14:00 Pagó tasas del 28,75 al 29,60% por las Lebac, 2,25 más caras que en octubre
Por: Javier Blanco
En un intento de convencer al mercado de que no vacilará en pagar los costos que necesite para volver a tener algún dominio de las expectativas inflacionarias, el Banco Central (BCRA) tuvo que resignarse a convalidar ayer un aumento promedio de 2,25 puntos en el costo de su deuda, que pasó de un rango de tasas de 26,50 a 27,35% a otro de 28,75 a 29,60% anual.
De este modo, este abultado pasivo “se encareció en otros $ 25.500 millones, con lo que elevó su costo a $ 325.000 millones anuales a valores actuales”, estimó el analista financiero Cristian Buteler. La deuda del BCRA llega a $ 1.159.400 millones, un 123% de la base monetaria, o, convertido a dólares, supone una deuda de US$ 66.000 millones, US$ 11.300 millones más que la tenencia bruta de reservas del BCRA.
El ente monetario volvió a demostrar así que profundizará el sesgo más contractivo que le imprimió a su política monetaria tras las elecciones, tratando de acotar el denominado “impacto de segunda vuelta” que los próximos aumentos en las tarifas de luz y gas podrían tener sobre el resto de los precios de la economía, pese a que los datos de inflación de octubre trajeron cierto alivio respecto de los niveles de septiembre.
Después de todo, aunque la inflación núcleo, la medición que más sigue el Central, bajó de 1,6 a 1,3%, ese valor se mantiene lejos del nivel de 0,9% promedio que proyectaba para esta etapa del año.
La licitación de ayer, para renovar $ 379.850 millones en Lebac, mantuvo las características de los últimos meses: no renovó el 12,5% del total que le vencía (hubo ofertas de nuevas compras por $ 335.254 millones, de los que se adjudicaron títulos por $ 332.941 millones), porque corresponde a tenencias que los bancos retiran para integrar el cómputo de encajes. Así, liberó unos $ 47.000 millones por amortizaciones, cifra que se eleva a $ 60.650 millones si se agrega el pago a los inversores en concepto de intereses.
Los analistas ya advierten que esta inyección no deseada de liquidez, que deriva del elevado nivel que alcanzo el stock de Lebac, implica una especie de boomerang al restarle efectividad a la política monetaria del BCRA, toda vez que, para 2018, “le impone un crecimiento inercial a la oferta monetaria del 30% (2,7 puntos del PBI) sólo por el pago de los intereses”, alerta el economista Hernán Hirch, de FyE Consult.
La subasta, como era de esperar, trajo consigo un deterioro en la estructura del pasivo, que vuelve a tender al cortoplacismo, ya que buena parte de las apuestas a estos títulos se hacen descontando que, por presión de las altas tasas, el tipo de cambio seguirá planchado, lo que les permitiría a esos inversores capturar luego esas ganancias en moneda dura.
Por eso no sorprendió que el 70% de lo ofertado fue al plazo mínimo (35 días), cuando un mes antes sólo lo había hecho el 53%. En contrapartida, apenas el 5% de los pedidos optaron por los títulos que vencen de 150 días en adelante, aunque a esos plazos validó rendimientos del 29,5 al 29,6% anual. Después de todo, la expectativa es que las tasas altas llegaron para quedarse “por varios meses”, lo que hace que los inversores traten de capturar la renta en el corto plazo antes de volver a definir sus apuestas.
La deuda asumida mediante la emisión de Letras del BCRA quedó en línea con la tasa de referencia que la entidad había subido del 26,25 al 28,75% en apenas dos semanas. Las nuevas tasas de corte se ubicaron en 28,75%, 29,10%, 29,25%, 29,50%, 29,60% y 29,60% para los plazos de 35, 63, 98, 154, 218 y 273 días, respectivamente.
La licitación de ayer tuvo lugar en una jornada en la que trascendió que el Gobierno obligará a las compañías de seguros a desinvertir lo que tengan colocado en Lebac, para que vuelquen esa liquidez a la compra de títulos respaldados en carteras hipotecarias, de manera de asegurar a los bancos fondeo para que afronten el boom de demanda de esos créditos, lo que alteró el clima de mercado. Los operadores bautizaron esta iniciativa “inciso M”, por la similitud con el denominado “inciso K” que puso en marcha la administración de Cristina Kirchner para conminar a aseguradoras y fondos a invertir en fideicomisos para financiar obras que, en la mayoría de los casos, enfrentaron sobrecostos por la corrupción que regía en la obra pública. (La Nación)
