El Dr Daniel Sabsay desestimó los anuncios de Electroingeniería y dijo que...

El Dr Daniel Sabsay desestimó los anuncios de Electroingeniería y dijo que la CSJ aceptará el per saltum

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17:45 – En virtud de las versiones que se preocupó por instalar la empresa Electroingeniería, sobre el inminente inicio de las obras de las represas sobre el río Santa Cruz, OPI consultó al constitucionalista Daniel Sabsay, quien es representante legal de la ONG Fundación Banco de Bosques, la cual oportunamente impuso un Amparo ambiental aludiendo inconsistencias en el Estudio de Impacto Ambiental realizado, medida que fuera levantada hace unos meses por la Dra Macarena Marra Giménez, titular del Juzgado Federal contencioso administrativo Nº12 de Capital Federal quien falló a favor del gobierno nacional y de esta manera se levantó la segunda medida cautelar que trababa el inicio de la obra, aludiendo que el nuevo Estudio de Impacto Ambiental fue conformado, junto con las audiencias y el informe del Congreso.

Puntualmente se le consultó al abogado, sobre el grado de veracidad que tienen los dichos del señor Jorge Ferreira, que por redes sociales anunció que las obras estaban en marcha y el de la propia empresa Electroingeniería, quien aludió en un parte de prensa que hizo frente al pago de U$S 83,5 millones, cubriendo una deuda impaga el 22 de noviembre y para cuya cancelación tenía 30 días de gracia.

Tras la postergación del pago del vencimiento de intereses y parte del capital de obligaciones negociables emitidas en 2015, Electroingeniería abonó el compromiso dentro del periodo de gracia establecido por el prospecto de emisión”, especifica el escueto comunicado, sin dar más detalles, pero dejando el claro que el último escollo para iniciar el proyecto hidroeléctrico, fue anulado y ahora solo queda el inicio de los trabajos.

Nada de esto es así – dijo Daniel Sabsay – todavía está absolutamente judicializado el tema de las represas. Es más, la Corte Suprema de Justicia, está por tomar un per saltum, lo cual demuestra que el caso está en absoluta vigencia”, manifestó el constitucionalista.

En caso de, efectivamente, iniciar los trabajos de movimientos de tierra que de acuerdo a Ferreyra habrían empezado, Sabsay manifestó “Ellos asumirán las consecuencias de algo que todavía no puede comenzar porque no están autorizados y básicamente porque no hay seriedad ni cumplimiento del EIA, que fue eje del problema”, indicó alegando que el nuevo Estudio de Impacto Ambiental que presentaron desde la empresa, con la anuencia del gobierno nacional “Fue una evaluación de impacto, totalmente trucha”, aseguró.

El representante de la ONG Banco de Bosques, fue más allá y afirmó que la aceptación de la Corte Suprema de Justicia del per saltum solicitado, está prácticamente cerrado “Tenemos serias presunciones de que la Corte lo aceptaría”, dijo Sabsay quien ratificó “Nada puede arrancar si no está formalmente autorizado por la CSJ” al tiempo que recordó cuál es el camino judicial en caso de que la CSJ acepte esta instancia “Si hay un per saltum la jueza pierde el caso”, aseguró.

Finalmente Sabsay dijo que la admisión del per saltum por parte de la CSJ sería una demostración práctica de la importancia que tiene este proceso y a raíz de ello explicó “La corte admite el per saltum cuando hay seria gravedad institucional para definir un conflicto. Es decir, que si le da cabida a este tema dentro de esa categoría y lo quiere definir, es porque, precisamente, señala que hay incumplimiento dentro de la empresa. Cuando uno habla de incumplimiento habla en general de todo el proceso y no de algo en particular”, aseguró el letrado.

Pedido de investigación

Una legisladora nacional le confirmó a esta Agencia que en las próximas horas, va a presentar un pedido de investigación para que se determine de manera fehaciente y concreta, cómo y de qué forma y con qué fondos, Electroingeniería logró cancelar su deuda de 82,5 millones de dólares, luego que la calificadora de riesgo crediticio Fix SCR, (filial de global Fitch Ratings), le bajara la nota a la empresa.

Existe una fuerte sospecha que detrás de esta cancelación, podría estar la mano del gobierno nacional o de algunas de sus empresas más representativas que podrían haber articulado las ayudas necesarias para que Electroingeniería no cayera en default y saltear un trámite insalvable para continuar con el proyecto, en caso de haber incumplido con la deuda. De ser así, le manifestó la legisladora a OPI, estaríamos ante un delito gravísimo que debería ser investigado hasta las últimas consecuencias “solo queremos saber claramente cuál es el origen del capital usado por Electroingeniería para proceder al cumplimiento de la obligación que hasta noviembre le era imposible cancelar. Si se aclara, si vemos que los canales de financiamiento son los normales, si los certificados son auténticos, este problemas estará zanjado; de no ser así, buscaremos a los responsables”, concluyó. (Agencia OPI Santa Cruz)

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