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El gobierno aplicó el presentismo docente, no paga salarios regularmente y el conflicto continúa


16:00 – El gobierno provincial, desprovisto de ideas, de estrategias y manejo político, inicia el año con una controvertida medida que, de antemano, lo enfrenta decididamente con el sector docente.

La discutida iniciativa que tomó el gobierno, es (en síntesis) encubrir el presentismo docente en un eufemismo que demuestra los pocos recursos con que cuentan las autoridades para implementar acciones que les permita obligar a los maestros a no hacer paro, aún cuando no cobren los sueldos, el aguinaldo llegue tarde o nunca o se pague por goteo y con topes.

Consciente de que restablecer el presentismo docente, una de las conquistas de la ADOSAC en el largo conflicto de 2007, es poner en carne viva una eterna discusión filosófica sobre si el docente tiene o no derecho a enfermarse, si es lícito que el Estado le haga perder el derecho sobre parte de sus haberes, si el docente puede ser “obligado” a través de la afectación de su salario, a no quedarse un día para cuidar a su familia en caso de enfermedad, especializarse, etc, el gobierno provincial, seguramente pensando que del otro lado nadie piensa, nadie analiza y ninguno se va a dar cuenta, inventó un presentismo maquillado de “premio” y en vez de castigar al que falte, con la quita de parte de su salario, “premia” a quien no falte nunca. Es decir, hacen lo mismo pero a la inversa.

Visto desde el punto de vista político, es de una infantilidad supina la decisión del Consejo Provincial de Educación de implementar un recurso tan vacuo, pretendiendo que el trabajador es estúpido, subestimando al gremio y manejando la comunicación de una manera tan primaria y básica que ofende la inteligencia de una sociedad ávida de soluciones de fondo para restablecer las clases en Santa Cruz, luego de un año lectivo virtualmente perdido y otro por comenzar con el mismo pronóstico.

El CPE pretende con esta medida, resolver “de facto” un problema que debiera ser temaen en una mesa de negociación, pero aún peor; si por alguna razón existiera, como argumentan, un exceso de ausentismo y aprovechamiento indebido de las licencias, el problema no está en el sector docente, sino en las autoridades que deben controlar, aplicar las políticas educativas y tener políticas de estado que perduren más allá de quien ocupe el gobierno.Pero ese, precisamente, no es el problema que desvela a los desvela.

La gobernadora, con esta medida controvertida, resistida y conflictiva no está viendo el futuro. Pretende imponer su autoridad y doblegar al gremio con medidas de neto corte autoritario y extorsivo, como lo ha dejado trascender la propia ADOSAC por estas horas.

La Resolución

El Consejo Provincial de Educación emitió la Resolución Nº 066/18 habla de una “Asistencia Laboral Docente Perfecta” mediante cuyo mecanismo intenta asignar un puntaje en las “tablas de valoración de antecedentes” de cada maestro que aplican las Juntas de Clasificación, la cual ponderará la asistencia laboral de cada docente y en caso de ser “perfecta”, sin un día de ausencia por ningún motivo a cualquier titular, interino o suplente, será retribuido con 3 puntos de clasificación, si obtuvo entre el 98 y 100% de presentismo y 2 puntos al personal que cumplió entre el 96 y 97% de asistencia a sus obligaciones. Tratando de “humanizar” en algo la medida, que excluía notoriamente el viejo presentismo erradicado a través de la lucha docente, en este caso aclara que “no se computarán las licencias por maternidad, paternidad, fallecimiento y duelo”.

Sin embargo, este presentismo por puntaje, deja claramente de lado cualquier falta por enfermedad del docente, lo cual implica que muchos, a fin de no ver recortado sus haberes, asistan enfermos, podría ser con una enfermedad infecto-contagiosa o que sencillamente no puedan realizar un curso de actualización y perfeccionamiento, para ampliar sus competencias profesionales, por cuanto ello, paradójicamente, le restaría sensiblemente el puntaje, ante lo cual, docentes recién ingresados con poca o escasa experiencia, podrían alcanzarlo y superarlo en poco tiempo, solo con mantener asistencia perfecta.

El objetivo del gobierno es que la medida, ampliamente resistida por el sector docente, utilice la inercia del mal humor ciudadano ante la falta de clases y apoyados en la aceptación social, que descartan obtendrán con la medida, eviten un “nuevo 2017” en materia de educación con más de 120 días sin clases. Es decir, se apoyan en el consenso público que creen puede despertar la iniciativa, sin importarle, claro está, la opinión del gremio.

Desde ADOSAC esto se ha tomado como una extorsión y en un reciente comunicado, el gremio dijo expresamente “Después de haber tenido un 2017 sumido en los conflictos sociales, sin educación, sin salud, sin justicia, con jubilados reclamando el pago en tiempo y forma de sus haberes, parece que este gobierno nada aprendió y persiste en la idea de incentivar los conflictos y atizar la disconformidad de los distintos sectores, tratando de doblegar la voluntad de quienes sostienen con su trabajo, esta provincia”, agregando “El sector docente vuelve a ser víctima de la manipulación y la extorsión que aplica este gobierno con el objeto de disciplinar a quien lucha, a quien levanta la voz por mejoras salariales, a quienes no van a permitir la quita de derechos adquiridos y consagrados por la propia Constitución.

La emisión de la Resolución N° 066/18 firmada por la presidenta del Consejo Provincial de Educación, una vez mas viene a confirmar la política de apriete y avasallamiento con la que gobiernan esta provincia hace mas de 30 años y a pesar del tiempo y los nombres, la vieja y retrógrada política del clientelismo y la extorsión, no cesa y por el contrario, sobrevive y atraviesa a todos los gobiernos en las últimas décadas. 

Esta imposición del nuevo “presentismo a través de un puntaje”, que ha inventado el CPE, eso si, sin pagar los sueldos, raya lo vergonzoso y no solo representa el más vil de los chantajes al proponer un premio por callar, por agachar la cabeza, por rendirse al atropello sin luchar, por hacer la vista gorda ante el avance de la “administración de nuestros derechos” en favor de un gobierno que no puede generar sustentabilidad a partir de buenas obras y entonces se esfuerza en conseguirla pisoteando cuanta reivindicación de la clase trabajadora encuentra a mano, castigando a quienes utilizan el régimen de licencia por enfermedad, estudio o perfeccionamiento. Es, en síntesis, una maniobra de la más baja calidad, que acompaña y encaja, perfectamente, en la poca calidad de quienes nos gobiernan”.

Todo esto ocurre en una provincia donde el gobierno no paga los sueldos en tiempo y forma, no entrega recibos de haberes, incumple con el pago de la cuota sindical pero se lo descuenta a los docentes (es decir se queda indebidamente con dinero de los trabajadores), no cumple con el aguinaldo, paga atrasado o con topes y no da ningún tipo de explicación, ni negocia salarios en Paritarias.

En síntesis, el kirchnerismo a nivel nacional asume un discurso combativo contra Mauricio Macri, pero en la provincia, hacen las cosas de la peor manera. Al menos a nivel nacional hay un determinado cumplimiento de pautas, aún cuando las últimas medidas contra el sector docente hayan desencadenado conflictos que pesarán en el corriente ciclo lectivo. Pero en Santa Cruz, la falta de interés por negociar, hablar y acordar es total y unilateral. La gobernadora no está dispuesta a darle espacio al sector docente y los combate. De hecho la multa aplicada el mes pasado, el presentismo y otras medidas en contra del sector, que prepara el FPV, son el preludio de un sueño largamente acariciado por el gobierno, quitarle la personería gremial, para destruir su poder de presión y ponerlo en la ilegalidad.

Sin embargo, este es un paso que aún no se animó a dar, por la vastedad que tendrán sus consecuencias. Si acaso, piensa que ese camino es posible, Alicia Kirchner habrá comprado un problema el cual largamente va a exceder lo conocido y no es el momento éste, para tensar tanto la cuerda que peligre cortar el único anclaje que tiene para mantener el diálogo efímero que sostiene con el espectro sindical opositor de la provincia. Una medida de ese tipo, le acarrearía un conflicto generalizado con los sindicatos, por cuanto sería visto como un “ensayo” de autoridad, para luego, en caso de no tener oposición real de los gremios, ir por todos aquellos que se opongan a sus caprichos. (Agencia OPI Santa Cruz)

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