabajo en negro, y la eliminación de aportes patronales para los salarios inferiores a $ 10.000.
Gils Carbó, en la mira
En materia institucional, en tanto, el Gobierno apurará una nueva ley de Ministerio Público. El objetivo es modificar el mecanismo de remoción del jefe de los fiscales, cuyo cargo es vitalicio y sólo puede ser desplazado por medio de un juicio político en el Congreso, lo que demanda los dos tercios de los votos. El oficialismo, obsesionado en provocar la salida de la procuradora Alejandra Gils Carbó , confía en que el reciente fallo del juez federal Pablo Cayssials, que declaró inconstitucional la remoción por juicio político establecida en la ley actual, facilitará la búsqueda de consensos en el Congreso.
El año próximo, en tanto, se abordaría una reforma previsional. Según trascendió, el Gobierno buscaría que el ajuste de los haberes jubilatorios, pensiones y demás prestaciones sociales sea actualizado de manera trimestral por inflación. Esto se discutirá en la comisión bicameral del Congreso creada por la ley de reparación histórica.
De aquí a diciembre, por lo pronto, el interbloque Cambiemos pretende impulsar un conjunto de iniciativas que se demoraron por la campaña electoral, tales como la prórroga por otros cuatro años de la suspensión de los desalojos de tierras de las comunidades aborígenes.
La ley 26.160, sancionada en 2006, declara en todo el territorio nacional la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que ocupan las comunidades indígenas, cuya personería jurídica estuviese debidamente registrada ante el Registro Nacional de Comunidades Indígenas.
En la misma agenda figura el proyecto que penaliza la corrupción empresaria y la ley denominada “compre argentino”, por la cual se amplía el porcentaje de prioridad que tendrán las pymes en las compras del Estado nacional. (La Nación)
