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Al Grupo Indalo se le multiplican los problemas: ahora lo denuncian por retención indebida de aportes


10:30 La semana pasada la Justicia ordenó la intervención de la petrolera Oil; y podría sumarse otra acusación por estafa procesal

Por: Hugo Alconada Mon
Tras llovido, mojado. Cinco días después de que la Justicia en lo Comercial ordenó la intervención de la petrolera insignia del Grupo Indalo, la Justicia Penal recibió la primera denuncia contra los nuevos administradores del otrora imperio de Cristóbal López, que se encuentra a un paso de la quiebra. Y, al igual que el “zar del juego”, Ignacio Rosner también afronta una acusación por la presunta retención indebida de aportes previsionales.

La denuncia la presentaron dos periodistas de una emisora que integra el Grupo Indalo -Radio Pop-, quienes verificaron que les descontaron de sus salarios los aportes previsionales y de obra social, pero esos fondos nunca llegaron a su destino. Eso configuraría un delito, que comenzó en 2014, bajo el mando de López, y se extendió hasta fines de 2017, cuando Rosner ya había asumido el timón del rebautizado Grupo Ceibo.

Los denunciantes, Héctor Rossi y Mayra Belén Martorelli, alertaron que no serían los únicos afectados dentro de la radio. Detallaron que al menos otros seis trabajadores se encontrarían “en idéntica situación”, que de confirmarse conllevaría una pena de entre dos y seis años de prisión para los involucrados.

Tras radicar la denuncia, tanto Rossi como Martorelli se presentaron ayer a ratificar su presentación ante la jueza en lo Penal Económico Verónica Straccia.

Sin embargo, allí no se acabarían los problemas en el fuero penal para Rosner y el otro administrador del ex Grupo Indalo, Santiago Dellatorre. Esta semana se sumaría otra denuncia contra ambos, por presunta estafa procesal y administración fraudulenta.

Ambas denuncias comparten un protagonista: el abogado Gonzalo Espinosa Paz, quien en 2014 también impulsó la causa penal que terminó con el primer procesamiento de Cristóbal López y su socio, Fabián de Sousa, por la misma maniobra de retención indebida de aportes previsionales.

López y De Sousa no solo terminaron procesados por aquellas retenciones de los aportes, sino que también afrontaron embargos por $25 millones, cada uno, mientras otros exreferentes de Radio 10, como Marcelo Longobardi, “Rolo” Villar y María Isabel Sánchez, les iniciaron demandas multimillonarias.

La denuncia penal significó para Rosner y Dellatorre un nuevo desafío judicial que se suma al del fuero comercial, donde el juez del concurso de Oil Combustibles, Javier Cosentino, les designó tres coadministradores, con los que compartirán el timón -y controlarán todos los movimientos- hasta el 10 de agosto, por lo menos.

Apoyado en un informe de la sindicatura, el juez Consentino ordenó la coadministración de la petrolera a raíz de ciertas acciones que podrían interpretarse como tendientes al vaciamiento de Oil Combustibles.

De inmediato, desde el ex Grupo Indalo negaron cualquier ilícito o delito. Por el contrario, replicaron que aceptaban con agrado la designación de esos tres coadministradores, quienes podrían así verificar cómo avanzaba el “rescate” de la petrolera y todo el holding.

Según la sindicatura, sin embargo, desde la apertura del concurso los números en rojo de Oil Combustibles continuaron en expansión. A tal punto que la deuda aumentó $ 1184 millones, que se suman a los $8000 millones ya pendientes de pago por la retención del impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC).

Para Rosner, la ofensiva judicial que afronta representa un dolor de cabeza que considera que puede terminar con la implosión de todo el ex Grupo Indalo. Por eso, uno de sus abogados, el exjuez Eduardo Favier Dubois, pidió una medida “anticautelar” con carácter “urgente” que le vedara a la AFIP la posibilidad de embargarle sus cuentas. Ese eventual embargo “implicaría condenar a la empresa al cese inmediato de sus operaciones y a una inexorable quiebra que además arrastraría a todo el grupo”, adelantó Favier Dubois. “Es que un embargo de esa magnitud le impediría hacer frente a salarios, impuestos y gastos corrientes”, abundó.

El juez Cosentino, sin embargo, rechazó ese pedido. “El tribunal carece de competencia para decidir”, contestó y recomendó pedirlo “en el fuero pertinente”. En ese contexto, la AFIP logró embargarle fondos a Oil por cerca de $300 millones. Los problemas se acumulan para Rosner, en los fueros Penal y Comercial. (La Nación)

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