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Avanzada K en la Casación Federal: para acusar a un camarista hacen una “encuesta anónima” sobre “violencia de género”

Juan Carlos Gemignani

Según publica Clarín Con el voto oficialista, el Consejo de la Magistratura inició un sumario contra Juan Carlos Gemignani. Según el juez, lo persiguen con chats privados y pruebas irregulares.

Por: Claudio Savoia

Aunque la batalla más notoria de la guerra kirchnerista para domar a la justicia y detener las causas por corrupción en su contra se desarrolla en el Diputados -donde el oficialismo busca obtener los votos que le faltan para aprobar la reforma de la ley del ministerio público que le permitiría designar a un procurador adicto- otro escenario clave es la Cámara Federal de Casación Penal: ese tribunal, hasta ahora última parada antes de la Corte, revisa las condenas de los tribunales orales.

Junto con la campaña mediática contra los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky por sus respectivas visitas a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos durante la presidencia de Mauricio Macri, el gobierno lanzó una ofensiva sobre otro de los jueces, Juan Carlos Gemignani, a quien acusó ante el Consejo de la Magistratura por un mensaje suyo posteado en el chat de todos los camaristas, el pasado día de la Mujer.

“Feliz Día para todas! ¡¡¡Especialmente para las delincuentes!!! Solo se avanzará en la igualdad cuando se reconozca derechos a las delincuentes y sean penadas. ¡¡Mientras tanto, seguiremos poniéndolas en evidencia hasta que la igualdad no sea solo relato!!”, escribió el juez en aquel posteo. Un texto críptico y sin dudas controvertido, pero que terminó siendo utilizado por algunos de sus colegas para impulsar una denuncia contra Gemignani en el Consejo de la Magistratura, por mal desempeño de sus funciones.

En los días siguientes aterrizaron allí varias denuncias, cuyo trámite fue unificado. Y el 21 de abril la comisión de Disciplina y Acusación instruyó una serie de medidas de prueba para investigar a Gemignani. Entre esas medidas, se ordenó una polémica “encuesta anónima” entre los empleados de la Casación “a fin de verificar si el doctor Juan Carlos Gemignani, aparte de los hechos denunciados ha cometido otros actos de violencia de género”.

Efectivamente, esa inusual medida -mediante la cual se intentará destituir a un juez de la Nación- fue despachada el 22 de abril al al jefe del Cuerpo de Auditores del Consejo, José Luis Pivetta, a quien se le encargó que organice y realice la encuesta, puntualizando que los auditores designados debían notificar su visita a la Casación con la debida antelación “a fin de que todo el personal tenga la posibilidad de entregar la encuesta anónima en un formulario previamente distribuido.”

¿Qué deben preguntar los auditores? “si el magistrado denunciado a) ha cometido hechos de maltrato hacia las mujeres en el ámbito laboral; b) ha proferido alguna manifestación denigrante o discriminatoria hacia las mujeres en ámbito laboral; c) si trata en forma desigual a las mujeres en el ámbito laboral; d) si ha hecho algún comentario inapropiado hacia el género femenino o hacia el feminismo; c) Otras observaciones.”

Gemignani resiste la embestida tanto en el Consejo como en la justicia. En primer lugar, el juez objeta que en la Comisión “se pretende violentar la correspondencia, la comunicación privada de un grupo de personas, sin el consentimiento de ninguno de ellos, violándose así la garantía recogida en el art 18 de nuestra Constitución.”

“Hemos podido comprobar que los expedientes acumulados que nos convocan tienen inicio con motivo de presentaciones en las cuales, todas ellas, hacen referencia a supuestos dichos vertidos en un grupo de la aplicación Whatsapp que se denominaría ‘Acuerdo Virtual’. Señor Presidente, ese grupo, al que en la resolución del Consejo se califica falsamente y sin sustento alguno como ‘institucional’, no es ni más ni menos que un chat (charla en inglés) de un grupo privado de colegas, en el cual cada uno se encuentra registrado de manera personal”, se queja Gemignani.

“En dicho grupo, cerrado, privado, los intervinientes comparten las más variadas circunstancias, de índole personal –comentarios, opiniones, chistes, nacimientos, dolencias personales y familiares- que de ninguna forma se limitan a cuestiones relativas al funcionamiento de la Cámara Federal de Casación Penal. Ese grupo no ha sido creado por normativa alguna relativa al funcionamiento o desempeño de la Cámara Federal de Casación Penal”, se defiende el juez, recordando además que para poder usar esas comunicaciones en un proceso judicial se debe “contar con el asentimiento de todos los destinatarios del grupo”.

En segundo lugar, Gemignani cuestiona la curiosa “encuesta anónima” encargada por el Consejo de la Magistratura, a la que no solo considera inconstitucional sino además prejuiciosa: al pedir que los peritos pregunten “si el doctor Juan Carlos Gemignani, aparte de los hechos denunciados ha cometido otros actos de violencia de género”, “la Comisión, entonces, considera que los hechos denunciados son ciertos; que los hechos denunciados constituyen violencia de género; que hay que verificar, no ya si éstos son violencia de género, porque da por hecho que ya lo son, sino si cometió OTROS”.

“Se busca dejar en manos de cualquiera, que no se identifica, la suerte de un magistrado. La encuesta, por su anonimato, puede ser manipulada de forma fraudulenta con absoluta impunidad, sin que las partes o incluso los mismos juzgadores tengan la más mínima posibilidad de efectuar ningún tipo de control. Así, podrían introducirse unas cuantas encuestas falsas por parte de quienes tengan intereses políticos contrarios a la función que el denunciado ejerce para intentar perjudicarlo en esta instancia”, advierte el camarista, quien recuerda que el artículo 4 del Reglamento del Consejo es claro respecto a que “en ningún caso se admitirán denuncias anónimas”.

Gemignani recusó también al titular del Consejo, Diego Molea, porque es el autor de una de las denuncias en su contra pero como miembro de la Comisión de Disciplina además votó las medidas de prueba. En la justicia, pidió a través de un amparo que se declare la inconstitucionalidad y se deje sin efecto la orden de realizar la encuesta anónima para sancionarlo. El caso quedó en manos del juez en lo Contencioso Administrativo Diego Javier Cormick. (Clarín)

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