12:00 La justicia pidió prisión preventiva para el ex vicepresidente y siete ex ministros; hoy aprobaría el pedido de captura internacional para Puigdemont, que ayer llamó a combatir “una represión larga y feroz”
Por: Martín Rodríguez Yebra
La justicia española dio ayer una respuesta fulminante al desafío separatista de Cataluña: mandó a la cárcel al destituido vicepresidente Oriol Junqueras y a otros siete miembros del gobierno regional que impulsaron el viernes pasado la proclamación de una república independiente.
En las próximas horas se emitirá además una orden internacional de captura contra el ex presidente Carles Puigdemont y otros cinco ex ministros que huyeron a Bélgica el lunes y pretenden actuar como una suerte de gobierno de la Generalitat en el exilio. Todos ellos están acusados de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, delitos que conllevan penas de hasta 30 años de prisión.
Las medidas cautelares contra la cúpula del independentismo catalán las firmó la jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, después de interrogar a los nueve ex funcionarios que, a diferencia de Puigdemont, sí acudieron a declarar en Madrid. Apenas se conoció la noticia estallaron protestas en Barcelona que amenazan con romper la relativa calma con que el gobierno de Mariano Rajoy había conseguido imponer desde el fin de semana la intervención de las instituciones autonómicas.
A las puertas de los tribunales madrileños, decenas de dirigentes de los partidos separatistas acogieron con lágrimas y gritos de protesta el encarcelamiento de sus compañeros de ruta. La indignación por la medida embargó también a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que se acercó aún más al bloque soberanista: “Es una explicación que sólo se explica por el deseo de venganza”, denunció.
La agitación pone patas arriba el tablero político de cara a las elecciones regionales convocadas por Rajoy para el 21 de diciembre.
Junqueras es líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el partido con mayor intención de votos en Cataluña según todas las encuestas conocidas hasta hoy. Se descuenta que será candidato igual. Además de él, quedaron presos los ex consellers Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Meritxell Borrás (Gobernación), Raül Romeva (Asuntos Exteriores), Carles Mundó (Justicia), Dolors Bassa (Trabajo) y Joaquim Forn (Interior). Los hombres fueron a la cárcel de Estremera, en el sudeste de la Comunidad de Madrid. Las mujeres, a Alcalá-Mecó (35 kilómetros al este de la capital).
Puigdemont, que fue fotografiado tomando un café en Bruselas mientras sus ex colaboradores llegaban a los tribunales para declarar, envió por la noche un mensaje a TV3, el canal autonómico catalán que sigue fuera del control de Rajoy.
“Como presidente legítimo, exijo la liberación de los detenidos -dijo-. Nos espera una represión larga y feroz. Tenemos que combatir esta situación sin violencia.”
Según sus abogados, cuando se emita la orden de captura se entregará ante la policía belga para demostrar que no escapa a sus responsabilidades penales, sino que desconfía de la imparcialidad de los tribunales españoles. Se abrirá entonces un proceso tendiente a la extradición, que demorará al menos dos meses.
El único de los acusados que podrá salir en libertad es Santi Vila, ex conseller de Empresa que se opuso a último momento a la proclamación de la república y renunció a su cargo antes de la votación parlamentaria. Este dirigente del PDeCAT, el partido de Puigdemont, anunció que quiere ser candidato a presidente de Cataluña con un programa “nacionalista moderado”. Sigue su propia línea de defensa. Podrá volver a Barcelona hoy cuando pague una fianza de 50.000 euros.
En la misma manzana en que declaraban los ministros catalanes depuestos por Rajoy, se presentaron ante el Tribunal Supremo la presidenta del Parlamento regional, Carme Forcadell, y otros cuatro altos cargos de la cámara. Los acusan de los mismos delitos. A ellos se les dio una semana más para preparar su defensa, aunque se les aplicó una vigilancia policial especial.
El fiscal Miguel Ángel Carballo consideró que correspondía dictarles prisión preventiva incondicional a los ex ministros -con excepción de Vila- porque existe riesgo de fuga. La jueza estableció en el fallo que la huida de Puigdemont es un antecedente que justifica esa medida cautelar grave. “Algunos de los querellados ya se han trasladado a otros países”, alegó.
Junto con el ex presidente se encuentran en rebeldía otros cuatro ex miembros de la Generalitat: Lluís Puig (Cultura), Antoni Comín (Salud), Meritxell Serret (Agricultura) y Clara Ponsatí (Educación).
Lamela también cree que los acusados podrían destruir pruebas, porque “han ostentado hasta hace sólo unos días” cargos públicos, y que podrían volver a delinquir, tal como lo han hecho de forma “planificada y consciente” durante los últimos dos años. (La Nación)
