Ercolini avanza para enviar a juicio oral a Cristina por fraude y asociación ilícita

12:00 Casación rechazó el último recurso para revocar el procesamiento; el caso pasará en un mes a un tribunal para su sentencia

Por: Paz Rodríguez Niell
La Justicia acelera los trámites y espera tener elevado a juicio, antes de fin de mes, un nuevo expediente contra Cristina Kirchner: la causa en la que está procesada por asociación ilícita y fraude, acusada de haber favorecido a las empresas de Lázaro Báez en violación de la ley.

El juez federal Julián Ercolini ya empezó los trámites para enviar el caso a un tribunal oral. “Calculamos que podría estar elevado antes de diciembre”, dijo a LA NACION un funcionario que trabaja en la causa.

Si la ex presidenta albergaba una esperanza de revertir el avance de este expediente, ayer la perdió. La Sala IV de la Cámara de Casación, máximo tribunal penal, se negó a revisar el procesamiento contra ella y el embargo de $ 10 millones que le había trabado Ercolini.

Las dos medidas habían sido confirmadas por la Sala I de la Cámara Federal en septiembre pasado. Contra esa confirmación, la ex presidenta presentó un recurso para discutir su situación ante Casación, pero la Cámara Federal se negó a habilitarle ese recurso. El último camino que le quedaba a Cristina Kirchner era entonces presentar un recurso de “queja” directamente ante la Casación. Ayer, la Sala IV de ese tribunal le rechazó ese planteo. No le abrió la puerta. La ex presidenta perdió, así, la última chance de que su procesamiento y embargo fueran revocados.

Ercolini empezó los trámites para elevar a juicio este caso hace más de un mes, cuando la Sala I confirmó los procesamientos de Cristina Kirchner, del ex ministro Julio De Vido, del ex secretario de Obras Públicas José López y de una serie de ex funcionarios de Vialidad Nacional.

Desde entonces, el juzgado trabaja también en la efectivización de los embargos. En el caso de la ex presidenta -supuesta líder de la “banda”, en términos de la Cámara Federal-, ella ya tiene inhibidos todos sus bienes registrables y prohibido el acceso a sus cajas de seguridad, por órdenes previas de Ercolini y de su colega Claudio Bonadio. Lo que conserva es su pensión como ex presidenta.

Ercolini tiene para resolver, además, un pedido de la fiscalía para que abra las cajas que hoy están franjeadas.

En cuanto al resto de los embargos, el juzgado está evaluando qué destino le dará a las máquinas de las empresas de Báez. La nueva gestión de Vialidad Nacional pidió ser depositaria de esos bienes.

Los camaristas que ayer rechazaron la queja de la ex presidenta son Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Ellos se negaron también a tratar recursos similares de Báez, De Vido y López.

Esta causa fue iniciada por la denuncia del actual titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, quien sostuvo que durante el kirchnerismo se habían entregado a empresas de Báez 52 obras en rutas santacruceñas por $ 46.000 millones, a precios actualizados. Según el fallo de Ercolini que dispuso los procesamientos, las 52 obras tuvieron, en promedio, un sobreprecio del 15 por ciento. “Cristina Fernández, Julio De Vido y José López […] habrían formado parte de una asociación entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015 destinada a cometer delitos, para apoderarse de forma deliberada de los fondos asignados a la obra vial, en principio, en Santa Cruz”, afirmó entonces el juez.

Todo indica que este expediente será la segunda causa elevada a juicio contra la ex presidenta. La anterior es la del dólar futuro. Bonadio ya dio por terminada la instrucción y el caso está en manos del Tribunal Oral Federal N° 1, que todavía no fijó la fecha de inicio del juicio. En este expediente la discusión central será si puede sostenerse la acusación o si el hecho por el que fue procesada se trata de una decisión política.

La semana próxima, Cristina Kirchner -ahora senadora nacional electa por la provincia de Buenos Aires- volverá a los tribunales de Comodoro Py. Será indagada otra vez por el juez Ercolini; en esta oportunidad, en el marco de la causa Hotesur, donde está acusada del delito de lavado de dinero. (La Nación)